Rosselló asegura que no se opone a la auditoría
Pero enfatiza que es una labor que recaería sobre los tribunales o surgirá como parte de mediación
La deuda de Puerto Rico podría ser auditada en los tribunales o como parte de un proceso de mediación que se desarrolle entre el gobierno y los bonistas, aseguró ayer el gobernador Ricardo Rosselló, momentos después de dar a conocer que convirtió en ley el proyecto para derogar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público constituida el año pasado.
Rosselló sostuvo ayer que la eliminación del organismo no significa que se opone a que se audite la deuda, aunque estimó que este proceso no producirá los resultados esperados por los ciudadanos que la reclaman.
“Yo no estoy opuesto a la auditoría de la deuda. No lo estoy. Lo que sí es que se tiene que hacer en los foros pertinentes. Esto se va a llevar a cabo en los tribunales. Las personas que quieran trabajar y buscar la información, nuestro gobierno va a tener la transparencia más amplia. Pueden buscar todas las documentaciones y pueden evaluarlo”, expresó.
“Ahora bien, invertir $2 millones en un proceso que ha fracasado en otras jurisdicciones, que aparentemente tiene otros fines y que no es la plataforma para resolver y tener claridad en este asunto, simplemente no es compatible con nuestra visión”, apuntó, luego de participar en la inauguración de un hotel en el Condado.
“Le doy la bienvenida a cualquier grupo ciudadano que se quiera constituir, que quiera buscar la información, que quiera hacer un reclamo. Que así lo haga”, añadió Rosselló.
El mandatario aseguró que una auditoría de la deuda pública podría llevarse a cabo en los tribunales, aunque actualmente el gobierno impulsa una negociación con los acreedores como opción para evitar cualquier litigio.
Esto es posible mediante el Título VI de la ley federal PROMESA. La mediación con los bonistas, de los que el gobierno espera una oferta, termina este viernes, dijo Rosselló, sin dar más detalles de este proceso o de una posible extensión en la fecha. Reconoció que, por esta vía, no habría auditoría de la deuda, ascendente a $67,000 millones.
“Si hay renegociación en buenos términos, la auditoría de la deuda, pues, entonces sería inconsecuente”, afirmó.
Aun así, Rosselló ha dicho que no descarta que sea un tribunal el foro que finalmente atienda el conflicto por la deuda entre los bonistas y el gobierno, lo que sería viable a través del Título III de PROMESA.
“Es importante que el pueblo de Puerto Rico reconozca que, cuando se señala a la posible ilegalidad de una deuda, esto va a terminar en el tribunal, que va a ser el que lo va a decidir”, dijo.
“El que se declare una deuda ilegal no implica que no se paga”, añadió.
El mandatario recordó que aún está vigente un pleito legal entre los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los de obligaciones generales (GOs en inglés).
“Por lo tanto, esto se va a ver en un tribunal y, cuando culmine ese proceso, se va a tomar una decisión jurídica de si, en efecto, la deuda emitida por Cofina era legal o ilegal. Nosotros hemos dado un paso hacia adelante y hemos pedido a la corte que vea este caso y lo tome con urgencia”, afirmó el primer ejecutivo.
Al preguntarle si sus expresiones implican que anticipa que esta controversia se dilucidará bajo el Título III de PROMESA, el gobernador sostuvo que lo que hace es reiterar “la posición de nuestra administración de renegociar en buenos términos”.
“Pero, inclusive renegociando en buenos términos, son 19 tipos de créditos y algunos créditos van a tener disputa sobre lo que se acuerde con otros y donde se va a resolver eso potencialmente es en los tribunales. Y si no ocurre eso, nuevamente, yo no estoy opuesto, y le doy la bienvenida a cualquier grupo ciudadano que se quiera constituir, que quiera buscar la información, que quiera hacer un re- clamo, que así lo haga”, reiteró.
“Pero lo que no es factible, lo que la historia -a través del mundo ha demostradoes que (la auditoría) no es un mecanismo que tiene resultados. Ya esto se ha tratado -en lugares como Argentina, por ejemplo-. Es que este proceso de la auditoría de la deuda no tiene resultados”, insistió.
Entretanto, ayer la jueza Lauracelis Roqué, del Tribunal de San Juan, mantuvo vivo el pleito legal que presentó el presidente de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, Roberto Pagán, luego de que se le impidiera el acceso al Capitolio mientras se discutía el proyecto para derogar el organismo.
La jueza concedió dos días al líder sindical para que responda a la solicitud de desestimación de la demanda que presentaron ayer los líderes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.