A mejorar la infraestructura del país
En su paso por Las Antillas y el estado de Florida, Irma dejó evidente devastación y una enciclopedia de lecciones que nos ayudarán a prepararnos para futuros eventos atmosféricos.
El rol primordial de un gobierno es velar por la seguridad y la vida de sus constituyentes. Durante huracanes y otras emergencias, los gobiernos activan planes de acción que incluyen medidas para proteger la infraestructura que provee servicios esenciales como luz, agua, transportación y telecomunicaciones; y la vida de las personas que residen en zonas y/o estructuras vulnerables.
En este sentido la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares fue efectiva en la ejecución de un plan que refleja preparación, análisis, prudencia y coordinación.
Así las cosas, si algo aprendimos en esta ocasión es que el éxito de estos planes no yace en las acciones que se toman en las horas previas o durante la emergencia, sino de medidas y acciones mucho más profundas y abarcadoras que poco a poco se han ido adoptando para prevenir situaciones y garantizar la seguridad y la vida de un pueblo.
Tras el paso de Hugo en 1989, el noreste de Puerto Rico quedó cubierto de toldos azules de la Administración Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, por sus siglas en inglés). Fueron miles las viviendas y negocios que perdieron el techo a causa de la tormenta que dejó sobre 90,000 refugiados, y pérdidas de $1,000 millones. Luego, en 1992, Andrew azotó con toda la furia de un huracán categoría 5 el sur de la Florida, dejando una vez más al descubierto la necesidad de códigos de construcción más estrictos.
Bajo el liderato del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la industria de la construcción a través de la Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de Puerto Rico y el gobierno, la isla adoptó en el 2011 un nuevo Código de Construcción basado en guías más estrictas y abarcadoras del Código Internacional de Construcción que garantizan la edificación de estructuras más seguras y capaces de aguantar vientos de hasta 145 millas por hora, cosa que se vio en esta tormenta.
Ahora bien, la experiencia con la infraestructura no fue la misma. Tras el paso de Irma, 1.1 millones de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un 68 por ciento de los clientes de la corporación, quedaron a oscuras, mientras que 221,214 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) quedaron sin agua. También hubo 72 carreteras cerradas, lo que dificultó el acceso a las comunidades afectadas.
No cabe duda de que la infraestructura de Puerto Rico está obsoleta. Que no aguanta ni vientos de tormenta tropical. No cabe duda de que las instalaciones de luz, agua y carreteras necesitan atención urgente.
Si una lección debemos aprender de Irma es que los programas de mejoras capitales para el mantenimiento de la infraestructura del país tienen que reanudarse. El suspenso de estas obras no solo arriesga la confiabilidad del servicio sino la salud del pueblo. Ignorar esta realidad, es negarle la oportunidad de un futuro próspero, seguro y saludable a los puertorriqueños en la isla.
Como industria privada tenemos el deber de proponer e impulsar acciones para estar preparados, no solo para la eventualidad de desastres naturales sino para los retos que como pueblo enfrentamos todos los días. El momento de atender la infraestructura del país es ahora.
Francisco Díaz Massó es presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América - Capítulo de Puerto Rico