Rechazo unánime en la Isla al plan de los republicanos
A la oposición que ya expresó el gobernador, se unieron varios líderes políticos
Q WASHINGTON.- La descripción de la Junta de Control Fiscal federal que propondrá el liderato republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exacerbó ayer la oposición de representantes del gobierno y la clase política de Puerto Rico, con quienes los miembros de esa nueva autoridad tendrían que trabajar.
El borrador de legislación impulsa establecer una junta federal que tenga el poder último sobre los presupuestos y planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, y pueda autorizar la reestructuración de la deuda pública, primero de forma voluntaria, pero incluso por la vía judicial.
Desde el jueves, el gobernador Alejandro García Padilla expresó su oposición a la junta federal que proponen los republicanos.
Aunque considera que “la gran mayoría de nuestro pueblo” entiende los beneficios de una “junta de supervisión temporera e independiente”, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, reconoció que el borrador contiene “disposiciones que se sacaron de la ley del 1995 que creó una junta para Washington D.C.”.
Como Puerto Rico, la capital estadounidense no tiene representación con voto en el Congreso, que siempre ha ejercido control sobre su presupuesto. Pero sus electores votan por el presidente de EE.UU.
“No creo que esas disposiciones (similares a las de D.C.) son ne- cesarias o apropiadas para el caso de Puerto Rico”, dijo Pierluisi, al señalar que la junta “tiene que hacer valer sus recomendaciones, pero respetar el proceso democrático de Puerto Rico”.
“El proyecto contiene los dos elementos que son esenciales para que pueda obtener apoyo bipartidista y convertirse en ley: un mecanismo judicial ordenado y justo para hacer valer acuerdos de reestructuración de deuda entre entidades emisoras de bonos en Puerto Rico y sus acreedores, y una junta de supervisión temporera e independiente que ayudará a instituir disciplina fiscal”, indicó Pierluisi, quien ha visto la legislación.
Al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, le parece que el resumen republicano refleja “la visión errada” de las firmas de inversiones de que una nueva autoridad federal sobre la Isla es la clave para resolver los problemas fiscales.
Desde antes de que el comisionado Pierluisi propusiera, en febrero de 2015, dar acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, las firmas de inversiones que hacían campaña en Washington en contra del Gobierno puertorriqueño, primero por el caso Doral, han pedido una Junta de Control Fiscal federal.
“Quien único ha hecho ese argumento en Washington D.C. es el grupo de fondos que ha ido comprando la deuda de Puerto Rico en descuento. La agenda de ellos es solo una: que se le pague el 100% del valor de un bono que ellos compraron a grandes descuentos, sin importar el costo social y económico en Puerto Rico”, indicó Bhatia.
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, sin embargo, recordó que el debate sobre la junta federal cobró vuelo a través de la misma propuesta del Tesoro.
El borrador de legislación que circuló en diciembre pasado, que se dice tuvo el respaldo del Tesoro y se trató de añadir sin éxito al ómnibus presupuestario de 2015, propuso una junta con poderes tan fuertes como los que sugieren los republicanos.
Para Martín, la junta federal que quiere el liderato republicano del Congreso marca “la antesala del desmantelamiento final del Estado Libre Asociado”. “No deja de ser un acto de justicia poética: se trata de la culminación del ELA”, sostuvo Martín.
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y candidato a gobernador, David Bernier, afirmó que una solución “que liquide en la práctica las instituciones de gobierno propio del país es inaceptable”. “Rechazo las pretensiones del liderato republicano al proponer el sacrifico extremo de nuestra gente”, dijo Bernier, quien el lunes presentará una propuesta para enfrentar la crisis fiscal.
BANCARROTA TERRITORIAL. Por descartar el acceso del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, el borrador republicano –como propuso el Tesoro– crearía un sistema de bancarrota y un procedimiento de reestructuración basado en la cláusula para territorios de la Constitución de EE.UU., que le otorga al Congreso poderes plenarios sobre la Isla. En sectores estadistas que se han opuesto al capítulo 9, eso ha generado más preocupación.
“Una junta bajo la cláusula territorial provocará que el ELA, que ha sido rechazado por el pueblo, se perpetúe en su forma más indignante. Cualquier propuesta de junta tiene que ser en el contexto de colaboración y trato como un estado, no como una colonia”, indicó el precandidato del Partido Nuevo Progresista a la gobernación, Ricardo Rosselló, quien mantuvo que “quien valide este tipo de arreglo, valida la colonia”.