DEMAGóGICA CACERíA DE VOTOS
A pocas semanas de las elecciones, varios candidatos políticos que aspiran a la silla de la gobernación han concertado acuerdos con grupos religiosos comprometiéndose a impulsar medidas para revertir algunas políticas públicas que, en los últimos años, han aportado al desarrollo de una sociedad más democrática, participativa y plural.
La intención es revisar las legislaciones a favor de los derechos de la comunidad LGBTTI y aquellas otras medidas que promuevan la igualdad, así como las que establecen la importancia de una educación con perspectiva de género en nuestras escuelas. Todas tienen la intención de atacar los prejuicios, la discriminación y la violencia.
En contraposición, están los reclamos perversos de algunos líderes religiosos que promueven la homofobia y la discriminación y quienes ahora apuestan al chantaje electoral para imponer sus agendas ataviados de un discurso moralista.
Este acercamiento religioso, que se presenta en el mercado electoral bajo el emblema de “valores cristianos”, es peligroso porque, en su faz, encara actitudes discriminatorias e intolerantes que, además, violentan el principio de completa separación de Iglesia y Estado.
Los líderes de esos grupos cristianos conocen bien que el periodo electoral es óptimo para impulsar sus creencias y emplazar a los candidatos políticos con los votos de los miembros de sus congregaciones. Lo arriesgado de esta intención es que, tras el reclamo de los representantes del fundamentalismo religioso, subsisten actitudes intolerantes que no aportan a la aspiración de una sociedad con sana convivencia.
Que los grupos religiosos fundamentalistas vengan a imponer sus perspectivas extremistas, herméticas y segregacionistas es terrible porque sus postulados se sostienen en ideas absolutas y acríticas que niegan y rechazan la convivencia en la diferencia y pasan por alto el respeto a los derechos humanos y civiles de todos y todas.
Estos grupos también olvidan que el principio de separación de Iglesia y Estado está íntimamente ligado a la libertad de religión y de expresión, lo que implica que las sectores religiosos deberían estar en primera fila exigiendo el cumplimiento de esta doctrina porque su libertad de culto depende, precisamente, de ese principio constitucional.
Los desafíos que nos presenta la época a la que asistimos nos convocan a defender la diversidad, apostar por la integración e impulsar prácticas y estilos verdaderamente democráticos.
Como dijo el filósofo francés Jean-François Lyotard, en ocasión de plantear la manera en que los individuos debíamos aproximarnos a la construc- ción de nuevas formas de vida, “hay que aceptar, y se hace sin nostalgias, vivir sin fundamentación”.
Al momento, candidatos del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático han dado muestras de haber cedido a las presiones de estos sectores religiosos, pasando por alto los principios que deben regir una sociedad democrática que, ante todo, debe tener como aspiración la consolidación de espacios de igualdad y justicia.
Con esa movida, estos políticos se lanzan a una demagógica cacería de votos e identifican estos nichos electorales, fácilmente manipulables por sus líderes, como una vía de tomar ventaja en una contienda que al día de hoy parece estar cerrada.
Ante esto, es tiempo que los electores tomen nota y emplacen a sus candidatos políticos, recordándoles que su deber, de salir electos, es defender y representar a todos y todas las ciudadanas por igual, sin importar su color, sexo, identidad de género, color, origen étnico ni religión.
Que tengan claro que la defensa de los derechos humanos y civiles de nuestras ciudadanas y ciudadanos deben estar por encima de cualquier dogmatismo, sobre todo aquellos que se imponen amparados en la fe ciega de conducir los destinos de la sociedad bajo criterios moralistas que van cargados de prejuicios.
“Este acercamiento religioso, que se presenta en el mercado electoral bajo el emblema de ‘valores cristianos’, es peligroso porque, en su faz, encara actitudes discriminatorias e intolerantes que, además, violentan el principio de completa separación de Iglesia y Estado”.