A reformar con cautela sin exponer a la niñez
La atención a los casos potenciales de maltrato a menores en Puerto Rico supone ejercer niveles máximos de rigor, responsabilidad y sensibilidad que deben estar presentes en la propuesta gubernamental para flexibilizar y acelerar el proceso de investigación de denuncias que lleva a cabo el Departamento de la Familia.
Los cambios ante la consideración de la agencia parten del alto índice de querellas que luego de la etapa preliminar se concluye que son infundadas. Desde el 2014, por ejemplo, se han realizado 93,774 referidos sobre posibles casos de maltrato infantil y en tan solo 11,852 se halló fundamento para proseguir a etapas posteriores de intervención. Esto se tradujo en un 12.9% de casos fundados en tres años. La estadística aviva la inquietud de la secretaria Glorimar Andújar en torno a la adecuacidad del procedimiento de cernimiento inicial de querellas. Con la intención de que no se produzcan aglomeraciones de casos sin méritos la funcionaria propone trabajar de inmediato en cambios a los protocolos, para acelerar la evaluación primaria de una querella.
La revisión que se dispone a adoptar no puede ser descartada, en la medida que pretende reducir el 67% de los casos que ocupan a la agencia y luego no resulta potencial evidencia de maltrato. Sin embargo, esta es una decisión que amerita ponderación y consultas amplias a los expertos en conducta humana. Exige consideraciones claras sobre los aspectos de prevención, intervención y tratamiento del maltrato, de modo que las modificaciones en el manejo de las querellas sean justificadas. Contar con el aval del gobierno federal también es importante en esta etapa en que se pretenden introducir en el Departamento de la Familia los modelos de “respuesta alternativa” basados en protocolos del gobierno estadounidense. Las clasificaciones de riesgo escaso o moderado de que un menor sea maltratado que se adoptarían deben evaluarse con cautela pues puede implicar un tipo de respuesta más liviana, alejada lo de lo que ha sido la norma en Puerto Rico.
Flexibilizar los procesos de cernimiento con la idea de hacerlos más rápidos no puede darse a expensas del rigor, la seriedad y la profundidad con que debe abordarse el bienestar físico y mental de un menor.
La triste historia de la violencia contra niños pone de relieve que el mal se manifiesta en todos los grupos socioeconómicos, étnicos, culturales, ocupacionales y de edad. Las estadísticas de Familia, aunque imprecisas, a grandes rasgos dan cuenta de que las modalidades de maltrato probadas son encabezados por la negligencia. Las instancias de maltrato múltiple y emocional están casi a la par, y ambas superan un tanto al maltrato físico, que presenta señales más fáciles de observar.
La conducta abusiva, por lo tanto, no se hace evidente, especialmente cuando se da en el ambiente familiar, pero se han identificado factores de riesgo, señales y síntomas tempranos que pueden dar base al personal de Familia para advertir la existencia de algún tipo de maltrato. Por ello, cada paso en el proceso es esencial. De ahí la importancia de que las revisiones pretendidas sigan el camino de la transparencia en la discusión, adopción e implantación de los nuevos indicadores de maltrato, para que se garantice que son adecuados a la realidad de Puerto Rico y que pasen la prueba del tiempo.
Hay que escuchar igualmente al Colegio de Trabajadores Sociales, que ha denunciado que el personal de Familia está sobrecargado de trabajo pues sobre ellos recae el peso de detectar el abuso y encausar remedios. Su apoyo es indispensable para fomentar la seguridad de la niñez y el futuro del país. Garantizar el personal adecuado para llevar a cabo las intervenciones contra el maltrato, así como la actualización de su sistema de estadísticas bajo la estrechez presupuestaria actual es un reto que tendrá que encarar esta dependencia, como lo están haciendo otras agencias, con creatividad y voluntad.
La cautela extrema es lo aconsejable a la hora de explorar nuevos mecanismos de manejo de querellas para detectar si una criatura ha sido potencial víctima de violencia y es preciso garantizar su plena protección. Si se procura adelantar la justicia social y el mayor bienestar familiar es necesario un gobierno vigoroso y de avanzada en sus políticas para el Departamento de la Familia.