Necesaria una auditoría independiente del crédito
Tras las prácticas irresponsables que lo condujeron al actual agobiante nivel de endeudamiento, el Gobierno de Puerto Rico tiene que desplegar transparencia en el ejercicio de su responsabilidad crediticia, estableciendo un mecanismo de auditoría independ
Esta tarea, que por fuerza tiene que ser independiente, es asegurar que los préstamos y las emisiones de bonos se realicen de forma responsable, contando con fuentes de repago, velando por la salud del crédito público y que no se afecten los servicios esenciales. Por décadas, los gobiernos de la Isla han quebrantado la confianza que tanto el pueblo como los inversionistas le han depositado, al incurrir en compromisos que han explotado el fisco y comprometido el bienestar poblacional.
Esa pobreza administrativa que ignoró hasta principios básicos como el ahorro y la administración sabia de los recursos, tiene ahora en grave riesgo a los sistemas de retiro, los servicios de salud para la población indigente y la disposición de la basura, por mencionar algunos ejemplos.
De ahí la urgencia de que el Estado asuma de forma cabal su responsabilidad con la transparencia financiera. La auditoría independiente debe estar a cargo de expertos de reconocida capacidad y sin vínculos con las partes en las transacciones. El banco de talento puede incluir al Instituto de Estadísticas y a la Asociación de Economistas, por ejemplo.
La transparencia en el manejo de las finanzas públicas es un elemento esencial para el restablecimiento de la credibilidad del País y la confianza de los inversionistas, indispensables para que Puerto Rico regrese cuanto antes a los mercados de capital y pueda retomar la ruta del desarrollo económico.
Actualmente se realiza una auditoría de los estados financieros del Gobierno, un proceso que la Junta de Supervisión Fiscal le encomendó a la firma de auditores Ernst and Young. Se evalúan todos los datos sobre emisiones de deuda incluidos en los estados financieros, una tarea que Ana Matosantos, integrante de la Junta, ha descrito como un “accounting” general que ayudará al organismo en el proceso de reestructuración ordenado por la ley PROMESA.
Pero aparte de la gestión de la Junta, Puerto Rico tiene que procurar un mecanismo permanente que garantice su salud crediticia. El propósito es evitar una recaída de la crisis, e impedir a las administraciones de gobierno repetir acciones como las que condujeron al endeudamiento excesivo.
La adopción de una política de auditoría externa permanente como la que proponemos es el método más efectivo para servir de cortapisa contra el endeudamiento irrazonable y para facilitar la fiscalización del crédito futuro.
Al aproximarse el 1 de mayo, cuando vence el plazo extendido de protección contra litigios, el Gobierno se mantiene positivo en cuanto a sus probabilidades de alcanzar acuerdos voluntarios a tono con el Título VI de PROMESA. Considera que el ambiente es propicio para que se logren tales acuerdos aun después de esa fecha sin que se lleguen a radicar pleitos en los tribunales. En última instancia, el Gobierno se ha expresado dispuesto a aceptar la intervención judicial que dispone el Título III de la ley federal.
Confiamos en que se resuelvan las diferencias antes del 1 de mayo, de manera que pueda ponerse en marcha de inmediato la reestructuración ordenada que nos permita atender la deuda y cumplir con nuestras responsabilidades y compromisos.
Pero, nos corresponde insistirle al Gobierno que, antes de acudir nuevamente a los mercados de capital para reemprender el desarrollo económico del País, adopte la política de auditoría externa, que será la mejor garantía de que no se repetirán jamás los graves errores del pasado.