Vence hoy el plazo que pidió el gobernador
El Departamento de Justicia de EE.UU. no respondió ayer a las enmiendas al plebiscito
La nueva fecha establecida unilateralmente por el Gobierno de Puerto Rico para conocer si el Departamento de Justicia de EE.UU. aprueba la convocatoria a un plebiscito de alternativas de status previsto para el 11 de junio, vence hoy, sin La Fortaleza aún recibir respuesta.
A punto de expirar el plazo, ayer incrementaban las dudas de si hay “tiempo suficiente”, como cuestionó un portavoz hace una semana, para el secretario de Justicia de EE.UU., Jeff Sessions, validar las enmiendas a la ley que reglamenta la consulta.
“Continuamos manteniendo comunicación continua con el Departamento de Justicia federal para asegurar que se pueda llevar a cabo el plebiscito”, dijo ayer en la tarde el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader.
Después de que Departamento de Justicia de EE.UU. rechazó aprobar las definiciones incluidas en la ley de plebiscito, principalmente por haber omitido la alternativa de “status territorial vigente”, el gobierno de Ricardo Rosselló enmendó la ley y reenvió el miércoles los detalles de lo que sería la nueva boleta electoral.
En una carta al subsecretario interino de Justicia de EE.UU., Dana Boente, el gobernador Rosselló afirmó que su interpretación del lenguaje federal que puede permitir vincular al secretario Sessions con la consulta de status, es que tendrían hasta hoy para recibir respuesta, cosa de que 45 días después –una semana antes de la votación–, los comités de asignaciones del Congreso puedan desembolsar $2.5 millones que ayuden a financiar el proceso.
Una ley federal de 2014 permite al secretario de Justicia de EE.UU. decidir si las definiciones incluidas en la papeleta electoral, la campaña educativa y el material relacionado cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal, a cambio de los $2.5 millones.
La respuesta original de Boente fue que la ausencia de la opción territorial en la ley incumplía la política pública federal. De paso, Justicia federal desechó el plebiscito de 2012, advirtió que bajo el status territorial –comúnmente denominado Estado Libre Asociado–, se garantiza por ley la continuidad de la ciudadanía estadounidense y reafirmó que la libre asociación es una forma de independencia.
Si el Partido Popular Democrático (PPD), como se espera, oficializa mañana en asamblea general el boicot al plebiscito, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) se quedará solo de cara a una consulta cuyas enmiendas permiten tener como alternativas la estadidad, el status terri- torial vigente y la independencia/libre asociación.
En espera de una nueva respuesta, crecen los informes de que acreedores con bonos de obligaciones generales han presionado con fuerza ante el Departamento de Justicia de EE.UU. –al igual que líderes del PPD– para evitar que el Ejecutivo federal, en momentos de una grave crisis fiscal y de deuda pública en Puerto Rico, avale la consulta.
Después de cabildear dos días en el Congreso a favor de fondos de Medicaid que eviten un abismo fiscal en el sistema de salud del Gobierno de Puerto Rico, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó que consultores independientes y representantes del gobierno de Rosselló coincidieron en indicarle que “acreedores se mueven en oposición (a las autoridades de la Isla) con la idea de obligar a una negociación” antes de que el 1 de mayo expire el freno en la litigación judicial para el cobro de deuda.
Si acreedores con bonos de obligaciones generales han buscado frenar la inclusión de fondos de Medicaid para Puerto Rico en una próxima legislación federal, “sería la expresión de avaricia más grande”, agregó.
Para Hernández, se habría consumado una estrategia dirigida a “chantajear el país”.