Llamado a la inclusión comunitaria
Critican se anuncie un programa de vales sin auscultar la verdadera necesidad
La vigilancia de las comunidades es quizá el factor más importante para garantizar que los $73,000 millones, que se proyecta reciba Puerto Rico para la recuperación del desastre por el huracán María, sean destinados a las personas más perjudicadas.
Así lo comentaron los activistas por los derechos de los damnificados en Texas, quienes visitaron Puerto Rico, invitados por Espacios Abiertos, para compartir su experiencia organizando a las comunidades en el proceso de recuperación de los huracanes Katrina, Ike, Dolly y Harvey, que azotaron el estado sureño entre 2005 a 2017.
“Si las personas no están involucradas en el proceso, entonces el gobierno y, principalmente, los consultores que no son de aquí, decidirán adónde va el dinero”, puntualizó el codirector de Texas Housers, John Henneberger.
Para evitar que el dinero se malgaste en proyectos que poco benefician a la población más pobre y perjudicada, “es vital que los ciudadanos se involucren para garantizar que el gobierno responda a sus intereses y que el proceso sea justo y realmente logre la ayuda para las personas”, agregó.
El ejemplo de acción comuni- taria ocurrió en las colonias del Valle de Río Grande, donde los residentes participaron de las vistas públicas, reuniones municipales y reuniones con congresistas, y su persistencia les garantizó una inversión de $800 millones en el área.
La coordinadora de los esfuerzos de organización comunitaria de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Marta Sánchez, comunicó que una de las principales lecciones es que las organizaciones se tienen que aliar para tener poder político, además de incluir a la gente local a modo de ganar la confianza del sector.
MAL EJEMPLO
A todo lo anterior, Henneberger agregó que el anuncio que hizo el gobernador Ricardo Rosselló, el jueves, de otorgar vales de hasta $50,000 para que las personas compren una casa nueva o paguen la que tienen, es un ejemplo clarísimo de la escasa voluntad para escuchar a la gente.
“Hay personas que sufren en este momento cuyas necesidades deben ser atendidas, que viven en una crisis inmediata, antes de que empecemos a dar a las personas $50,000 para el pronto para comprar casas nuevas, o perdone Dios, que permitamos que la gente compre una segunda casa con el dinero”, sentenció.
El codirector de Texas Housers opinó que la urgencia de la fiscalización y participación comunitaria estriba en que “(el gobierno) se escucha a sí mismo; es una sala insonorizada de expertos, burócratas y consulto- res”, lo que constituye una fórmula de inversiones ineficientes. Entonces, cuestionó si el gobierno en Puerto Rico aceptará el reclamo por mayor democracia, o si rehusará a ello para ejecutar el programa de fondos de Desarrollo Comunitario para la Recuperación del Desastre (CDBG-DR) como una operación de clientelismo político.
“Es vital que los ciudadanos se involucren para garantizar que el gobierno responda a sus intereses” JOHN HENNEBERGER TEXAS HOUSERS
“Hay que ocupar gente local que ya trabaja en las comunidades” MARTA SÁNCHEZ LUPE