Se buscan aliados privados para reactivar la economía
●●●Bajo la dirección de Omar Marrero, el Gobierno de Puerto Rico se apresta a lanzarse al mercado e impulsar una lista ambiciosa de alianzas público privadas participativas durante el próximo P3 Summit
No basta tener un plan que apueste a las alianzas público privadas (APP) como herramienta de reactivación económica. Hay que exponerse al mercado para encontrar los inversionistas interesados en convertirse en socios del Gobierno.
Medir ese apetito del mercado es precisamente el objetivo primordial de la Cumbre de Alianzas Público Privadas (P3 Summit), pautada para los días 20 y 21 de abril de 2017, indicó Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas Participativas.
“P3 Summit es parte de una serie de conferencias que tienen el cometido de comunicarle al mercado que Puerto Rico está abierto para hacer negocios, de vuelta al mercado inversor”, explicó el funcionario, que también dirige la Autoridad de los Puertos y la Autoridad para el Distrito de Convenciones.
“No solo se trata de alcanzar la responsabilidad fiscal, sino también asegurar que podamos aumentar esa inversión en infraestructura para lograr ese desarrollo económico sostenible que estamos buscando”, abundó.
La ambición del Gobierno –plasmada en el Plan Fiscal y en la presentación que Marrero hizo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la más reciente reunión el pasado 31 de marzo en San Juan– es llevar a entre $1,000 y $1,600 millones la inyección anual en infraestructura. Esto responde a que la cataloga como catalítico de actividad económica y, además, al innegable deterioro de vías e instalaciones de servicios vitales como salud, energía y transporte.
Por ello, durante el evento de dos días en el Centro de Convenciones, Marrero y su equipo presentarán el inventario de proyectos disponibles tanto en agencias del Gobierno Central, como en corporaciones públicas y municipios.
“Ya hemos identificado una serie de proyectos que queremos presentar de manera formal”, indicó. La lista tiene prioridades y una secuencia que el Gobierno encuentra lógica. Pero lo cierto es que cuál se logrará primero o después dependerá en gran medida de cuáles más llamen la atención entre los inversionistas privados.
“También el propósito de la cumbre es recibir el insumo, porque aunque entendemos que hay apetito en el mercado, puede ser que ese o aquel proyecto tenga que modificarse para lograr que sea más atractivo al sector privado”, reconoció.
Por lo pronto, si solo dependiera del Estado, las prioridades son:
1. Transporte marítimo: “Queremos movernos bastante rápido con los ‘ferries’. Estamos hablando de toda la operación de la Autoridad de Transporte Marítimo, tanto a Vieques, Culebra y Cataño como el mantenimiento y operación de los terminales”. En este proyecto, Marrero entiende que se ha adelantado camino para lograr llegar a acuerdos a corto plazo.
2. Digitalización de multas. “No es la fotomulta”, aclaró. Por el contrario, se trata de que los agentes del orden público cuenten con equipo móvil para emitir las multas de forma electrónica y que los infractores tengan la opción de pagarlas en el momento, incentivados con un descuento.
Marrero señaló que la propuesta “tiene que ser escalable”, porque se aspira a que en una segunda etapa incluya la integración con los Centros de Servicios al Conductor (Cesco).
3. Carriles expreso. Se trata de los llamados “reversibles” que a cambio de una tarifa mayor permiten al usuario desplazarse sin o con menor congestión vehicular. Este es uno de los casos en los que se procurará monetizar la transacción, es decir, negociar que el aliado privado dé un pago por adelantado a base de los ingresos futuros.
4. Estacionamientos. “Este mismo año” esperan monetizar y cerrar concesiones privadas para aparcamien-
tos del Gobierno que, dejó claro Marrero, no son un servicio esencial.
5. Planta de composta en Toa Baja.
“Ya tenemos la localización, que está impactada porque hay un vertedero, así que no debería haber tanta objeción desde el punto de vista ambiental”, consideró. Esta instalación debería incluir una planta de reciclaje.
6. Aeropuertos de Aguadilla y Ponce.
Cuentan con la licencia federal para mover pasajeros, además de carga, y se podría potenciar su uso mucho más, estimó Marrero. Además, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) ha mostrado apertura a replicar el caso de la APP en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
“Hasta ahora el único caso exitoso de concesión de aeropuerto (en Estados Unidos) es el de Puerto Rico”, indicó.
7. Puerto marítimo de crucero:
“Tenemos tres puertos base en los muelles 1, 4 y Panamericano. Somos realistas: necesitamos una inversión significativa para seguir recibiendo los barcos que son cada vez más grandes”, planteó.
PARA TOMAR EL PULSO.
“Tenemos unos 300 inversionistas pre-registrados”, adelantó sobre el interés que han logrado generar mayoritariamente en Estados Unidos, pero también en países de Latinoamérica, Asia y Europa.
