DISPARAN DE TODOS LADOS CONTRA LA JUNTA
Republicanos, demócratas y bonistas en EE.UU. se oponen a la medida, lo que augura un tránsito complicado para el proyecto
WASHINGTON.- Si se convierte en un proyecto de ley, al borrador de los republicanos de la Cámara de Representantes que persigue imponer una poderosa junta federal que asuma el control fiscal del gobierno de Puerto Rico y conduzca un proceso hacia la reestructuración de la deuda pública, le espera un camino lleno de espinas.
Mientras la propuesta incluya una junta que le arrebate al gobierno de Puerto Rico el control de su presupuesto y del proceso legislativo, las autoridades de la Isla harán presión en contra.
Con un apartado que permite frenar las litigaciones de cobro en contra del gobierno y un procedimiento de quiebra que se interpreta autoriza reajustar toda la deuda pública de la Isla, que asciende a $70,000 millones, las firmas de inversiones intensificarán su oposición.
En eso coinciden estrategas que han conocido las interioridades en el Congreso sobre el proyecto de ley que quiere echar hacia delante, en abril, el speaker cameral Paul Ryan.
Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del grupo de trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca de Bill Clinton y ha sido cabildero de grupos estadistas, afirmó que “el Congreso no va a aprobar un proyecto ‘para ayudar a Puerto Rico’ al cual los puertorriqueños se oponen” y la realidad es que muchos de los bonistas “no están ansiosos porque se apruebe legislación”.
“La teoría que promueve el proyecto es que la reducción de la deuda es más importante que el autogobierno de Puerto Rico”, afirmó Farrow, para quien es evidente que el gobierno federal, al mismo tiempo, quiere evitar ser responsable de cualquier reclamo legal financiero.
Para Federico de Jesús Febles, asesor en Asuntos Federales del candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), David Ber- nier, la propuesta republicana “es inaceptable porque no respeta la democracia puertorriqueña y no atiende el problema de fondo. La crisis no se va resolver sin herramientas efectivas de desarrollo económico ni la buena voluntad del pueblo de Puerto Rico”.
“Es muy temprano para decir que está muerto, pero no sé cómo sigue hacia delante. Han querido complacer a todo el mundo y no hay incentivos para llegar a consensos”, indicó, por su parte, Alfonso Aguilar, director ejecutivo de la Alianza Latina de Principios Conservadores.
Tanto el gobernador Alejandro García Padilla, como el liderato legislativo de Puerto Rico y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien es miembro del Comité de Recursos Naturales -la comisión que guiará la legislación-, han objetado una junta como la que propone el borrador que circuló este fin de semana, que dejaría en manos de la autoridad federal la decisión última sobre presupuestos, proyectos de ley y hasta el manejo de las oficinas del gobierno de Puerto Rico.
Hasta la representante Jenniffer González, presidenta del Partido Republicano de EE.UU. en Puerto Rico y quien apoyó la junta de control fiscal que propuso el senador Orrin Hatch (Utah), rechazó el borrador cameral.
Basado en el poder del Congreso sobre sus territorios, la propuesta pasaría por encima de la Constitución de Puerto Rico al quitar a los legisladores y al gobernador el poder de decidir el presupuesto, y abrir la puerta a reestructurar obligaciones generales que deben tener trato preferente.
Durante el fin de semana, el republicano Jeff Duncan (Carolina del Sur), miembro del Comité de Recursos Naturales, indicó que se opondrá al apartado de la legislación que permite un freno en la litigación en contra del gobierno de Puerto Rico, un lenguaje clave para evitar un impago masivo, por lo menos el 1 de julio.
Antes de que comenzara el debate sobre el acceso de las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras -cuando estaba en marcha la guerra de relaciones públicas del banco Doral en contra de la administración de García Padilla-, Duncan se expresó a favor de imponer una junta federal fiscal sobre la Isla, la cual describió como un “país latinoamericano”.
“Los bonistas se van a oponer al proyecto pues lo ven como un súper capítulo 9”
ALFONSO AGUILAR Director ejecutivo de la Alianza Latina para Principios Conservadores
“No estaré a favor de un freno en la litigación”, dijo Duncan a la agencia de noticias Reuters.
Los planes del jefe del Comité de Recursos Naturales, el republicano
Rob Bishop (Utah), han sido divulgar mañana la versión más reciente del borrador de legislación, la cual espera presentar como proyecto de ley en la semana del 11 de abril, cuando la Cámara reanuda sus sesiones.
Aunque han querido celebrar una audiencia legislativa sobre el proyecto el 13 de abril -que extrañamente coincidiría con la ceremonia que organiza la oficina de Ryan para entregar la Medalla de Oro del Congreso a veteranos y familiares del 65 de Infantería por sus ejecutorias en Corea-, y una sesión de votación en el Comité de Recursos Naturales al día siguiente, las pugnas que genera la legislación pueden volver a retrasar el calendario, según fuentes legislativas.
