Es preciso cumplir con los requisitos federales
La ausencia de una supervisión estricta de los fondos federales que subsidian cada año innumerables programas de beneficios sociales y económicos podría poner en peligro la continuidad de esas ayudas, que son esenciales para miles de ciudadanos.
El gobierno de Puerto Rico es responsable de garantizar el buen uso del dinero público, tanto estatal como federal, y la revelación de una auditoría que encontró fallas en la calidad de las viviendas cuyo alquiler subsidia el programa federal conocido como Sección 8 debe ser motivo de preocupación para todos.
El Departamento de la Vivienda recibe anualmente sobre $50 millones en fondos federales para subsidiar el pago de alquiler de más de 9,000 viviendas en las que residen alrededor de 27,500 personas. Algunos municipios también reciben fondos federales para el Plan 8, pero la auditoría que nos ocupa no evalúa su comportamiento.
Que el 68% de una muestra de 94 unidades a cargo del Departamento de la Vivienda que fueron examinadas por la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal (HUD) incumpliera con los estándares federales mínimos de calidad es sencillamente inaceptable.
El secretario de la Vivienda, Alberto Lastra Power, dice que las fallas fueron corregidas de inmediato, por lo que no está seguro de que su agencia tenga que devolverle a HUD los $112,215 en los que el inspector de HUD estimó el costo de las fallas detectadas.
Independientemente de ello, sostenemos que lo importante de este asunto no es la determinación administrativa de si deben devolverse o no estos fondos, que representan una parte mínima del total asignado, sino la responsabilidad gubernamental de asegurar el uso adecuado de las asignaciones.
Específicamente, nos parece inaceptable que, según revela la auditoría resultante de una inspección realizada en el primer semestre de 2015, el Departamento de la Vivienda local no evaluara el rendimiento de sus propios inspectores.
Fueron estos empleados los que certificaron indebidamente la condición de las viviendas de alquiler en las que HUD encontró incumplimiento con los estándares mínimos. El informe de auditoría destaca el caso de un inspector que no pasó la supervisión de su trabajo en los años fiscales 2013, 2014 y 2015, pero no fue enviado a recibir adiestramiento.
El Departamento de la Vivienda está obligado a establecer los procedimientos y controles adecuados para garantizar la capacidad de sus inspectores, así como también las condiciones de calidad de las viviendas subsidiadas que, en el caso de la muestra utilizada en la auditoría federal, representaron un desembolso de $19.3 millones.
De la reacción del secretario Lastra Power a la auditoría se desprende que los inspectores locales son insuficientes, no reciben evaluaciones adecuadas y han carecido hasta ahora de tecnología tan sencilla como la que representa la toma de fotografías en las unidades que revisan.
Corresponde a las agencias de gobierno que reciben fondos federales para financiar programas de interés social o de beneficios económicos, como es el caso del Plan 8, asegurar su cumplimiento con las normas más estrictas.
No hacerlo podría poner en serio riesgo la continuidad de cientos de millones de dólares en asignaciones federales para programas sociales y económicos, como Sección 8, Asistencia Nutricional y el plan de salud del gobierno, que son imprescindibles para que alrededor de la mitad de la población mantenga un nivel de vida adecuado.
Se trata, por lo tanto, de un asunto muy grave que reclama atención seria y urgente.