Las implicaciones de tener una junta de control fiscal
Ahora que las finanzas de Puerto Rico podrían quedar bajo la supervisión de un consejo fiscal federal, expertos analizan el impacto de esa decisión en la sociedad puertorriqueña
A partir de este mes, Puerto Rico entra en su undécimo año de contracción económica teniendo ante sí lo que parece ser una inminente intervención por parte del Gobierno federal y una declaración de impago -parcial o total- en la deuda pública de la Isla.
Según documentos examinados por El Nuevo Día y fuentes de este diario, Puerto Rico podría quedar bajo la supervisión de una nueva dependencia del Gobierno estadounidense que llevaría por nombre el Consejo de Asesoría Fiscal de Puerto Rico y que rendiría cuentas al Congreso federal. Ello, si la legislación en ciernes llega a votación en abril próximo y se convierte en ley.
El mecanismo de supervisión, dijeron las fuentes, no será responsable de renegociar la deuda de la Isla, aunque sí tendría que aprobar el uso de remedios legales para modificar obligaciones de deuda.
A días de que se cumpla el plazo que el congresional Paul Ryan, dio a su delegación para presentar legis- lación en torno a la crisis fiscal de la Isla, Negocios conversó con economistas, analistas, abogados y contadores públicos conocedores de procesos de reorganización financiera o que siguen de cerca la dinámica en la capital federal sobre el tema de Puerto Rico.
La plática y una investigación de este diario deja a la luz que las juntas de control fiscal o entidades similares son cosa común en Estados Unidos y en economías soberanas.
Además, según los entrevistados, el proceso de saneamiento de las finanzas públicas, incluyendo modificar la deuda parcial o totalmente, tendrá que darse independientemente de quién ocupe La Fortaleza a partir de 2017 y el proceso tomará al menos cinco años.
Sobre todo, con junta o sin ella, el proceso de transformar una economía fatigada no recaerá en los ase- sores de reestructuración o en los cabilderos, para quienes la crisis fiscal de la Isla se traduce en ganancias.
Por el contrario, lo que se avecina -bueno o malo- recaerá principalmente en los bonistas de Puerto Rico (que pagarán por partida doble la mala gestión fiscal) y en el resto de la gente que cada día se educa, trabaja, hace negocios, se enamora o envejece en Puerto Rico.
LOS ENTES FISCALES ESTÁN DE MODA.
De acuerdo con el economista senior Daniel White, de Moody's Analytics, los mecanismos de supervisión fiscal son comunes en Estados Unidos.
White aseguró que la efectividad de estos organismos, que se han puesto en vigor en decenas de condados o ciudades en problemas, depende grandemente, del alcance del organismo supervisor y de la vigencia de las iniciativas implementadas.
La mayoría de estas entidades, empero, se crean para evitar que los roblemas fiscales adquieran las proporciones del caso de Puerto Rico.
“El diablo siempre está en los detalles”, dijo White al agregar que en el caso de Puerto Rico, la efectividad de un proceso de supervisión dependerá de lo que se apruebe en el Congreso, si es el caso.
En ello, coincidió la abogada, experta en procesos de reorganización y bancarrota, Sonia Colón.
“El concepto (de la junta fiscal) no es nada nuevo y es algo que se ha venido analizando hace mucho tiempo. Todo va a depender de qué poderes tiene y quiénes van a constituir esa junta”, dijo la socia a cargo de la práctica de Quiebras para el estudio legal Ferraiouli LLC.
“Aquí se ha creado una impresión de que no se confía en este mecanismo de la junta, pero creo que es por falta de conocimiento y porque algunos políticos continúan hablando para las gradas”, agregó Colón.
Una tesis doctoral publicada por borah Isadora Kobes concluyó que entre 1975 y 2009, en Estados Unidos se crearon 119 entidades de supervi-
Domingo, 27 de marzo de 2016
Guardo la esperanza de que sea una estructura que permita realizar reformas fiscales y potenciar rápida y dramáticamente la economía” $125,000 Gasto diario aproximado de Puerto Rico en asesoría financiera, legal, manejo de crisis y reestructuración en los pasados dos años.
sión o control fiscal.
