JULIO RIVERA SANIEL
PERIODISTA TWITTER: @RIVERASANIEL
La pasada semana el juez federal Francisco Besosa parecía regañar al superintendente de la Policía, José Caldero. Y para muchos el regaño ha sido merecido. Un regaño que aplica a Caldero de la misma manera que a sus antecesores. Se trata de la excesiva politización de la Uniformada y los ascensos que siempre llegan al finalizar una administración. De esos que dejan atornillados o bien ubicados a “los de la casa” ante la posibilidad de un cambio de gobierno.
Pero si bien la politización de la Policía es un problema que el juez acierta en identificar, la base de su planteamiento falla en la sustancia. Sí, este año hay 60 asesinatos más que el año anterior. Sí, tenemos un problema de seguridad que se nos va de las manos. El problema es que la horrenda tasa criminal no puede adjudicarse en su raíz al desempeño de la Policía de turno, aunque eso nos han hecho creer los miembros de la clase política. Durante décadas los ciudadanos hemos sido llevados a pensar que el crimen es un mal de estructura lineal en el que los actores principales son pillos y policías. Y que para acabar con los pillos, los policías necesitan “más equipos, más patrullas y más pistolas”. Más de lo menos importante.
Evidentemente la policía juega un papel importantísimo en la lucha contra el crimen y el plan de trabajo que se desarrolle desde ella representa un porcentaje importante de la fórmula para combatir el asunto criminal. Pero al limitar nuestra visión del ataque al crimen a una óptica de pillos y policías, fallamos en atender las verdaderas razones del problema.
Según han demostrado innumerables estudios, el crimen es un problema de profundas raíces sociales y económicas que en el caso de Puerto Rico hemos fallado en atender. Por lo mismo, no debe sorprender que hemos perdido y continuamos perdiendo la guerra sin parecer entender las verdaderas raíces del problema. ¿Que cuáles son? Está claro que la inequidad, los problemas económicos y la falta de una educación efectiva y adecuada son los ingredientes perfectos para el aumento en el crimen. Y en Puerto Rico los tenemos todos.
Para muestra, un botón. En el año 2000 el Banco Mundial analizó el tema de las raíces del crimen y para hacerlo llevó a cabo un estudio en 2,000 municipalidades en México. Los expertos encontraron que las localidades con menos desigualdad social tenían, como sospechaban, menos crimen. Una deducción lógica nos lleva a pensar que si combatimos la desigualdad, también combatiremos el crimen. Pero en Puerto Rico estamos lejos de conseguirlo. La clase media se ha ido achicando y la pobre va en aumento.
Si miramos los datos disponibles descubriremos que el 50 % de los confinados en Puerto Rico provienen de comunidades pobres y marginadas. A lo anterior hay que añadir la educación. Según datos locales, el 52 % de los estudiantes que ingresan el sistema público de enseñanza no terminan sus estudios. Otras publicaciones apuntan a que el 91 % de los presos no terminó la escuela. Lo anterior sin hablar de la bomba de tiempo que supone la baja tasa de participación laboral, un 11 % de desempleo y el hecho de que en medio de ese panorama de falta de trabajo el negocio de la droga y la llamada economía informal generan al menos unos 15 mil empleos directos ( La Economía del bienestar en Puerto Rico: el costo de la criminalidad, del profesor José Alameda).
La raíz del problema criminal ha estado y está más que clara. Pero a pesar de ello hemos decidido pensar que el asunto se resuelve con agentes y armas. Es evidente que la Policía debe completar satisfactoriamente una reforma que arranque de raíz su problema de violación de derechos civiles. Es incuestionable que la política partidista carcome la Uniformada y otras instituciones. Pero no equivoquemos el diagnóstico. Acabar con el crimen supone abandonar esa mirada histórica que nos lleva de equivocación en equivocación al intentar ganar la guerra criminal. ¿Para cuándo lo dejamos?