ENMIENDAN EL PLEBISCITO BAJO PROTESTA
Con un voto unánime, la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado da el primer paso para añadir el status territorial en la consulta Jenniffer González asegura que llevará sus quejas hasta la Casa Blanca por considerar que la postura de Justi
Cuestionaron la exigencia de los Estados Unidos de incluir la actual condición territorial en la consulta de status, algunos hasta tildaron el proceder de “indigno” y “asqueroso”, pero aun así al final del día la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó esta madrugada las enmiendas a la ley que regula la celebración del plebiscito para cumplir con los requisitos del gobierno federal.
Pasadas las 12:00 a.m. y luego de un un extenso debate, el proyecto del Senado 427 se aprobó a viva voz en la Cámara Alta, aunque contó con la oposición de la minoría popular y del independentista Juan Dalmau.
La medida, según la delegación del PNP, atiende las exigencias del subsecretario interino de Justicia de EE.UU., Dana Boente, esbozadas en una carta enviada la semana pasada. Para el popular Eduardo Bhatia, sin embargo, el escenario es otro y no dudó en adelantar que las autoridades federales volverán a rechazar el proyecto.
“Esas enmiendas no son y el Departamento de Justicia se las va a volver para atrás... y hacemos un ridículo todos”, puntualizó Bhatia, al insistir que la carta lo que hace es que abre una puerta a negociar.
Previo a la votación, la delegación del PNP tuvo un caucus que inició a las 3:00 p.m. Hasta esa hora, aparentemente, un gran número de legisladores del PNP no estaban de acuerdo en incluir la condición territorial actual en el proyecto. Sin embargo, públicamente solo había expresado su descontento el senador Luis Daniel Muñiz, quien posteriormente le dio el sí a de la medida con un voto explicativo. Así mismo se expresaron otros.
“Dada las circunstancias, el votarle en contra a estas medidas pone en riesgo la asignación (federal) de $2.5 millones para llevar a cabo la consulta”, alegó.
De acuerdo con legislación aprobada por la administración de Barack Obama, el Departamento de Justicia federal asignaría $2.5 millones para la campaña de orientación para una consulta de status en Puerto Rico, condicionado a que el secretario de Justicia avalara las definiciones contenidas en el plebiscito.
“Es una asquerosidad lo que Estados Unidos está haciendo con Puerto Rico. Yo, totalmente insatisfecho con la medida, votaré a favor si mi partido vota a favor, por disciplina de partido, pero insatisfecho totalmente porque es indigno para el pueblo”, sentenció el senador Abel Nazario.
INALTERADA LA FECHA. En una sesión con los medios de comunicación, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, detalló cuáles fueron los cambios que se incluyeron en la nueva versión.
De inmediato, dijo, los cuatro aspectos de preocupación para Justicia federal fueron recogidos en la exposición de motivos del proyecto de ley que enmendaría la consulta.
Estos son que aunque el gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo con “incluir el estatus territorial y colonial como opción”, aprovecharán “la oportunidad histórica de hacer la primera consulta avalada a nivel federal para resolver el problema de estatus”.
Otro punto de consenso es que la libre asociación es “una modalidad de la independencia y que levanta otras controversias sobre la ciudadanía”.
“Estamos de acuerdo con la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que el ELA Mejorado no es posible y que solo se puede continuar con el actual estatus territorial que ha permitido la desigualdad en programas federales, la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y las condiciones de pobreza y quiebra que obligan a cientos de miles de puertorriqueños a mudarse de Puerto Rico”, apuntó Rosario Cortés.
Con eso como base, el proyecto enmendado establece cambios en las fechas claves para dar paso al plebiscito.
Estos aspectos, explicó, han sido coordinados con el secretario de Estado, Luis Rivera Marín y con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García.
La opción de la estadidad, agregó, fue redefinida como un voto “para comenzar de inmediato el proceso para la descolonización de Puerto Rico con la admisión de Puerto Rico como estado de la unión de los Estados Unidos de América”.
Se eliminó así la oración que hacía referencia a que la anexión era la única opción que garantizaba la ciudadanía americana por nacimiento en Puerto Rico.
La opción de la libre asociación/ independencia también sufrió cambios. Se eliminó la mención a la ciudadanía americana bajo la frase que establecía que “bajo esta opción la ciudadanía americana estaría sujeta a negociación con el Gobierno de los Estados Unidos”. Igualmente, se agregó una descripción que detalla que “la libre asociación es una completa y total independencia”.
Por último, dijo durante un aparte con la prensa, se incluyó la definición del “actual estatus territorial utilizando los informes de Casa Blanca del 2011”, agregó el funcionario.
Mientras, se determinó mantener la segunda consulta en caso de que gane la libre asociación/ independencia para el 8 de octubre de 2017.
Rosario, quien sostuvo que la fecha de la consulta se mantiene inalterada, distribuyó copia de la carta que envió el gobernador -el pasado 14 de abril- al Departamento de Justicia federal en la que reconoce cuatro aspectos en los que concurren. En la misiva, además de solicitarles trabajar con celeridad la evaluación a los cambios introducidos en la Ley 7-2017, le pide una reunión.
Ayer, el Departamento de Justicia federal no tuvo comentarios en torno a la misiva enviada por Rosselló.
“NO EXISTE”. Tras los cambios sometidos, el gobernador Ricardo Ros
selló sostuvo que se le acabaron las “excusas” a los miembros del PPD para no participar en la consulta.
“Ya los reclamos de aquellos que apoyaban la colonia son atendidos. Van a tener la colonia en la forma territorial actual para defenderlo. Van a tener la misma fórmula que defendieron en el 2012, es exactamente la misma fórmula”, sostuvo el primer ejecutivo.
Dijo que se le hacía “poco claro” ver cómo, si defendieron una fórmula en el 2012 y solicitaron esta intervención ante el gobierno federal, ahora no quieren defender esa alternativa.
A cuestionamientos sobre por qué no se incluyó el estado libre asociado (ELA), Rosselló planteó que el ELA no existe e hizo referencia al caso federal Sánchez Valle que determinó “que la fuente de poder del ELA emana del Congreso de Estados Unidos y no del gobierno de Puerto Rico, por lo que nuestra Isla no es una entidad soberana”.
UN PASITO HACIA ADELANTE. Aunque Dalmau favorecía la participación en la consulta en su versión original, condenó que se aceptaran las exigencias del gobierno federal cuando en sus inicios el propio Rosselló había rechazado esa posibilidad.
Indicó que, tras recibir la carta, el gobernador expresó su rechazo al contenido de la misma. Poco después, todo cambió.
“Minutos después estaba diciendo que llevaría a cabo el plebiscito, que bajaría la cabeza, que incluiría la colonia y se nos circula hoy el proyecto”, señaló.
Para Dalmau una de las enmiendas “más humillantes” es que se cambia el título de “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico” a “Ley para un Plebiscito de Status”. Su homólogo popular Cirilo Tirado tampoco participará. El legislador no presentó enmiendas a la medida sino que radicó el Proyecto del Senado 429 para derogar la Ley 7 y establecer la Ley Puertorriqueña para la Descolonización de Puerto Rico. “Es inaceptable que se pretende tener una simple definición de status territorial que no resuelve la situación colonial”, expresó Tirado.