O sea, según la egresada del Massachussetts Institute of Technology (MIT), desde la sonada crisis fiscal de la ciudad de Nueva York hasta la crisis financiera de 2008, en Estados Unidos, se crearon casi cuatro entidades supervisoras en materia fiscal cada año.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Holanda habría sido el primer país en adoptar un consejo fiscal en 1960. Para la década de 1980, se creaban o se aprobaban anualmente unos cinco mecanismos de supervisión fiscal o se aprobaban reglas a esos fines. En 2013, según la FMI, se aprobaron unos 30 mecanismos de supervisión o reglas fiscales desde lugares tan lejanos como Australia y tan familiares como Chile o España.
LA INDEPENDENCIA DE CRITERIO.
De acuerdo con White, aunque existen diversos mecanismos de supervisión fiscal, los más exitosos son aquellos que cuentan con independencia del proceso político y donde sus integrantes poseen la suficiente pericia y objetividad para tomar las decisiones que corregirán las deficiencias fiscales, asegurarán los servicios públicos y los pagos a acreedores, a pesar de cuán impopulares sean. La divulgación de información financiera y de reportes de progreso también es máxima prioridad.
De igual forma, entablar conversaciones y planes de trabajo con la comunidad es clave para el éxito de un esfuerzo transformador.
White dijo, además, que muchos condados o ciudades que confrontaron problemas para acceder a capital por sus líos fiscales, pudieron regresar a los mercados más rápidamente una vez las entidades de supervisión entraron en vigor. Desde la perspectiva del economista
Antonio Fernós Sagebién, con o sin mecanismos de supervisión fiscal en vigor, ninguna economía puede salir de una crisis de endeudamiento y lograr un alivio de sus acreedores sin que ello también implique ajustes para el ciudadano común.
CORREA Y LA DEUDA ECUATORIANA.
A manera de ejemplo, el profesor de Finanzas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico citó el caso del Ecuador.
En 2008, para asegurar la prestación de servicios públicos, el presidente
Rafael Correa, decretó un impago parcial en la deuda pública.
Siendo ministro de Economía, Correa entendió que Ecuador contrajo obliga- ciones multimillonarias por acuerdos plagados de corrupción y al tomar la presidencia, creó una comisión para auditar la deuda ecuatoriana.
“En esa auditoría encontraron conflictos de intereses y prevaricación y aquellas emisiones donde se encontró todo eso se repudiaron”, explicó Fernós Sagebién, al agregar que los problemas del Ecuador no terminaron con declarar un impago.
“Tan pronto empezaron a cerrarse los mercados, Ecuador tuvo que poner en vigor controles fiscales, tuvo que imponer arbitrios nuevos como el de las transacciones monetarias”, dijo Fernós Sagebién. “Hubo que hacer reformas estructurales, drásticas y brus- cas y muchas no salieron bien. En este momento, el gobierno tiene un problema de flujo de efectivo y la estructura tributaria ha cambiado tan bruscamente que no deja los ingresos”.
NO SE PUEDE JUGAR EN DOS LIGAS.
Además, dijo Fernós Sagebién, Ecuador perdió la financiación del Banco Mundial y del FMI. Ahora, en esencia, China financia al Ecuador.
El economista subrayó que Puerto Rico no tiene las prerrogativas de un emisor de deuda soberana y corregir sus problemas tampoco resultará en lograr acceso rápido a los mercados, lo que es crucial para reactivar la economía.
“En esto, o perteneces al mercado doméstico o al mercado de deuda soberana y las reglas en cada uno son distintas. Es como en el béisbol, no puedes jugar en la Liga Americana y en la Nacional a la misma vez”, destacó Fernós Sagebién.
En Estados Unidos, sea por problemas económicos, corrupción o ambas, también ha habido varios casos de incumplimiento con acreedores, siendo los eventos en Jefferson County y Detroit, dos de los más recientes y sonados.
