Se ahoga nuestra posibilidad de oposición
Recuerdo mi primera visita a Cuba, hace unos veinte años, cuando trabajaba en zonas marítimas protegidas. Iba con una idea preconcebida de un pueblo oprimido, silenciado. Encontré lo contrario: ciudadanos bien educados, críticos y con criterio, que decían lo que querían en cualquier momento. Pero no encontré en Cuba foros independientes de opinión publica, una prensa libre o la oportunidad de organizar protestas. No obstante, observé una sociedad estructurada hasta el bloque vecinal en donde los ciudadanos participaban y expresaban sus descontentos cotidianos, que el gobierno trataba de atender modestamente, siempre y cuando estos no amenazaran el régimen político.
Esta es una dinámica que, tomando en cuenta diferencias culturales, he podido observar a través de las últimas dos décadas en múltiples viajes a China.
Rusia, por otro lado, está peor en estos aspectos. Aunque se supone que es una sociedad democrática y abierta, muchos opositores o periodistas son encarcelados y hasta asesinados. La población no encuentra fácilmente las formas para canalizar sus preocupaciones o frustraciones sobre problemas cotidianos; las instituciones no son confiables. Existe una sensación entre su población de que el gobierno y sus servicios los olvidaron, excepto si tienes dinero, el cual es accesible, no por mérito, sino si estás “conectao”.
Qué distinto a Dinamarca, país en donde tuve la oportunidad de vivir en años universitarios. No solo hay transparencia completa sino que hay leyes que van mas allá de la participación ciudadana y promueven la participación activa de grupos ciudadanos en la planificación de proyectos antes de que estos maduren. Además, el gobierno provee servicios excelentes por los que uno paga con impuestos altísimos y existe un sentimiento de igualdad de oportunidades independientes del ingreso y de confianza plena hacia las instituciones gubernamentales.
Pasemos a Puerto Rico. La Legislatura aprobó una serie de medidas que atropellan la transparencia en la gestión gubernamental, restringen la participación ciudadana y hasta suprimen el acceso a los tribunales por parte de aquellos que intenten acudir a este foro en busca de un remedio. Es decir, menoscabaron o eliminaron características medulares de lo que constituye una democracia: que los ciudadanos ejerzan sus derechos y deberes para forjar la sociedad que aspiran alcanzar.
El nuevo régimen podrá imponer una sentencia de tres años de cárcel por obstaculizar una vía pública como parte de una manifestación en contra de un proyecto de construcción, imponer honorarios de abogados a la parte demandante y dejar la revisión judicial de un proyecto propuesto para el final, luego de obtener todos los permisos.
O sea que, cuando ya todo esté “planchao”, no vengan con grandes cambios, que los oímos si nos da la gana, no les tenemos que hacer caso y, si protestan, van pa’ la cárcel o pa’ las luces a buscar chavos pa’ pagarles a los abogados de bufetes de Hato Rey contratados por empresarios influyentes, luego de pagar los que los representaron.
Ante este escenario, las comunidades y los grupos ciudadanos se quedarán sin una característica que nos categoriza como una democracia: la posibilidad de oposición y de dejar sentir nuestra voz ante las injusticias. No solo el país está en bancarrota y tenemos la sensación que las instituciones no funcionan, sino que, encima de esto, se nos amenaza con reducir el derecho a la transparencia, la participación y la protesta.
Al parecer, el gobernador y los líderes legislativos buscan encaminarnos en una vía menos transparente que Cuba o China, y llevarnos por el camino hacia Rusia. Cuando nos demos cuenta del error, revertir la ruta con dirección hacia Dinamarca será muy difícil, especialmente cuando la clase gobernante se acostumbre al autoritarismo.