“También hay inversionistas locales y de distintas empresas que ven en las APP una oportunidad de desarrollo y de negocio”, destacó Marrero.
La potencial participación de socios del patio se atizó con las enmiendas contenidas en la Ley 1 de 2017, contextualizó el funcionario. La ley abrió el camino para que fondos de pensiones y de inversión de Puerto Rico, así como a las cooperativas, puedan licitar o ser parte de los consorcios de inversionistas privados, siempre que estas ins- tituciones tengan políticas de inversión y de perfil de riesgo que lo permitan.
El objetivo de la ley, subrayó Marrero, es asegurar que aún cuando la APP se finiquite con un socio privado extranjero, haya un eslabonamiento formal de suplidores, contratistas y capital humano de Puerto Rico, para que se gane no solo la inyección de capital, sino también en transferencia tecnológica y de conocimiento.
“Esto es por diseño. Habrá proyectos que en Puerto Rico no tengamos la tecnología o el peritaje para atenderlos. Pero eso no significa que se queda ahí. Tenemos que encadenar con el empresario local para que obtenga esa experiencia”, indicó.
¿Cómo se concreta tal intención? “En la ley se incluyó darles unas preferencias –mayor puntuación– a las propuestas que vengan acompañadas de un componente de encadenamiento local, como aquellas que provengan de un consorcio con una empresa local o que tengan mayor retención de empleados”, elaboró.
INCLUYE PROYECTOS CRÍTICOS.
La apuesta para aumentar la inversión en infraestructura no se limita a la vía de APP. “También hemos contemplado el panorama que tenemos bajo la JSF para identificar los proyectos críticos”, expresó Marrero.
Además de las prioridades ya mencionadas, en la lista que Marrero presentó el 31 de marzo ante la JSF figuran propuestas que llevan años considerándose, como la extensión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla. Además, se listan mejoras capitales a Centro Médico y el Hospital Psiquiátrico.
En materia de energía figura promover proyectos para aumentar en 600 megavatios la generación de fuentes renovables como eólica, solar e hidroeléctrica. También se incluye la gasificación de las plantas generatrices Costa Sur y Aguirre.
Además, en segundo puesto de la lista, está el incinerador de basura para generar energía en la costa norte, sin identificarlo con su nombre comercial de Energy Answers.
Esta propuesta, aunque es de una firma privada y lleva años encarando oposición consistente de científicos, ambientalistas y comunidades de Arecibo, “se puede considerar para APP como también se puede considerar como proyecto completamente privado”, admitió Marrero.
Los proyectos de energía, aún si la JSF los cataloga como críticos, tienen que pasar por el cedazo de la Comisión de Energía, al amparo de la Ley PROMESA, según ha indicado el presidente de ese cuerpo, Agustín Carbó. Tienen que estar en armonía con el Plan Integrado de Recursos y se prohíbe la construcción “arbitraria” para beneficio particular, aseguró recientemente Carbó en una sesión educativa del Colegio de Ingenieros.
Mientras, la privatización o “externalización” –como el gobernador Ricardo Rosselló Nevares prefiere llamarle– también figura entre las herramientas para allegar recursos al erario y reducir el tamaño y alcance del Gobierno. Esto incluye la venta de propiedades en desuso o subutilizadas.
No obstante, Marrero dejó claras las diferencias entre esa vía, la contratación tradicional y las APP.
“Cuando hablamos de APP no hablamos de privatizaciones. La privatización es vender titularidad, controles de calidad y controles de tarifas. En una APP ninguna de las tres se transfieren al socio privado”, explicó.
En contraste, en una APP se negocia un contrato para concesionar el diseño, la construcción, la operación, o todas las anteriores. En ese contrato se establecen las tarifas, los parámetros para aumentarlas y los pagos se atan a niveles de desempeño medibles, aseguró.
“Si no se transfiere un riesgo de financiamiento, de operación, de construcción, no es una APP”, sentenció sobre el balance de exposición que se busca. Además, cada cinco años, se hace una auditoría externa, “cuyo costo está contenido en el contrato y es sufragada por el concesionario”.
Sobre la contratación tradicional, mientras el Estado tenía acceso a los mercados para emitir deuda a intereses razonables, reclutaba a firmas para construir obras y, a menudo, esos acuerdos se disparaban en costos e incumplimiento.
“Por ejemplo, el Tren Urbano no es una APP, porque el pago al operador le llega sin importar si hay o no pasajeros, si se da un buen servicio o no”, indicó Marrero.
Si fuera una APP, “entonces hay un nivel de calidad de servicio que se debe atar al pago del operador privado”, ofreció como ejemplo.
No solo se trata de alcanzar la responsabilidad fiscal, sino también asegurar que podamos aumentar esa inversión en infraestructura para lograr ese desarrollo económico sostenible que estamos buscando”