EN DEBATE LA PROTECCIÓN DE TERRENOS VALIOSOS
Científicos, académicos y grupos comunitarios alertan sobre daños a terrenos ecológicos y agrícolas en pos del desarrollo económico, pero el gobierno rechaza su argumento
Mientras científicos y académicos alertan de la posibilidad de que se considere disponer de estos activos para mitigar la crisis fiscal, el gobierno asegura que esta opción no es parte de su política pública
Las garantías de protección sobre los terrenos de alto valor ecológico y agrícola están en debate tras la aprobación de estatutos, en el ámbito federal y estatal, que tienen como objetivo sacar al País de su más prolongada crisis económica.
Por un lado, científicos, académicos y grupos comunitarios advierten sobre la venta de terrenos públicos para allegar liquidez y pagar la deuda que ronda los $69,000 millones.
Mientras, jefes de agencia aseguran que esa opción no es parte de la política pública de la administración de Ricardo Rosselló, ni está contenida en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Reconocen, sin embargo, que el ente que controla las finanzas de la Isla –creado en virtud de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA)–, tiene autonomía y poder decisional sobre asuntos ambientales.
Un análisis del Pinchot Institute for Conservation, en Washington, sobre los impactos de PROMESA en los terrenos públicos concluyó que, al ser activos del gobierno, pueden ser vendidos para pagar la deuda. Los únicos terrenos fuera de la jurisdicción de la JSF son los que están en manos de agencias federales y del Fideicomiso de Conservación.
El análisis, que fue comisionado por el Servicio Forestal Federal, también concluyó que la JSF tiene injerencia sobre cualquier ley ambiental que, a juicio del ente, impida el desarrollo de los llamados “proyectos críticos”.
“Lo que está en juego con estas políticas públicas y actitudes es la calidad del ambiente en términos generales”, dijo el abogado Pedro Saadé, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico.
Señaló que, además de PROMESA, los “instrumentos de preocupación” por sus posibles impactos en los recursos naturales incluyen la reforma de permisos y la declaración de emergencia en torno a la infraestructura de la Isla declarada por Rosselló. Tanto la reforma de permisos como la declaración de emergencia viabilizan, entre otras cosas, procesos expeditos para la evaluación de proyectos para, según el Ejecutivo, agilizar el desarrollo económico.
“El gobierno actual, auspiciado por la dinámica de la JSF, puede sacrificar el ambiente y la salud en pos de un supuesto desarrollo económico. Este es un problema viejo, pero estamos ante una situación de más gravedad, y está en amenaza todo lo que se ha logrado en décadas recientes”, agregó Saadé.
En la misma línea, el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera indicó que los terrenos públicos “más susceptibles” a venta son los que fueron pignorados u ofrecidos como garantía para el repago de las emisiones de bonos de varias corporaciones públicas.
Mencionó, por ejemplo, terrenos de la reserva natural Corredor Ecológico del Noreste, entre Luquillo y Fajardo, en manos de la Compañía de Fomento Industrial.
“El mismo gobierno puso los terrenos de alto valor ecológico y agrícola en situación de vulnerabilidad”, dijo Rivera Herrera.
“UN SUPUESTO”. Sin embargo, dos jefes de agencia con responsabilidad directa sobre los terrenos de alto valor ecológico y agrícola negaron tal aseveración.
Tania Vázquez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), expuso que, “aunque todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay problemas económicos bien serios”, la venta de terrenos no es opción para paliar la crisis.
“La venta de terrenos no está contemplada en el Plan Fiscal, ni es parte de la política pública de esta administración”, reiteró.
Pero, ¿qué pasaría si la JSF llegase a sugerirlo?, preguntó El Nuevo Día ,a lo que Vázquez respondió que “estaríamos partiendo de una situación hipotética, un supuesto. No es algo que ha estado sobre la mesa”.
Indicó, de paso, que en los primeros tres meses de esta administración, el DRNA ha adquirido 112 cuerdas para conservación, “y estamos en planes de adquirir más, siempre y cuando contemos con los fondos”.
En tanto, el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Ortega, aseveró que “para nada” están vulnerables los terrenos de alto valor agrícola.
Recordó que el Plan de Uso de Terrenos (PUT) –que esta administración se propone revisar– protege unas 600,000 cuerdas de valor agrícola, incluyendo tanto reservas co-
mo fincas familiares.
