Rechazo a propuesta Junta Federal trasciende colores
Reacciones. El borrador de la legislación federal para P. R. no cayó bien en ninguno de los partidos
Luego de varios meses de cabildeo para que el Congreso tomara acción para atender la crisis local, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representante presentó el borrador de un proyecto con el que se pretende establecer una Junta Federal de Control Fiscal con amplios poderes decisionales. Varios líderes locales ya se han mostrado en contra de la legislación.
El gobernador Alejandro García Padilla es uno de los que mostró su repudio a la propuesta republicana. “De aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad de naciones”, advirtió García Padilla al tiempo que anticipó que esta semana convocará una reunión con todos los candidatos a la gobernación para “unirnos en ese reclamo básico, sin distraernos con la discusión político partidista”.
Y es que, de acuerdo con el documento, el gobernador del Estado Libre Asociado (ELA) pertenecería a la junta, pero no tendría derecho a tomar decisiones. Además, el ente sería el que tendría la potestad de determinar si el presupuesto es apropiado.
La medida ordenaría que se estudien los sistemas de retiro del Gobierno para buscar métodos de financiamiento. Además, la junta podría ordenar detener normas locales para establecer las que los miembros del organismo entiendan que acelerarían el desarrollo económico.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, opinó que el borrador es una muestra de cómo el Partido Republicano ve a la isla. “No hay duda de la forma y del pensamiento respecto a Puerto Rico al menos por parte de los republicanos […] Es una propuesta retrógrada, antidemocrática, donde se incumple con la constitución”, sentenció el legislador.
Ahora bien, el representante precisó que entiende que la medida no será aprobada y vislumbra que Puerto Rico recibirá alguna ayuda a corto plazo, pero sentarse con los bonistas “dará mejores resultados”.
Otro que demostró resistencia a la propuesta lo es el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, quien catalogó la propuesta como “la culminación del ELA colonial”. “El borrador establece que el gobernador tiene que reportarse cada tres meses ante la Junta, que goza de inmunidad en cuanto a sus determinaciones con respecto al presupuesto del País, y ni él ni la Legislatura pueden supervisar acciones de la Junta. En otras palabras, la Constitución del ELA no vale el papel donde está escrita”, subrayó.
En contraste, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien acogió la invitación de García Padilla, anunció que trabajará en la Cámara de Representantes para modificar el borrador. “Con relación a la duración de la Junta, la Sección 209 de la ley establece que la Junta concluirá una vez Puerto Rico haya experimentado cinco años consecutivos de presupuestos balanceados. Creo que este término de tiempo es demasiado largo y que tres años es uno más apropiado”, precisó.
Asimismo, el candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, manifestó que, “para que se justifique la imposición de una junta, el Congreso debe conceder apoyo económico sustancial para la isla, no únicamente por acceso al Capítulo 9”.
El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo ‘Ricky’ Rosselló, declinó reunirse con el gobernador.