Gestan nueva comisión para auditar la deuda
El organismo solo estaría constituido por representantes de la sociedad civil
Q La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público quedó en el pasado, pero sus avances preliminares servirán de base para una iniciativa ciudadana que ayer comenzó a gestarse con la intención de proseguir los trabajos para auditar la deuda del gobierno.
Aún queda por definir bajo qué estructura operará la propuesta comisión ciudadana y cómo financiará sus trabajos, pero la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, indicó que los miembros de esa organización se reunirán la semana próxima para ultimar esos detalles y retomar de inmediato las labores de la desaparecida entidad fiscalizadora.
La intención, explicó la abogada, es que el frente ciudadano celebre el mes próximo una asamblea general para encaminar el nuevo proyecto.
“La idea es adelantar, no empezar de cero, sino reconocer el trabajo que ha hecho la comisión, los recursos que ha identificado, la firma de expertos en el tema que no tiene ninguna relación con Puerto Rico”, indicó Prados en entrevista con El Nuevo Día.
La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, que quedó inoperante tras la derogación parcial de la ley que la creó en 2015, había contratado -a un costo de $100,000- a la firma Macías, Gini & O’Connell (MGO), con sede en California, para que se encargara de examinar las últimas cuatro emisiones de deuda.
El objetivo ahora es que la comisión ciudadana pueda mantener ese contrato, y partir de esas cuatro auditorías para luego ampliar el alcance del proceso. Prados mencionó que ya tiene una lista de los documentos que solicitarán en esta primera etapa, y se expresó confiada en que la administración de Ricardo Rosselló Nevares colaborará con el acceso a esa información.
La comisión original tenía entre sus miembros a representantes de todas las delegaciones en la Asamblea Legislativa, pero Prados recalcó que la comisión que crearán solo tendrá representantes de diversos sectores de la sociedad civil. Hasta el momento, seis de los ocho representantes del interés público en el extinto organismo han anticipado que se unirán a la iniciativa.
“Vamos a ampliarla para que tenga una participación más representativa de los distintos sectores de la sociedad, excluyendo al gobierno y a los partidos”, puntualizó.