“Tenemos mucha responsabilidad sobre esos terrenos, que no es que están disponibles para que alguien venga a tasarlos y venderlos. Esos terrenos, en su mayoría, están arrendados… hay contratos, operaciones y actividad económica. A nadie le cabe en la cabeza la idea de que puedan ser reutilizados de otra forma, ya que son parte de nuestra actividad económica”, dijo Flores Ortega.
Al igual que Vázquez, indicó que “ni remotamente” se ha planteado la posibilidad de vender terrenos agrícolas para saldar la deuda pública, por lo que tildó de “especulativos” los argumentos de científicos, académicos y grupos comunitarios.
No obstante, ambos funcionarios reconocieron que la JSF tiene “autoridad máxima” sobre los asuntos económicos y fiscales.
Pero esos poderes, según el representante del gobernador en el organismo, Elías Sánchez, no incluyen dar directrices para la venta de activos públicos.
“Hay que entender bien cómo funciona PROMESA. La JSF no tiene el poder para enajenar bienes del Estado… la determinación a esos fines la establece el Gobierno de Puerto Rico”, subrayó Sánchez.
“En el mundo de la especulación, siempre hay quien pueda crear alguna teoría, pero no se ajusta a la realidad que está en el Plan Fiscal. Los planteamientos (sobre la posible venta de activos públicos) están basados en desconocimiento y pura especulación, y no se ajustan a lo que es la ley. PROMESA no faculta a la JSF a vender nada”, agregó.
Sánchez descartó, incluso, que sea un juez federal el que autorice la venta de terrenos, en caso de que la JSF solicite el Título III de PROMESA, que establece un proceso de bancarrota territorial.
ALERTA. Rivera Herrera, por su parte, alertó que, aunque la JSF no ha ordenado la venta de activos, el gobierno “ya empezó”.
Hizo referencia a que, en días recientes, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) supuestamente puso en venta un terreno de su propiedad en el Corredor Ecológico de San Juan. Esta acción, según Rivera Herrera, es contraria a la Ley 206-2003, que protege toda esa área natural.
“El Gobierno de Puerto Rico ya le está haciendo el trabajo a la JSF. Es un hecho”, dijo, e insinuó que la Administración de Terrenos prevé vender o alquilar por 99 años terrenos asociados al Bosque Seco de Guánica.
Cuestionada al respecto, Vázquez expuso que “el BGF no está vendiendo ningún terreno” dentro del Corredor Ecológico de San Juan.
“El BGF hizo una lista de sus propiedades y tienen una dentro del Corredor, pero no está en venta. De hecho, estamos trabajando con ellos para la transferencia de esos terrenos al DRNA. Lo que el BGF puso en venta fue un terreno comercial/industrial, que no está en el Corredor”, recalcó Vázquez, pero no pudo especificar dónde se ubica la propiedad que sí está en venta.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Planificación (JP), María Gordillo, expresó que los instrumentos vigentes de protección y conservación “no van a estar sujetos” a cambios que vayan en contra de los intereses que propiciaron su promulgación.
“Eso incluye instrumentos de planificación como las designaciones de reservas agrícolas o naturales. Tenemos unas áreas de reserva, de planificación especial, que son en virtud de unos análisis y un proceso de data científica que ameritó en el momento en que se dieron las designaciones”, dijo Gordillo.
A su juicio, ni la reforma de permisos ni la declaración de emergencia sobre infraestructura alteran esos instrumentos de planificación. “Al contrario, todos los proyectos que se pretendan desarrollar deberán cumplir con las políticas públicas enmarcadas en esos instrumentos”, acotó.
Agregó que PROMESA, en su Título V, “claramente establece” que, para que un proyecto sea designado como crítico, requerirá autorización de la JP, es decir, cumplimiento con el PUT y los demás instrumentos aplicables.
Pero Saadé y Rivera Herrera recalcaron que la ciudadanía debe estar atenta a las movidas de la JSF y el gobierno, sobre todo en momentos en que los espacios o vías para resolver conflictos de forma pacífica cada vez son menos.
Con la reforma de permisos, por ejemplo, la JP puede multar a manifestantes, los tribunales pueden imponer honorarios a quien impugne un proyecto y pierda la demanda, y la Oficina de Gerencia de Permisos puede limitar el acceso a información sobre proyectos dándole carácter de confidencialidad.