El modelo laboral debe adecuarse a la realidad

Puerto Rico está de frente a su más difícil coyuntura económica y social como consecuencia, en gran parte, de la crisis presupuestaria y la competitividad perdida como País, pero igualmente tiene, en los cambios propuestos al modelo gubernamental de relac

La propuesta reducción a beneficios de la plantilla pública relativos a las licencias por enfermedad, vacaciones y el bono de Navidad, entre otros, crea un novel sistema uniforme que en la práctica deroga las disposiciones negociadas en los convenios colectivos, con los que la administración del gobernador Ricardo Rosselló sostiene que evitaría el despido de 45,000 trabajadores del Estado. Tal cantidad es, a su vez, la recomendada por la Junta de Supervisión Fiscal con miras a ajustar el presupuesto a las posibilidades reales de recaudos y gastos del Gobierno.

Nadie duda de la importancia de proteger dichos puestos de trabajo aunque son obvios los encontronazos, especialmente con las uniones obreras, en torno a la forma de hacerlo. La ruta escogida por la Administración Rosselló puede resultar dolorosa para algunos pero a falta de mejores propuestas, concretas y sustentada en datos, es la que se presenta con mayor potencial de ser viable. Y es que conjurar el déficit fiscal y allanar el terreno para el pago de la deuda reclaman, entre otras necesidades, hacer ajustes en el sector público, que a pesar de haber descendido, con más de 200,000 trabajadores al presente sigue siendo el mayor patrono de la Isla, y esto no podrá lograrse sin modificaciones estructurales.

Con los cambios propuestos en el proyecto para crear la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal se iría subsanando la trayectoria de irresponsabilidad fiscal afincada en una cultura política de buscar votos por la vía de conceder beneficios y mantener un aparato gubernamental inflado a cuenta de tomar dinero prestado, lo que el peso inmenso de la deuda ya no permite hacer.

De aprobarse la medida, por otro lado, se establecería la infraestructura operacional para poner en vigencia otra ley emblemática de esta Administración, la del Empleador Único, que ofrece el marco legal para mover el recurso humano donde se determine que hace falta, pero enfrenta el problema de la disparidad existente en los planes de clasificación y retribución en las agencias. Las dependencias que dan servicios como seguridad, salud y educación, las que se dedican a la caza de ingresos, como son Hacienda y el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y los municipios mediante convenios con el Gobierno central bien pueden beneficiarse de esta movilidad.

Hay, sin embargo, unas importantes lagunas en los planes, entre ellas, el impacto fiscal de la reducción de beneficios y cómo se haría el proceso de centralización y unificación en las agencias. La ocasión también es propicia para retomar el principio de mérito y, de una vez por todas, ponerlo a funcionar a base de métricas de desempeño y criterios de productividad, puntualidad, confiabilidad, buen trato a la ciudadanía y medición de metas versus resultados en las agencia, entre otros, acompañados por la capacitación y el entrenamiento.

Dicho esto, también hay que señalar que para que un proyecto de esta envergadura tenga oportunidad de éxito hay que atemperar los viejos discursos y postulados a las nuevas realidades económicas y sociales del País.

El Gobierno tiene el deber de reducir las contrataciones basadas en criterios políticos y de reciprocidad a respaldos electorales que le restan fuerza moral y seriedad a la agenda de cambios que se pretende hacer. Mientras haya contratistas que devengan sumas extraordinarias e impensadas para cualquier empleado público, la reforma importante se verá desvirtuada antes de comenzar.

Como marco general debe lograrse que la estructura sea transparente en su implantación y que sus componentes sean suficientemente equilibrados para proteger a quienes aportan su trabajo para sacar adelante al País.