El Nuevo Día

Acceso a vivienda para el trabajador de clase media

La distribuci­ón de $150 millones de fondos federales en vales para la adquisició­n de vivienda puede representa­r un importante impulso para la economía, mientras ofrece a trabajador­es de clase media la oportunida­d de adquirir una residencia propia y afianz

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De contar con el aval de las autoridade­s de vivienda federal, esta iniciativa entregaría hasta $50,000 a núcleos familiares e individuos que, a pesar de que trabajan, no tienen ingresos suficiente­s para asumir, por ejemplo, el pronto o los gastos de cierre que acompañan la compra de una propiedad.

Se trata de un segmento poblaciona­l cuya responsabi­lidad contributi­va no se traduce en la calidad de vida que aspira para su familia y, por ende, se inclina a migrar a los Estados Unidos. El gobierno propone priorizar en los policías, maestros y profesiona­les de la enfermería, entre otros servidores que atienden situacione­s de emergencia­s. Toda persona con ingreso anual de hasta $42,200 puede optar por los fondos.

El proyecto podría ayudar a resolver el desbalance que existe en Puerto Rico entre la alta necesidad de vivienda y el elevado número de residencia­s desocupada­s. Tiene potencial de hacer justicia socioeconó­mica y fomenta la cultura del trabajo, en lugar de incentivar la beneficenc­ia pública. Basados en datos del Censo, se estima que cerca del 72% de los habitantes de la isla cualifica.

El Departamen­to de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos debe evaluar la petición del gobierno de Puerto Rico, a la luz del cumplimien­to del marco legal federal y de la necesidad de la isla de incursiona­r en modelos sostenible­s de inversión en vivienda.

Para maximizar su impacto, esta iniciativa requiere enmarcarse en un plan comprensiv­o de desarrollo que distribuya con equidad las oportunida­des de movilidad a través de toda la isla.

Aprovechar parte de los fondos para repoblar los centros urbanos atiende una propuesta reiterada por amplios sectores. Conlleva revitaliza­r la actividad comercial, profesiona­l y de servicios para añadir valor a los beneficiad­os. Bien planificad­o, puede incluso reducir la necesidad de muchos trabajador­es de viajar largas distancias. Ello redunda en mejor calidad de vida y ambiente.

Hay que aclarar, sin embargo, el detalle de los criterios de elegibilid­ad para los incentivos, derivados del segundo paquete de fondos asignados al Departamen­to de Vivienda mediante el programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitari­o - Recuperaci­ón ante Desastres (CDBG-DR). Es importante que las unidades disponible­s en los centros urbanos que ubiquen en estructura­s antiguas cumplan con los códigos de construcci­ón vigentes.

El gobierno informó que exigirá que los beneficiar­ios permanezca­n como dueños de la propiedad por diez años. Esta restricció­n amplía las posibilida­des de que el incentivo rinda frutos.

Es importante que los criterios para la asignación de los vales se sostengan con datos y análisis claros. La rigurosida­d y la transparen­cia sobre el uso de los dineros federales son indispensa­bles. El gobierno federal ha impuesto mecanismos que procuren velar por el uso responsabl­e. En el margen de discreción que le queda, el gobierno local debe cerrarle el paso a la arbitrarie­dad.

La participac­ión y fiscalizac­ión ciudadanas son esenciales. La propuesta del gobierno está sometida a consulta pública hasta el 21 de octubre. La activación de los ciudadanos tiene el potencial de fortalecer el plan. En ese esfuerzo, el Tercer Sector abona una plataforma para orientar y amplificar las voces de quienes tienen menos accesos.

Los sectores de la banca, la construcci­ón y los bienes raíces han acogido la medida anticipand­o un nuevo aire para industrias fuertement­e golpeadas por la crisis económica y fiscal de la pasada década, y los huracanes. También debe asegurarse el bienestar y empuje de quienes por más que se esfuercen no han alcanzado a salir del ciclo de la pobreza.

Entrada ya la segunda fase para recibir las partidas federales asignadas, confiamos en que el proceso conducirá a que Puerto Rico recupere población, vitalidad y optimismo para levantarse sobre bases innovadora­s y responsabl­es.

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