Tenemos que poner la casa en orden
Antes de las elecciones, recordemos las decisiones fiscales de las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá que entregaron el gobierno en 2009 con un enorme déficit presupuestario y deudas a millonarias a contratistas y suplidores sin recursos gubernamentales para pagarlas.
Las agencias que establecen la clasificación crediticia clasificaron los bonos del gobierno como “chatarra”.
La recesión en Puerto Rico comenzó bajo Acevedo en 2006 y en mi columna de enero de 2009 presenté un cuadro de “Un Gobierno Insolvente” porque existía un déficit operacional de aldedor de $3,300 millones. Durante una recesión es necesario incentivar la empresa privada para que genere empleos, pero, por el contrario, el gobierno fracasó con el Impuesto sobre las Ventas y el Uso (IVU), no redujo gastos y aumentó el gigantismo gubernamental.
En 2009, el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica concluyó que la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de la historia de Puerto Rico. La situación era tan seria que la alternativa de no hacer nada era inaceptable. El Estado Libre Asociado (ELA) estaba quebrado.
La administración de Luis Fortuño determinó que la gravedad de la crisis requería acción urgente y valiente. Redujeron los gastos operacionales y la inversión de capital, y establecieron alianzas público-privadas. A cambio, el Partido Popular Democrático (PPD) desarrrolló una campaña populista basada en promesas falsas. Atacó el plan de Fortuño y en 2012 engañó a los electores.
Posterioremente hemos pagado las consecuencias de esa decisión electoral. Los 39 meses de este cuatrienio han definido un gobierno fracasado, ya que no puede implantar una política pública efectiva para resolver la crisis y estimular el progreso. Recientemente, un artículo de Joanisabel González en El Nuevo Día informó que las quiebras aumentaron un 13% en febero de 2016 en comparación con 2015 y un 9% comparando enero/febrero de 2016 con enero/febrero de 2015.
El Sistema de Retiro de Maestros está al borde del colapso. El Departamento de Educación no paga las aportaciones que debe hacer al Sistema de Retiro, porque utiliza esos fondos para gastos operacionales. La Universidad de Puerto Rico (UPR), manipulada por el PPD para oponerse a las medidas de austeridad de Fortuño, ahora se encuentra en serias dificultades presupuestarias; y hasta el Consejo General de Estudiantes ha denunciado que la Administración ha otorgado Becas Presidenciales que confirman la cultura de amiguismo y nepostimo.
En solo un fin de semana asesinan a 11 personas y sigue aumentando la criminilidad, y por falta de recursos la Adminstración de Tribunales ha ordenado cierres parciales o totales de salas para el resto de 2016.
Contrario a la parálisis en construcción de nuevas viviendas en Puerto Rico, a nivel nacional se registra un aumento de 5.2% en febrero. Aquí simultáneamente, se informa de contratistas a quienes la AAA les debe $150 millones desde 2014.
National Public Radio (NPR) destacó que como consecuencia de los bajos salarios, la emigracion de personal de la salud ha tenido un impacto devastador en los hospitales y clínicas. El propio Alejandro García Padilla, que rechaza a EEUU como su nación, contradictoriamente acepta que bajo la colonia se reciben menos fondos federales y reclama que el Congreso nos trate como un estado en los programas de salud, incluyendo medidas contra el zika.
El colonialismo ha fracasado con un gobierno que ha sido incapaz de controlar gastos, evitar el despilfarro, reducir el gigantismo gubernamental y desarrollar la economía. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, el Congreso considera imponer una Junta de Control Fiscal con poderes sobre la administracion pública que exigirá reducir la nómina, supervisar contratos, obligar a honrar los sistemas de pensiones gubernamentales y restructrar la deuda.
Mientras no tengamos los poderes políticos y la igualdad ciudadana con todos los derechos constitucionales que solo se logran con la estadidad, tendremos que aceptar la intervención del gobierno federal hasta que un nuevo gobierno ponga la casa en orden.