Jefferson County se acogió al Capítulo 9 del Código de Quiebras federal y llegado ese momento, el condado de unos 600,000 habitantes, según el Negociado del Censo, terminó haciendo por dictamen de un juez, lo que antes pospuso.
En Detroit, Kevin Orr, fue nombrado administrador de emergencia y el plan correctivo incluyó acogerse a la bancarrota, reducir pensiones y recortar el principal a los bonistas con las mayores protecciones.
AJUSTES INEVITABLES.
“Es políticamente fácil recortar lo adeudado a los bonistas (en un proceso de renegociación), pero, ¿estás dispuesto a cortar lo adeudado a los pensionados? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hicimos en Jefferson County,
que fue enviar una tercera parte de los trabajadores a casa porque no podíamos pagarles?”, subrayó Patrick Darby, quien representó al condado de Jefferson durante el litigio.
“Esas son las batallas que tienes que dar, que son muy difíciles y que no se van a ir”, dijo el abogado, quien recientemente participó de un foro coordinado por la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
De acuerdo con Colón, tanto en el caso de Jefferson County como en la quiebra de Detroit quedó demostrado que los procesos de resolución de deudas provistos a través del Capítulo 9, no resuelven los problemas estructurales de una economía.
Según fuentes de este diario, la legislación congresional que se trabaja para Puerto Rico contempla que las agencias de la Isla puedan sentarse a negociar con sus acreedores y de no ser factible, acudir a los tribunales utilizando como contexto el marco legal que provee el Código de Quiebras federal.
RECHAZO A UNA SINDICATURA.
“Si la junta que viene es tipo sindicatura, no va ser beneficiosa para Puerto Rico”, replicó el contador público Ismael
Falcón . De acuerdo con Falcón, si se instaura un ente enfocado únicamente en cuadrar la caja del Departamento de Hacienda y el presupuesto, ello podría acelerar la ola migratoria que experimenta la Isla desde hace una década.
Agregó que frecuentemente, en las conversaciones que ha sostenido en el Congreso acerca de la Isla, surge el modelo aplicado a la capital federal.
“Washington, D.C. y Puerto Rico son dos cosas totalmente diferentes”, dijo Falcón. El actual presidente de la Asociación de Exalumnos de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico (AFAE) opinó que lo conveniente para la Isla sería acoger únicamente el aspecto proceso del modelo utilizado en la capital federal.
La junta de control fiscal que se aplicó a Washington D.C. y que fue aprobada por el Congreso durante la década de 1990, tenía un rol de apoyo y asesoría. Cuando ello no dio resultado, se ampliaron sus poderes para dar paso a medidas antipáticas como el cierre de escuelas y el despido de empleados públicos.
Falcón, al igual que los demás entrevistados, coincidió en que la intervención del Gobierno estadounidense parece inminente porque Puerto Rico, sabiendo lo que tenía que hacer, no tomó acciones decisivas a tiempo.
Destacó que resulta difícil asegurar la continuidad de las operaciones gubernamentales cuando un país experimenta cinco cambios de gobierno en menos de 20 años.
LA EXPERIENCIA DE LA CRUV.
Falcón recordó que en ocasiones anteriores, el propio Gobierno lidió asertivamente con entidades en problemas.
Ese fue el caso de la Corporación para la Renovación Urbana y de Vivienda (CRUV), entidad que administraba unos 300 residenciales públicos y otorgaba préstamos para la compra de tierras y la construcción de residencias. En 1991, luego de que la CRUV colapsara, se aprobó una ley para su sindicatura y liquidación.
Falcón, quien tuvo a su cargo la liquidación de la CRUV, sostuvo que pese a que la entidad había otorgado unas 55,000 hipotecas, no había auditorías de tales operaciones y no se calculaban cosas tan básicas como la amortización de principal e interés en las cuentas.
“La gente no pagaba los préstamos simplemente porque la CRUV no los cobraba”, recordó Falcón.
Bastó contratar una compañía de cobros, mecanizar los procesos de la corporación pública y readiestrar al personal para ingresar $2 millones al mes. Al cabo de cinco años, Falcón completó la liquidación de la CRUV, pagando a todas las acreencias y enviando al Fondo General un sobrante de $100 millones.