Aunque el plan republicano permite devolver 3,100 cuerdas de antiguos terrenos militares “no contaminados”, según el comisionado Pierluisi, que estuvieron en manos del Departamento del Interior, y reducir el salario mínimo por tres meses a lo que tienen 25 años o menos, por el momento la “solución republicana” cameral a la crisis fiscal es establecer una nueva autoridad federal sobre Puerto Rico con poderes para impulsar la reestructuración de la deuda pública.
EL PLAN OBAMA. Los pilares del plan del gobierno del presidente Barack
Obama incluían autorizar la reestructuración de toda de la deuda pública de Puerto Rico y crear una junta de supervisión fiscal, que “respetara la autonomía” de la Isla.
La realidad, sin embargo, es que en el área de reestructuración “el borrador republicano es esencialmente muy similar al que había preparado el Departamento del Tesoro” durante las negociaciones del ómnibus presupuestario en diciembre pasado, señaló Farrow, quien fue también director ejecutivo del Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja federal antes de trabajar en la administración de Bill Clinton.
Otras dos propuestas hechas por el gobierno del presidente Obama, encaminar la paridad en Medicaid y otorgar acceso al crédito contributivo por ingresos devengados (Eitc), quedarían aparcadas en espera del debate sobre el presupuesto 2017.
“Durante los próximos días trabajaré de manera constructiva con (el congresista) Bishop, para poner al proyecto en posición de convertirse en ley”, señaló Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y precandidato a gobernador, confiado en que habrán enmiendas que suavicen el poder imperial de la junta federal.
El gobernador García Padilla amenazó este fin de semana con impugnar en los tribunales los poderes de la junta, si la medida se convierte en ley, molesto porque tacharía el funcionamiento constitucional del gobierno.
CONSERVADORES. Aguilar ha sido enlace con republicanos del Congreso para el precandidato a gobernador por el PNP, Ricardo Rosselló, y participado de reuniones con funcionarios del Comité de Recursos Naturales y otras comisiones.
“Los conservadores van a ver (el lenguaje de reestructuración) como un súper capítulo 9”, advirtió Aguilar, quien considera que la junta federal del liderato republicano cameral, como la define el borrador, “supone un cambio en las relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos".
Aún después de que termina el control fiscal, la junta puede quedar como una especie de “niñera” de los gobernantes de la Isla, agregó Aguilar, quien fue director de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) bajo el gobierno de Pedro Rosselló.
Farrow destacó que ha sido un error del Congreso no entender que el problema de fondo de Puerto Rico es la falta de herramientas y poderes bajo el actual status territorial.
EL DEBATE EN EL GOP. Para poder echar hacia delante cualquier legislación que incluya un procedimiento de reestructuración, el speaker Ryan va a tener que torear las objeciones internas en su caucus, coinciden los expertos.
La Junta Directiva del Comité de Estudio Republicano (RSC, por sus siglas en inglés) -que reúne a 171 de los 246 republicanos de la Cámara baja-, ya se expresó en contra del acceso de las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9.
A los más conservadores, unos 40 republicanos reunidos en el Freedom Caucus, les puede parecer también una mala idea intervenir en la Isla.
Los republicanos van a querer cumplir con la “regla Hastert”, que requiere que en proyectos controvertidos la mitad más de uno de su caucus apoye la legislación.
“A Ryan se le va a hacer muy difícil navegar esas aguas. La derecha va a tener problemas serios con la reestructuración y la izquierda con que se interfiera con el autogobierno en Puerto Rico”, indicó Aguilar.
Farrow sostuvo que la aprobación de un proyecto de ley se complica además mientras el gobierno de Puerto Rico no presente los estados financieros auditados -que se supone estén listos el mes próximo-, insista en tener una autoridad de reestructuración más amplia que la de los estados y no demuestre que hace ajustes en la administración del gobierno.
Tanto Farrow como De Jesús Febles, quienes han trabajado con demócratas del Congreso y el Ejecutivo estadounidense, coincidieron en que la minoría legislativa rechazará limitaciones en el salario mínimo federal o que la junta obvie normas ambientales para proyectos de construcción.
“Los conservadores deberían entender que si no le otorgan incentivos contributivos al país ni mayor equidad en los programas de salud federal, la economía de Puerto Rico no va a enderezarse y el presupuesto no se va a balancear”, sostuvo de Jesús Febles, exsubdirector de Prfaa.
Para el asesor de Bernier, quien fue además portavoz hispano de la campaña de 2008 de Obama, “este proyecto no va a convertirse en ley antes del 1 de mayo”, cuando puede ocurrir un impago masivo, por lo que piensa que la presión debe dirigirse hacia el Ejecutivo federal para demandar “acciones contundentes antes de que sea muy tarde”.
“La teoría del proyecto es que la reducción de la deuda es más importante que el autogobierno de Puerto Rico”
JEFFREY FARROW Responsable de los asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca de Bill Clinton
“Es inaceptable porque no respeta la democracia puertorriqueña ni atiende el problema de fondo”
FEDERICO DE JESÚS FEBLES Asesor de David Bernier y exsubdirector de Prfaa