Senado federal da luz verde a fiscalización de las empresas de inversión en la isla
Aprueba proyecto de ley que obligará a los fondos mutuos locales a cumplir con la reglamentación federal; la medida pasa ahora al despacho del presidente Donald Trump
Q WASHINGTON / SAN JUAN.- El Congreso terminó de aprobar ayer el proyecto de ley que permitirá a la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ponerle una lupa al funcionamiento de las compañías de inversiones en Puerto Rico y otros territorios.
En el Senado, la medida fue aprobada ayer a viva voz, es decir sin oposición, según la oficina del senador Robert Menéndez (Nueva Jersey).
Lo mismo había ocurrido en mayo en la Cámara de Representantes, por lo que ahora pasa a la firma del presidente Donald Trump.
La legislación llena un hueco dejado por una ley de 1940 que ha permitido a casas de inversiones en Puerto Rico ser asesores financieros del gobierno, estructurar la deuda emitida por el fisco y a su vez, venderla a los fondos mutuos que administran otras filiales o venderla directamente a inversionistas locales.
La SEC ha tenido jurisdicción sobre las firmas de inversiones en Puerto Rico en lo que atañe a los procesos de asesoría financiera y la venta de productos de inversionistas a ahorristas locales. Pero no ha tenido inherencia en el funcionamiento y administración de las compañías de inversión que se gestan en la isla, también conocidas como fondos de inversión o fondos mutuos.
El senador demócrata Menéndez, autor de la medida, afirmó que la legislación protege los ahorros de ancianos, jubilados e inversionistas de una “excesiva e injusta exención en nuestras leyes de valores”.
La autora original del proyecto, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), ha indicado que los puertorriqueños de la isla no han tenido “las mismas protecciones” que los consumidores que invierten en valores en Estados Unidos.
La legislación, que tuvo el número 484 en el Senado y el 1366 en la Cámara baja, va camino a convertirse en ley después de que en 2016, sectores del Congreso pidieron a la SEC investigar las prácticas de firmas de inversiones que pudieron haber contribuido a la grave crisis fiscal y de deuda pública que enfrenta Puerto Rico.
Los expertos coinciden en que si los fondos mutuos locales hubiesen estado bajo la plena supervisión de la SEC, el banco de inversiones UBS no habría podido servir como asesor financiero de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y posteriormente, estructurar la emisión de bonos de $3,000 millones de esa dependencia y a su vez, comprar dicho papel a través de los fondos mutuos locales que gestiona otra filial y que luego se vendieron a los clientes de esta.
El asunto fue investigado por la SEC sin que se conozca hallazgo alguno. UBS ha planteado repetidamente que no incurrió en conflicto de intereses.
También se alega que los fondos mutuos de la isla no habrían podido emplear los niveles de apalancamiento -lo que aumenta el riesgo de estos instrumentos- de haber sido regulados por la SEC.
Cabilderos de fondos mutuos de UBS, incluida la firma Steptoe & Johnson, trataron sin éxito de enmendar la medida. El proyecto le otorga tres años a las firmas de inversiones para cumplir con la ley. Si la SEC lo autoriza, el período de transición puede extenderse otros tres años. REACCIONA LA OCIF. El comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, al igual que su predecesor, Rafael Blanco Latorre, entiende que la medida que ahora pasará para la firma del presidente Trump, es razonable.
“Creo que la medida surge en respuesta a lo que ha sucedido en Puerto Rico y todos los casos de arbitraje que se han presentado en Finra (la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera) y que se han adjudicado y la pérdida de capital que sufrieron los inversionistas en estos fondos cerrados. No creo que hay ninguna duda de que la medida responde a eso”, dijo Joyner.
Según Joyner, quien tomó la dirección de la OCIF hace apenas seis semanas, una primera revisión del proyecto no deja claro su alcance por tratarse de una pieza muy escueta.
“Dice que la fecha de efectividad (del proyecto) sería inmediata, pero no sabemos si la SEC lo aplicaría retroactivamente a los fondos que ya existen o si será prospectivo”, indicó Joyner.
La OCIF mantiene acuerdos de colaboración para la supervisión del sistema financiero de Puerto Rico con Finra, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés). Joyner indicó que la OCIF también colabora con la SEC, pero explicó que a raíz de la legislación en el Congreso estadounidense, buscará fortalecer dicho acuerdo.
El Nuevo Día reportó la laguna regulatoria en la SEC y su potencial impacto en los ahorristas de Puerto Rico hace más de tres años.
La legislación federal se produce también luego de múltiples reportajes de este diario y por lo menos cuatro investigaciones de parte de Finra y la SEC que han resultado en órdenes de cese y desista, multas y restituciones a inversionistas. Pero sobre todo, la legislación surge luego del colapso del sector en 2013, lo que ha dejado sobre $2,000 millones en pérdidas del capital ahorrado por inversionistas locales. Ello, entre otras cosas, por causa de la concentración excesiva de estos instrumentos en la deuda del gobierno puertorriqueño.
“Creo que la medida surge en respuesta a lo que ha sucedido en Puerto Rico y todos los casos de arbitraje que se han presentado en Finra” GEORGE JOYNER Comisionado de Instituciones Financieras