La UPR debe manejar sus recursos con eficiencia

El poco o ningún provecho que saca la Universidad de Puerto Rico del caudal de propiedades que el Estado le transfiere es un ilustrador ejemplo de cómo la institución deja pasivamente pasar oportunidades de allegar ingresos propios.

Aunque la cantidad de un millón de dólares en que se estima el valor de los inmuebles inventariados parece poco para una entidad cuyo presupuesto sobrepasa los $1,000 millones al año, no deja de llamar la atención la dejadez en el manejo de estas propiedades de herencias sin reclamar, de las que por ley pasa a ser dueña la UPR.

Son muchas las organizaciones que harían maravillas con un millón de dólares y hasta menos. Por ello es que el desaprovechamiento del potencial de venta o alquiler de dichos inmuebles acusa una grave falta de inventiva y pericia por parte del centro docente que da cátedra de administración de empresas.

De entrada, hay que destacar que la universidad ni siquiera cuenta con un inventario completo de dichas propiedades. Entre las pocas registradas figura un edificio multipisos en Mayagüez y la histórica planta elaboradora de ron, que ubica a pasos de la Administración Central donde trabaja la más alta jerarquía universitaria.

Los poderes legislativo y ejecutivo le dieron a la UPR ese recurso hace un siglo para su uso. Sin embargo, muchas de las estructuras y solares yacen abandonados a su suerte y los funcionarios universitarios admiten que no tienen uso para dichos inmuebles, que nadie muestra interés en estos y que no amerita ni pintarlos.

Las propiedades desocupadas que no reciben mantenimiento periódicamente se convierten en un problema para las comunidades donde ubican. Muchas se transforman en madrigueras de sabandijas y almacenes de basura e incluso albergues para delincuentes. Por eso se facultó a los municipios a declararlas estorbos públicos, demolerlas, venderlas a personas que se quieran hacer cargo de ellas o traspasarlas a entidades sin ánimo de lucro.

La Legislatura debe tomar nota y pasar revista sobre la disposición en el Código Civil que entrega a la Universidad dichos inmuebles. Si la institución no puede manejarlos, para las organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios podrían ser una opción. O para los municipios, para que dispongan de ellas, como están haciendo algunos para sacar fondos.

Entretanto, la UPR debe coordinar con las agencias públicas para que no pasen años antes de conocer que es dueña de las propiedades. En algunas de estas se han edificado construcciones ilegales, como en un solar en Ponce, y una casa en Vega Baja que hasta fue alquilada por un individuo, quien hizo lo que a la Universidad no se le ocurrió hacer.

El problema de fondo aquí no es el catálogo de propiedades. Algunas, como un apartamento en Isla Verde, una casa en Vieques y solar en Cabo Rojo están en zonas en las que aún hay bastante movimiento en el mercado de bienes raíces. Los problemas legales que detienen a la Universidad de disponer de las estructuras son subsanables.

El funcionamiento de la Universidad no puede seguir dependiendo enteramente de entre $800 y $900 millones al año de un Gobierno que no puede ni sostenerse a sí mismo y que probablemente tendrá que cargar al Fondo General el pago de pensiones y hacer millonarios desembolsos para la salud de los más necesitados.

Contrario a otras entidades públicas, la UPR tiene en sus investigaciones, la matrícula ajustada a los ingresos familiares y la oferta de sus servicios especializados, otras opciones de generar fondos propios adicionales. Pero si hace lo mismo que con las propiedades heredadas, no lograrán jamás la verdadera autonomía, la cual radica en su sostenibilidad.