MOMENTO CLAVE PARA LAS CORPORACIONES PÚBLICAS
Hoy, en Nueva York, el ente de Supervisión Fiscal decidirá cómo será la reorganización de las principales corporaciones gubernamentales cuyo rol es fundamental en el desarrollo económico de la Isla
QLas principales corporaciones públicas bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tendrán hoy su momento crítico cuando el organismo creado por el Congreso estadounidense para controlar las finanzas de Puerto Rico decida cómo procederá para reorganizar sus estructuras financieras y operacionales.
Se trata de la séptima reunión pública de la JSF y la expectativa es que se aprueben los planes fiscales específicos para corporaciones como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y las autoridades de Carreteras y Transportación (ACT), Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Al- cantarillados (AAA).
Estas últimas tres instrumentalidades revisten gran importancia dado que están estrechamente ligadas a la competitividad productiva de Puerto Rico y, por ende, a la capacidad de crecimiento económico que tiene el País para superar la crisis que se vive desde el 2006.
“Estas son las corporaciones más importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico porque son las que nos pueden devolver competitividad”, dijo Cecilio Ortiz, miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña. Son pocos los detalles específicos que se conocen sobre lo que se aprobará hoy en el edificio Alexander Hamilton en la ciudad de Nueva York, lugar donde se celebrará la reunión de la JSF.
En el caso de la AEE, la expectativa es que se trabaje sobre el acuerdo alcanzado con los acreedores de esta corporación pública. El entendido, que recientemente fue revisado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, entre otras cosas, retrasa el pago del principal de la deuda de la AEE por ocho años.
En el caso de la AAA, la expectativa era que se proveyera espacio para algún acuerdo con los acreedores, esto, si se toma en cuenta que hasta hace poco esta corporación pública generaba los fondos suficientes para operar y cumplir con sus obligaciones. Los escollos en la AAA tienen más que ver con el hecho de que, con la degradación crediticia del gobierno, se perdió el acceso a los mercados de bonos, la fuente de financiamiento
para las obras de mejoras capitales.
El caso de la ACT es más complicado. Según el Informe sobre Información Financiera y Datos Operacionales de diciembre de 2016, la ACT cargaba deudas por pagar de $126 millones y un déficit, no auditado, que en el 2016 rondaba los $6 millones.
La ACT recibe dinero de los peajes, el importe de las licencias de los vehículos de motor y los arbitrios sobre la gasolina, el diésel, los productos de petróleo y los cigarrillos. Una buena parte de estos ingresos se añadieron en los últimos años ante las deficiencias presupuestarias que, para el 2014, rondaban los $178 millones.
“EXTERNALIZACIONES”. Un elemento principal que se espera que contengan estos planes fiscales es lo que el gobierno ha llamado la “externalización” de bienes o servicios.
En esencia, esto implica la venta, concesión o arrendamiento al sector privado para que se encargue de la prestación de servicios que hasta ahora lleva a cabo el gobierno. Y ya se conocen algunos datos.
Por ejemplo, el Plan Fiscal del gobierno central contempla arrendar el mantenimiento de las principales autopistas a entes privados en acuerdos similares a los que ya mantiene con la empresa Metropistas, para las carreteras PR-5 y PR-22.
Del mismo modo, se contemplan alianzas público privadas para la generación de electricidad en la AEE y legisladores como el senador Larry Seilhamer han abogado por el desarrollo de nuevos embalses a través de inversiones privadas.
“Yo creo que la salida que nos están anunciando es la privatización de los sistemas, especialmente carreteras y energía eléctrica”, anticipó el profesor jubilado de administración pública
Mario Negrón Portillo.
El representante del gobernador ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, destacó ayer que los planes fiscales que presentará hoy cada corporación pública se centran en sus respectivos “aspectos financieros”.
“Todo lo que tiene que ver con política pública se visualiza separado, pero de manera que cumpla. Me explico: el plan fiscal de la AEE va a tener unos parámetros fiscales y unos objetivos que la agencia tiene que llegar a ellos. Cómo llegan a ellos, si se hace por alianzas público privadas (APP) o por proyectos propios de ellos, eso lo decide la autoridad”, sostuvo.
Bajo las APP, “hay alternativas para la ACT y Puertos en muchos renglones. Lo importante es que sean buenas para el pueblo de Puerto Rico”, dijo. Precisamente, el Plan Fiscal del gobierno central contempla que algunos puertos marítimos y aéreos pasen a manos de entidades privadas. Los directivos de las principales corporaciones públicas bajo PROMESA rehusaron ofrecer información del proceso. Se informó, sin embargo, que los jefes de la ACT y AEE, Carlos Contreras Aponte y Ricardo Ramos, respectivamente, estaban de camino a la ciudad de Nueva York.
Tomás Torres Placa, coordinador del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), que agrupa representantes del sector privado, indicó que los cambios en los planes fiscales de estas corporaciones públicas serían positivos si se tiene como meta mejorar la competitividad del país y el desarrollo de la economía. Explicó, por ejemplo, que, actualmente, la porción de la tarifa que va al pago de la deuda en Puerto Rico es similar al total de la tarifa industrial para algunas jurisdicciones estadounidenses.
“Los planes fiscales deben contemplar el uso del Título VI o el Título III (de PROMESA) para reestructurar la deuda y se hagan las inversiones para que estos precios bajen a un nivel que sea sostenible y mejore la economía. Esta es la oportunidad de hacerlo”, dijo Torres Placa.