CRONOLOGÍA
POR LO MENOS DESDE EL
VERANO DE 2014, grupos asociados a fondos de cobertura de riesgo y otros acreedores del gobierno de Puerto Rico – como parte de una campaña coordinada principalmente por la firma republicana de relaciones públicas y cabildeo DCI Group-, han presionado en contra de que la isla pudiera reestructurar su deuda pública, a favor de una junta que controlara sus finanzas y del reembolso de $229 millones que la administración de Luis Fortuño llegó a ofrecer a la empresa Doral.
Junio 2014
El grupo conservador American Future Fund (AFF)publica anuncios en los periódicos estadounidenses Wall Street Journal y Politico, en los que comparó la política pública económica del gobierno de Alejandro García Padilla con las de Venezuela y Argentina, aludió a la pugna tributaria con Doral y luego denunció la ley de Puerto Rico que impulsó reestructurar la deuda pública de corporaciones públicas. Julio 2014
James Glassman, ex subsecretario de Estado para Asuntos Públicos durante el gobierno de George W. Bush y experto del conservador American Enterprise Institute-, pidió el 30 de julio a un comité del Congreso nombrar una junta que controle los asuntos financieros del gobierno de la Isla. El comisionado Pedro Pierluisi presentó el 31 de julio de 2014 su primer proyecto de ley a favor de autorizar a corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico a reestructurar sus deudas al amparo del capítulo 9 de la ley federal de quiebras. Septiembre de 2014
En anuncios a página completa en The Wall Street Journal y Politico, AFF imputó al gobernador Alejandro García Padilla mantener una “cultura de corrupción de Puerto Rico” y convertir la Isla “en un puente para el mercado global del narcotráfico que se origina en Venezuela”. Octubre de 2014
El grupo conservador Hispanic Leadership Fund describe a García Padilla como “el nuevo Castro del Caribe”, le imputa ser “autoritario” y, en referencia al caso Doral, “embarcarse en una campaña para destruir derechos de propiedad, cerrar negocios y hundir negocios hacia la miseria económica”. Febrero 2015
Por tratarse de una nueva sesión del Congreso, Pierluisi
presenta un nuevo proyecto, el número 870, para incluir a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras. Junio 2015
La Asociación 60 Plus, que mantiene una campaña publicitaria en Washington en contra del proyecto 870, resaltó el 4 de junio de 2015 la “bravura” de la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González al hacer presión en el Congreso en contra de la legislación del comisionado Pierluisi que permitiría a empresas públicas y municipios de Puerto Rico tener acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
Agosto 2015
Como abogado, Héctor Ferrer, ahora presidente del PPD, tuvo un contrato con DCI Group para preparar un memorando sobre asuntos constitucionales. El ex senador Roberto Prats ha indicado que también realizó trabajos de asesoramiento y cabildeo para firmas asociadas a DCI entre 2015 y 2016. Abril 2016
En momentos en que avanzan los esfuerzos para aprobar la Ley Promesa, el grupo conservador Centro para la Libertad Individual– Center for Individual Freedom-, ha destinado cerca de $2 millones a una campaña de anuncios en contra de miembros del Comité de Recursos
Naturales de la Cámara de Representantes y el speaker Paul Ryan, según la publicación Politico. Los anuncios respaldan los puntos de vista de los fondos de cobertura de riesgo. Junio 2016
El presidente Barack Obama convierte en Ley Promesa, que puede permitir una reestructuración abarcadora de la deuda pública de Puerto Rico e impone una Junta de Supervisión Fiscal. Julio 2016
Ryan Grillo, socio de DCI Group, dona $2,600 a la campaña de Ricardo Rosselló, quien –en momentos en que el gobierno de
García Padilla ha dicho que la deuda es impagable-, sostiene que se propone pagar toda la deuda si es elegido gobernador. Noviembre 2016
Grillo le dona el 4 de noviembre otros $1,000 a la campaña de Jenniffer González, elegida poco después nueva comisionada residente en Washington. Julio 2018
El 18 de julio, Héctor Ferrer, José Alfredo Hernández Mayoral, Luis Balbino, Carlos Dalmau y Ónix Maldonado forman parte de una delegación del PPD que tiene reuniones en el Congreso para combatir el proyecto pro estadidad de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Al otro día se les une Roberto Prats. Agosto
Ferrer y Prats admiten públicamente el 11 de agosto a El Nuevo Día que trabajaron para DCI Group. Dos días después, Ferrer dice que telefoneó a Ryan Grillo durante su visita de julio a Washington solo para saludarle. Reconoce que distribuyó un documento que por error tenía la bandera y El Morro de Cuba, y que utilizaba uno de los argumentos de los acreedores al cuestionar que Puerto Rico hubiese dejado de pagar la deuda en 2015. Según una fuente de El Nuevo Día, ese documento fue distribuido por DCI por lo menos en una oficina del Congreso.
El 18 de agosto, Ferrer evita dar precisiones sobre una cena celebrada el 18 de julio en el restaurante Morton’s Steakhouse de la avenida Connecticut a la que DCI invitó a grupos conservadores, parahablar en contra del proyecto pro estadidad de la comisionada González. Con ocasión de esa cena, DCI distribuyó un documento con puntos parecidos al documento con la bandera cubana y en el que describe a Héctor Ferrer como el “principal” aspirante a la candidatura a gobernador.