Columna de Carlos Pérez Díaz
Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR
El lunes, 20 de marzo de 2017, el honorable Gobernador Ricardo Roselló Nevares envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una carta en la cual plantea su inconformidad con la magnitud del recorte sugerido por dicho organismo a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En ese contexto se expresa sobre el acceso a la educación superior en los mismos términos que lo hemos estado haciendo los universitarios. “El acceso a la educación superior es un elemento clave para fortalecer el desarrollo económico y social”. Reconoce también que las reducciones acumulativas en el presupuesto de la UPR durante el período 2014-2015 a 2016-2017, las cuales ascienden a $348 millones le han creado una situación extremadamente seria a la institución. Obviamente, un recorte adicional de $450 millones, como el requerido por la JSF, es en intención y consecuencia una opción nefasta para la educación superior pública en Puerto Rico.
Las propuestas del Gobernador Roselló Nevares reflejan su claro entendimiento de lo que este recorte representa para la UPR y para el futuro del país. Apunta hacia un recorte de $241 millones y presenta una serie de propuestas generadoras de ingresos que sustituirían dicha reducción con ingresos nuevos.
La Junta de Gobierno de la UPR reconoce en la educación superior científica y humanista la capacidad transformadora del individuo y de la sociedad. A su vez, entiende la situación crítica en que se encuentran las finanzas del Gobierno y, más importante aún, la economía real del país. Reconoce que el esfuerzo necesario es de todos en el país y de todos los sectores de la comunidad universitaria.
Ya en la UPR durante la pasada década se han venido tomando medidas cautelares que incluyen la congelación de múltiples partidas presupuestarias de apoyo a la docencia y la investigación; y la reducción en otras como las mejoras a edificios e infraestructura general. Si se evalúa el impacto de un corte de $450 millones como el ordenado por la JSF únicamente a través de la nómina, significaría una reducción de 76.5%. Se han requerido explicaciones sobre cuál es la racionalidad detrás de la cifra, pero no se han provisto. Entendemos que no las hay.
El alcance de la Ley PROMESA ha sido objeto de debate y diferencias entre el Ejecutivo y la JSF en los pasados meses. Por el momento, dicha Junta continúa con sus planes con el objetivo claro de resolver el asunto que le dio vida: la deuda pública.
La UPR encara el reto de la imposición de un corte que no responde a información que lo valide, excepto la identificación de una asignación predecible como lo son los ingresos congelados de la fórmula. Confronta la difícil tarea de trabajar unos ajustes que sabe afectarán seriamente la institución y por tanto, al país.
Ante esa situación, la Junta de Gobierno en cumplimiento a la responsabilidad fiduciaria, con la presidenta interina de la UPR, intenta trabajar un escenario que utilice como base la premisa de ingreso y ajustes que fue consignada por el honorable Gobernador de Puerto Rico en comunicación que dirigió a la JSF el pasado 20 de marzo.
El compromiso está enmarcado en los asuntos prioritarios aprobados en el Plan Estratégico UPR 2017-2022. Sin embargo, insistimos que corroer las bases de la educación superior pública es para el país equivalente a lo que sería cortar el flujo sanguíneo a un organismo vivo.
“Corroer las bases de la educación superior pública es para el país equivalente a lo que sería cortar el flujo sanguíneo a un organismo vivo”.