Asignan FEI a expresidente de la UPR
Expresidente de la UPR y exrector de Río Piedras enfrentarán una nueva investigación
La controversia en torno al otorgamiento de Becas Presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) entró ayer en un nuevo capítulo cuando la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) anunció la designación de dos fiscales para investigar las acciones del expresidente del sistema universitario, Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino.
Asimismo, el expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental.
Las abogadas Iris Meléndez y Zulma Fuster estarán a cargo de realizar la investigación a fondo en el caso de Walker Ramos y Severino, indicó la presidenta del Panel sobre el FEI, Nydia Cotto Vives, mediante un comunicado de prensa.
Walker Ramos, Severino y Sánchez salieron de sus puestos en la jefatura universitaria el verano pasado, luego que un informe comisionado por el cuerpo rector de la UPR los señalara por presuntas irregularidades en la concesión de Becas Presidenciales en el 2015. En específico, aunque en ese momento se otorgaron 13 becas en todo el sistema universitario, los investigadores determinaron que hubo favoritismo en las tres que se concedieron en el recinto de Río Piedras a la sobrina de Sánchez, Mónica Sánchez; el exasesor del exgobernador Alejandro García Padilla, Arturo Ríos Escribano; y el otrora ayudante del expresidente universitario Antonio García Padilla, Carlos Pagán Cuebas.
Ayer, tanto Walker Ramos como Severino declinaron hacer declaraciones en torno a la nueva pesquisa en su contra, la cual surge luego que el Departamento de Justicia hiciera un referido al Panel del FEI a principios de este mes.
El representante legal del profesor Severino, Harry Anduze, se limitó a indicar que esperarán por el resultado de la investigación.
Cotto Vives detalló que la pesquisa se entrará en determinar si Walker Ramos cometió el delito de malversación de fondos o violó la Ley de Ética Gubernamental al “utilizar los deberes y las facultades de su cargo” para obtener un beneficio para él o para un tercero. Severino sería investigado por posible violación al mismo artículo de la Ley de Ética.