Jaresko pide respaldo de inversionistas
A ocho meses de su creación, la Junta Fiscal comienza a dar forma al programa de infraestructura requerido por PROMESA
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está en vías de crear los protocolos necesarios para implementar el programa de revitalización de infraestructura de Puerto Rico, uno de los requisitos establecidos en la ley federal PROMESA y que ocho meses después de la creación del organismo federal todavía no ha comenzado.
Según la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el regente fiscal está en proceso de determinar qué personal necesita para evaluar y designar proyectos “críticos” de infraestructura, mientras el coordinador de revitalización de la JSF está en vías de identificar qué tipo de información tendrá que ser considerada para que un proyecto sea parte del programa de revitalización de la JSF.
En tanto, la JSF parece haber avanzado en la creación de una plataforma tecnológica a través de la cual agencias de Gobierno y entes privados podrán presentar sus propuestas para invertir en proyectos de carreteras, electricidad, agua y desperdicios sólidos, entre otros.
“La infraestructura de Puerto Rico tiene una necesidad urgente de inversión”, dijo Jaresko, quien ayer se presentó por primera vez en público desde que fue contratada por la JSF en marzo pasado, para implementar el Plan Fiscal requerido por la Ley federal PROMESA para sanear las finanzas públicas y asegurar el regreso de la Isla a los mercados de capital.
En una breve alocución ante los participantes de la Cumbre de APP, el primer evento que realizó la administración de Ricardo Rosselló Nevares con la expectativa de atraer inversión a la Isla, Jaresko sostuvo que ante la crisis actual que encara la Isla, el Gobierno tendrá que recurrir al sector privado para atender los severos problemas que encara la infraestructura del territorio estadounidense.
A manera de ejemplo, Jaresko explicó que Puerto Rico ocupa la posición 51 de 52 jurisdicciones estadounidenses en lo que atañe a uniformidad del pavimento y 45 de 52 en la variable de congestión de la red vial. Destacó además que el 68% de la producción de energía se efectúa con petróleo y que el coste de su electricidad es mucho más alto que en el resto del continente al tiempo que describió como “una crisis en toda la Isla” el hecho de que aproximadamente el 70% de los vertederos en Puerto Rico están en incumplimiento con la reglamentación de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, en inglés).
“Dado el nivel de estrés económico (de Puerto Rico) y el hecho de que no tenemos acceso a los mercados de capital en este momento, el presupuesto del Gobierno para mejoras capitales, de unos $4,000 millones para los próximos 10 años, no hará factible una gran cantidad de crecimiento por el lado de la infraestructura”, dijo Jaresko al instar a los empresarios e inversionistas que participaban del evento a que inviertan en la Isla, tomando partido de las disposiciones Ley federal PROMESA.
En su título VI, la Ley federal PROMESA estableció la figura del Coordinador de Revitalización de Puerto Rico y adscribió este funcionario a la JSF para que ambos aseguren la implementación de un programa de inversión en infraestructura como mecanismo para contribuir a la restauración económica de la Isla.
Específicamente, el coordinador es responsable de evaluar propuestas de la empresa privada y del Gobierno que sean necesarias para el desarrollo de Puerto Rico y de cumplir con ciertos requisitos, tales propuestas serán clasificadas como “proyectos críticos”, los que a su vez, se evaluarían bajo un proceso de permisos expedito.
En principio, el proceso de evaluación establecido en PROMESA da la impresión de que el trámite de permisos del proyecto puede tomar unos 90 días. Sin embargo, el año pasado,
El Nuevo Día reportó que el análisis de tales proyectos “críticos” podría tomar meses y hasta años, porque el proceso expedito no elimina el requisito de análisis ambiental y algunos proyectos podrían requerir el otorgamiento de permisos por parte del gobierno federal, una dimensión en la que la JSF no tiene poder alguno.
Partiendo de PROMESA, la creación del programa de revitalización parecía tener más urgencia que la aprobación del plan. Esto, porque la ley federal estableció fechas límites para que se nombrara al coordinador, encomienda con la que cumplió la JSF el año pasado y que resultó en la designación interina de Aaron Bielenberg.
Empero, ayer, Jaresko sostuvo que la JSF -que también está inmersa en el proceso de negociación de la deuda pública de la Isla- comienza a tomar acción en el tema ahora. Ello, al plantear que el organismo federal todavía necesita identificar el personal que tendrá a su cargo evaluar las propuestas que se presenten y mostrar una representación preliminar del formato que utilizaría la JSF para que los interesados presenten sus iniciativas a través de la internet.
Jaresko dejó claro que la ley federal ofrece un grado “adicional” de certeza en torno a la realización de proyectos de infraestructura en la Isla, pero ello no pretende competir con los mecanismos que adopte el Gobierno para invertir en mejoras permanentes a través del modelo de APP o cualquier otra iniciativa.
“Es el momento perfecto para mirar nuevas oportunidades de inversión en Puerto Rico. Pienso que tienen una oportunidad hoy con la aprobación de PROMESA, el establecimiento de la Junta y un Plan Fiscal aprobado el pasado 13 de marzo que le dan una visión de 10 años en torno a las políticas económicas que tendrá Puerto Rico y con la reestructuración (de la deuda) moviéndose adelante, que de una forma u otra identificará la capacidad de deuda y mejorará la sostenibilidad de la deuda de la Isla, todo luce bien mirando a futuro”, dijo Jaresko.
“La infraestructura de Puerto Rico tiene una necesidad urgente de inversión” NATALIE JARESKO Directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal