RICARDO ROSSELLÓ NEVARES
“Aunque no seremos sumisos, tampoco seremos intransigentes” ENTREVISTA CON EL GOBERNADOR SOBRE EL PLEBISCITO DE STATUS
WASHINGTON.- El gobernador
Ricardo Rosselló afirma que, si el Departamento de Justicia de EE.UU. determina que la segunda versión del plebiscito legislado en San Juan cumple con la política pública federal, será la primera vez que el Ejecutivo estadounidense habrá validado una consulta de alternativas de status.
Pero, cuando se le cuestiona dónde queda su plan Tenesí tras el Departamento de Justicia de EE.UU. desechar la vigencia de los resultados del plebiscito de 2012 –en el que el Partido Nuevo Progresista (PNP) considera que venció la estadidad–, Rosselló entonces sostiene que la posición de esa dependencia federal no representa a la administración de Donald Trump.
Como parte de un viaje esta semana a Washington, Rosselló entregó el martes las enmiendas a la ley de plebiscito, después de que, en una primera comunicación, Justicia federal decidió que el estatuto original aprobado en Puerto Rico no cumplía con la política pública federal debido, sobre todo, a que omitió entre las alternativas el “status territorial vigente”.
En una carta del 13 de abril pasado, el Departamento de Justicia federal decidió, además, que la estadidad no es la única opción que garantiza la ciudadanía estadounidense, pues bajo el status territorial se le da permanencia por ley; volvió a descartar el concepto de Estado Libre Asociado mejorado y reafirmó que la libre asociación es una forma de independencia.
Justicia federal también sostuvo que no toma en cuenta los resultados del plebiscito de 2012, debido al tiempo que ha pasado y los cambios migratorios. El plan del PNP ha sido utilizar el próximo plebiscito como un voto de ratificación a favor de la estadidad.
En su conversación del martes con el secretario asociado interino de Justicia federal, Jesse Panuccio, Rosselló reafirmó su intención de esperar por el análisis de la oficina del secretario Jeff Sessions, lo que hace evidente que, al menos, tendrán que legislar para cambiar la fecha de la consulta.
“Hemos quedado en que vamos a tener una conversación para discutir una serie de puntos. Como he dicho desde el principio, quiero que el plebiscito se dé. Quiero que sea un plebiscito avalado por el gobierno federal y que, aunque no seremos sumisos, tampoco seremos intransigentes”, dijo el gobernador, durante una entrevista con El Nuevo Día. ¿Todavía cree viable que la consulta sea el 11 de junio? —Eso está en discusión. ¿Por qué, en vez de legislar en San Juan, no vinieron primero a negociar con Justicia federal?
—Lo importante es cuál va a ser el resultado final, si el pueblo de Puerto Rico va a tener un proceso avalado por el gobierno federal o si hay alguna objeción al mecanismo. Ya el Departamento de Justicia emitió una serie de recomendaciones. Se acataron ad verbatim todas, y, por lo tanto, ahora lo que se tiene que establecer es nuevamente el proceso. ¿En qué medida se trastocó su plan de que se ratificara un voto por la estadidad? ¿Pueden venir aquí a implantar un plan Tenesí cuando, para el Ejecutivo federal, los resultados de 2012 no se toman en cuenta?
—Son premisas falsas. El Ejecutivo federal no rechazó (el plebiscito de 2012). Eso fue una carta del Departamento de Justicia. Pero Justicia federal es la agencia que tiene que lidiar con el tema.
—El que tiene la injerencia sobre esto es Casa Blanca. La Casa Blanca y el presidente (Donald Trump) han establecido, tanto en su plataforma como en otros componentes, que esto es un proceso válido. Ciertamente, una evaluación técnica que se había hecho en el Departamento de Justicia estableció ese componente. Rechazamos esa premisa. No trastoca en nada la estrategia. Vamos a continuar todos nuestros esfuerzos. Habíamos dicho que nuestros esfuerzos para la descolonización y la estadidad conllevan varios pasos, que no era solo una estrategia. Después de todo, el objetivo es tener un plebiscito que sea avalado por el gobierno federal. En nada este proceso limita eso. e