BAJO AMENAZA ACREDITACIÓN Y FONDOS DE LA UPR
Dos cartas cursadas esta semana a la administración del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) intensificaron la amenaza contra la certificación del campus como recipiente de fondos federales y su acreditación por parte de la Middle States Commission on Higher Education.
Por una parte, el Departamento de Educación federal notificó el jueves oficialmente a la rectora interina,
Carmen H. Rivera Vega, que colocó al recinto riopedrense en la categoría de instituciones inelegibles a los fondos bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior de Estados Unidos, que incluyen las becas Pell y los préstamos estudiantiles.
Esta acción responde a la huelga estudiantil que mantiene al campus inoperante hace casi un mes.
También el jueves, la agencia acreditadora requirió a Rivera Vega que provea información suplementaria sobre el estatus de la paralización a manos de estudiantes, quienes se mantienen en protesta por los recortes millonarios requeridos a la UPR.
Este es el segundo requerimiento de información que realiza la Middle States durante este proceso huelgario en Río Piedras.
En entrevista con varios medios, la rectora interina explicó que, como consecuencia de la inelegibilidad a los fondos bajo Título IV, el código del Recinto de Río Piedras fue retirado por la agencia federal del sistema electrónico para la radicación de solicitudes de asistencia económica (FAFSA).
Ante esa situación, indicó que solicitaron a la agencia, de manera urgente, que se restablezca el citado código en la plataforma electrónica.
“Tan pronto recibimos la carta, el código ya no aparecía en FAFSA. Es una urgencia que tenemos que atender como institución… desde las esferas que tienen que atender el asunto de la Universidad: el gobierno, la Junta de Gobierno, la Junta de Control Fiscal”, manifestó la académica, quien dijo que la misiva había sido enviada, además, a otros rectores.
Portavoces de la Administración Central de la UPR especificaron que, además, Ponce y Humacao recibieron la comunicación.
Se estima que el 70% de la población estudiantil a nivel subgraduado, en todo el sistema de la UPR, recibe algún tipo de asistencia económica.
En síntesis, ningún estudiante del recinto, activo o de nuevo ingreso, podrá solicitar en este momento ayuda económica para el año académico 2017-2018.
De acuerdo con Rivera Vega, cerca de 2,400 estudiantes fueron admitidos para el venidero año lectivo.
EFECTO DOMINÓ. ¿Esta determinación podría desembocar en la paralización del desembolso de fondos federales para otros programas, como investigaciones?, se le cuestionó a la funcionaria.
“Sí, podría. Ellos, en la carta, mencionan ‘other programs’”, respondió la rectora interina.
La misiva suscrita por la directora de la División de Participación Escolar de la Región Nueva York-Boston, Betty Coughlin, especifica que, “además de la participación a la elegibilidad para participar en los programas de asistencia estudiantil bajo la HEA (Ley de Educación Superior federal), esta pérdida de elegibilidad podría impactar su participación en otros programas bajo la HEA”.
Hiram Meléndez Juarbe, ayudante de la rectora interina, explicó a este medio que el recinto también se beneficia, a través de dicho estatuto federal, de “un sinnúmero de fondos y ‘grants’ (subvenciones) para investigación”.
Sin embargo, dijo que, en estos momentos, se encuentran analizando el impacto que tiene la determinación de la agencia estadounidense.
En cuanto al proceso para lograr la restitución de la elegibilidad, Meléndez Juarbe señaló que, una vez reabierto el campus, la institución tiene que presentar una nueva solicitud y evidenciar la reanudación de las operaciones. Asimismo, deben probar que las horas de contacto con los estudiantes y el calendario académico