Reviven los reclamos a favor de la quiebra
Diversos sectores respaldan que se utilice el mecanismo judicial provisto por la ley PROMESA
San Juan/Nueva York.- Justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) vuelve hoy a sesionar en Nueva York para discutir el futuro de varias corporaciones públicas de Puerto Rico, se aviva el reclamo para que la autoridad a cargo de las finanzas del gobierno de la Isla acuda al tribunal a reclamar el remedio de bancarrota que provee el título III de PROMESA.
El llamamiento a favor de una reestructuración por la vía judicial fue hecho por sectores que han estado muy cercanos al debate sobre la crisis fiscal, incluidos expertos financieros que consideran que el gobierno de Ricardo Rosselló se corre el riesgo de perder las protecciones del freno en la litigación judicial, que vence el lunes.
“La historia va a juzgar este momento a base de si las personas hicieron lo correcto por Puerto Rico. Pienso que ha llegado el momento de utilizar el título III”, indicó la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York).
Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubillee USA y experto en reformas financieras a nivel mundial, coincidió: “La Junta debe votar inmediatamente a favor del proceso de bancarrota. Si no autorizan el proceso de bancarrota, acreedores depredadores podrán comprar deuda y comenzarán litigios sin fin”.
Según LeCompte, cuyo grupo suele estar activo en el Congreso, aún si Puerto Rico lograra firmar acuerdos de indulgencia con algunos de sus acreedores, ello no impediría que otros bonistas o partes interesadas acudan a los tribunales a partir del 2 de mayo, para avanzar sus intereses.
El título III permite que un juez federal supervise la negociación de la deuda, pero también otras obligaciones que tenga el Gobierno, forzando a todos los acreedores a aceptar las modificaciones aún si no participaron del proceso de negociación.
De igual forma, la disposición permitiría extender la protección contra litigios que ha tenido Puerto Rico desde la entrada en vigor de PROMESA y que expira el próximo lunes.
En un comentario en la publicación The Hill, el economista y otrora subdirector de la unidad de Política Pública sobre Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Desmond Lachman, cuestionó por qué si las finanzas públicas están tal maltrechas, la JSF y el gobernador Rosselló no han hecho uso de las provisiones que permitirían renegociar la deuda al amparo de la corte.
“En estas precarias circunstancias, uno pensaría que sería en el mejor interés de la Isla asegurar, lo más pronto posible, una reestructuración ordenada de su inmensa cantidad de deuda pública”, agregó Lachman, al insistir en que el plan fiscal aprobado por la JSF apunta a una contracción económica de 10% a lo largo de los próximos cinco años.
Entrevistado en Washington, el representante del gobernador en la junta federal, Elías Sánchez, interpretó que bajo la ley PROMESA, la junta no puede iniciar un procedimiento de bancarrota “a menos que el gobierno solicite que necesita ejecutar un plan para ajustar sus deudas”.
Esta semana, el gobernador consideró que las negociaciones entre el gobierno y sus principales acreedores se extenderán hasta el fin de semana, antes de la hora cero del lunes.
El llamado de los expertos surge también en momentos en que, a instancias de varios grupos de acreedores, republicanos del Congreso mantienen latente la posibilidad de una enmienda a PROMESA que permita aplazar la posibilidad de que la JSF utilice el título III, lo que dejaría al gobierno de Puerto Rico sin defensas frente a los bonistas. El aplazamiento abriría la puerta para que cualquier entidad que no haya firmado un acuerdo de indulgencia, como pretende el Gobierno, acuda a los tribunales. LA REUNIÓN. Hoy, la junta federal celebra su séptima reunión pública para considerar por lo menos tres de los cinco planes fiscales solicitados a las corporaciones públicas en mayor riesgo de quiebra.
La sesión, que incluirá la presentación del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Gerardo Portela, tendrá lugar en el edificio Alexander Ha- milton de Manhattan, en la zona de Wall Street. “Se van a aprobar algunos planes fiscales”, adelantó Sánchez, quien como representante del gobernador tiene voz, pero no voto en una junta que funciona por encima del gobierno electo de la Isla. EN CASA BLANCA. El tema del fin del freno en la litigación contra el gobierno salió a relucir ayer en la sesión informativa de la Casa Blanca, tras los tuits del presidente Donald Trump en los que describió los reclamos de fondos adicionales de Medicaid para Puerto Rico, ante el agotamiento a finales de año de las asignaciones de Obamacare, como un rescate financiero.
Sean Spicer, secretario de Prensa de la Casa Blanca, prefirió torear las preguntas y centrarse en que los tuits del presidente Trump buscaban llamar la atención a propuestas de los demócratas que pudieran complicar los esfuerzos para aprobar una resolución presupuestaria que evite un cierre parcial del gobierno federal.
La expiración de la moratoria en el cobro de deuda del gobierno de Puerto Rico, pareció decir Spicer, “es un asunto diferente que tiene que ser atendido por el Congreso”.
Los informes que salían ayer del Congreso indican que no hay ambiente en el liderato legislativo federal para enmendar PROMESA. Pero, ante la amenaza, el senador popular Eduardo Bhatia -quien conversó ayer con funcionarios de las oficinas de los líderes de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer y Richard Durbin-, indicó que le choca que el gobierno de Rosselló parezca reacio a utilizar con urgencia la bancarrota judicial que provee PROMESA.
“Tememos que si el Gobierno y la Junta no actúan en o antes del 28 de abril (hoy), Puerto Rico pueda quedar rehén de actores depredadores y fondos buitre” ROBERTO GONZÁLEZ NIEVES arzobispo de San Juan