“Lo que eso te demuestra es que un proceso de supervisión no ne-
“El Capítulo 9 no provee las alternativas
que son necesarias, cuando los problemas de una jurisdicción son
estructurales”
SONIA COLÓN
experta en Quiebra y Derecho de Acreedores “Un proceso de supervisión no necesariamente conlleva el cierre de agencias o el despido
de personal”
ISMAEL FALCÓN
presidente de AFAE “En esto, o perteneces al mercado doméstico o al mercado de deuda soberana y las reglas en cada uno son
distintas”
ANTONIO FERNÓS SAGEBIÉN
Economista
cesariamente conlleva el cierre de agencias o el despido de personal”, dijo Falcón.
De aquí que la AFAE busca insertarse en el proceso de diseño de la junta supervisora federal. Esto, a fin de que las prerrogativas que se otorguen al organismo supervisor hagan factible la reorganización del Gobierno y a su vez, la creación de mejores condiciones para hacer negocios en la Isla. EL PRECIO DE SANEAR LAS FINANZAS. Según el abogado responsable de la práctica de Gobierno en Ferraiouli,
Jorge San Miguel, la falta de consistencia en la ejecución pública y en la implementación de políticas económicas que pudieron ser favorables a la actividad económica -como fue el programa de alianzas público-privadasha llevado al liderato político estadounidense a concluir que urge un mecanismo supervisor para la Isla.
“Guardo la esperanza de que sea una estructura que permita realizar las reformas fiscales que sabemos que hay que hacer y a la misma vez, que nos brinde una estructura que ayude a potenciar rápida y dramáticamente la economía”, dijo San Miguel.
San Miguel criticó que la administración del presidente Barack Oba
ma no asistiera financieramente a Puerto Rico, pues ese apoyo pudo dar un alivio para encausar las reformas que se necesitan y dar curso al proceso de renegociación con los acreedores.
En contraste, San Miguel destacó los avances que se alcanzaron en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la importancia de que las modificaciones de la deuda sean producto de un proceso concertado en lugar de una disputa legal. Ello, si el objetivo ulterior es que Puerto Rico prospere y haya un freno en la migración.
San Miguel recordó el caso de Argentina, donde tras la declaración del impago en 2001 y de la devaluación del peso argentino, la economía colapsó. Argentina tuvo por asesor legal a la misma firma que emplea Puerto Rico, Cleary Gottlieb, hasta que este año, el recién electo Mauricio Macri instruyó a que la firma pase a un segundo plano y se contrate un nuevo asesor legal.
Según San Miguel, partiendo del costo de otros procesos de bancarrota, Puerto Rico podría tener que desembolsar entre $300 millones y $600 mi- llones por año para renegociar sus obligaciones, recursos que también saldrían del erario puertorriqueño.
Al presente, según cifras oficiales, excluyendo la renegociación en la Au- toridad de Energía Eléctrica (AEE), el Gobierno ha invertido unos $90 millones en contratos de asesoría para la deuda de Puerto Rico. Así las cosas, sin haber negociado un dólar, en los pasados dos años, Puerto Rico ha gastado unos $125,000 diarios en su intento por modificar la deuda y lograr apoyo del Gobierno federal.
“Solo un cambio en la actitud de Argentina ya le está abriendo el mercado”, ejemplificó San Miguel.
Argentina se aprestaba a reclutar al abogado que ayudó a prevenir un segundo impago en Grecia, la economía más golpeada de la Eurozona y que pese a a más de tres años de asistencia financiera y técnica, continúa en picada.
Falcón, San Miguel y Colón coincidieron en que la efectividad de una junta fiscal para la Isla dependerá de cuánto pueda insertarse el sector privado y no gubernamental en el proceso. Ello no necesariamente implica tener participación directa en el organismo supervisor, pero sí en los comités de trabajo que se organizan para implementar los planes y reformas a implantarse.
“Este proceso nos va a tomar entre tres a cinco años. No va a ser fácil, ni gratis y va a costar sacrificio, pero podemos resolverlo”, aseveró San Miguel.