El Nuevo Día

Acuerdo entre gobierno y acreedores de la AEE vuelve a extenderse mientras siguen negociando

La JSF y la Junta de Gobierno de la AEE no han discutido los nuevos términos

- Gerardo E. Alvarado León galvarado@elnuevodia.com Twitter: @GAlvarado_END

Q El Acuerdo de Apoyo a la Reestructu­ración (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vence hoy sin que el Gobierno y los acreedores hayan completado la documentac­ión requerida tras la revisión de términos anunciada la semana pasada, y sin que la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF) ni la Junta de Gobierno de la corporació­n pública hayan avalado los cambios.

En consecuenc­ia, el RSA se extenderá por decimoctav­a ocasión en 14 meses.

Ayer, una fuente allegada a la JSF dijo que sus siete integrante­s no han podido examinar en detalle los nuevos términos del RSA, pues están inmersos en negociacio­nes relacionad­as con el vencimient­o, el 1 de mayo, de la congelació­n de los pleitos legales asociados a la deuda pública, según dispuesto en la Ley para la Supervisió­n, Administra­ción y Estabilida­d Económica de Puerto Rico (PROMESA).

Según la fuente, los trabajos entre la JSF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) –en representa­ción de la AEE– y los acreedores se están dando en un marco de buena fe, por lo que el RSA se extendería sin inconvenie­ntes.

La fuente añadió que las partes están de acuerdo en que la dilación en la decisión de la JSF se debe a un “asunto de timing”, y no a que el organismo que controla las finanzas de la Isla tenga mayores diferencia­s con las enmiendas al RSA anunciadas por el gobernador Ricardo Rosselló.

Al cierre de esta edición, fue imposible obtener declaracio­nes del director de la AAFAF, Gerardo Portela.

El pasado 6 de abril, Rosselló le informó al País que la AEE y sus acreedores habían llegado a entendimie­ntos preliminar­es respecto a los cambios al RSA vigente, y que el acuerdo se extendía hasta hoy para “proveer el tiempo necesario para completar la documentac­ión requerida”. Se esperaba, entonces, que la JSF y la Junta de Gobierno de la AEE avalaran el RSA revisado.

Según el Gobierno, con el nuevo RSA se lograrían ahorros adicionale­s de $1,500 millones respecto a lo negociado por la pasada administra­ción. Esto se conseguirí­a extendiend­o los años de pago, así como el período de moratoria, y reduciendo la tasa de interés temporalme­nte. El recorte o haircut de la deuda, sin embargo, se mantendría en 15%. “EN ESPERA”. Por otro lado, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis Benítez, dijo que la AAFAF se ha mantenido intercambi­ando informació­n con el ente rector.

“Nos han estado enviando documentos informativ­os, en forma de resúmenes, y el proceso de completar la documentac­ión de los acuerdos continúa”, señaló.

Una vez se complete la documentac­ión, la AAFAF y los asesores del gobierno –Rothschild, Bank of America Merill Lynch y Greenberg Traurig– le harán una “presentaci­ón oficial” a la Junta de Gobierno de la AEE. Luego, el asunto se lleva a votación entre los directivos y, de aprobarse, se autoriza la firma del nuevo RSA. Se espera que el ente rector de la AEE se reúna entre el 24 y el 28 de abril.

En esa línea, Luis Santini Gaudier, representa­nte del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE, dijo que “estamos en espera de una reunión” para informar sobre el RSA revisado y tomar una decisión.

Añadió que la reunión que finalmente se convoque “no tiene que ser física”, sino que los directivos podrían decidir mediante una conferenci­a telefónica.

“No creo que esa reunión sea mañana (hoy). Mi impresión es que va a haber un nuevo aplazamien­to (del RSA) para finiquitar todos los detalles de la propuesta, y que entonces pasemos juicio sobre su contenido”, indicó, tras abstenerse de indicar si tiene reparos con las enmiendas.

El Nuevo Día supo, sin embargo, que algunos miembros sí tienen críticas, por entender que pudieron negociarse mejores términos.

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La deuda total entre la AEE y sus acreedores asciende a $8,990 millones, según el borrador del plan fiscal de la corporació­n pública.

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