Cuestionan falta de acción del Gobierno para ejecutar cambios
Panorama. El gobernador presentó un plan económico a diez años ante la JCF, pero advirtió que se necesitará ayuda del Gobierno federal para superar la crisis
En momentos en que la Junta de Control Fiscal ( JCF) comienza a solicitar información para delinear los cursos de acción, expertos consultados por Metro coinciden en que el ente, creado bajo el estatuto federal PROMESA, no estaría trazando la mejor ruta para encaminar al país a superar la crisis.
El gobernador Alejandro García Padilla, quien presentó ante la JCF su plan a diez años para la economía del país, llamó a los miembros del organismo a que desistan de medidas de austeridad y pidió mantenimiento de todas las ayudas federales.
A juicio del economista Argeo Quiñones, el discurso del primer mandatario retrata que esta administración no está en la disposición de “tocar el orden institucional existente. Con eso me refiero a todo un conjunto de leyes, medidas, de iniciativas encaminadas a subsidiar las actividades del sector privado irrespectivamente de la aportación a la actividad económica de las empresas al sector privado y que se ha constituido en un gran sistema de mantengo corporativo”.
Y es que, de acuerdo con el experto, durante el periodo de crisis, las iniciativas para ayudar al sector empresarial se multiplicaron de 40 a 80 y, al momento, el Gobierno no las tiene debidamente identificadas a nivel de integración de información entre agencias y la rendición de cuentas.
Del mismo modo, levantó bandera sobre los múltiples pedidos de paridad en fondos destinados para la salud, pero la inacción para reformar el sistema del Plan de Salud del Gobierno (PSG). “Estamos en Washington pidiendo más fondos de Medicare y paridad. Más fondos para un sistema que está en crisis, pero que no está en crisis por los fondos; está en crisis por la forma en la que está estructurado porque las aseguradoras se quedan con una tajada muy grande de la asignación de fondos, porque no hay competencia porque las aseguradoras están en unas prácticas monopólicas. […] Están pidiendo mas dinero para el sistema de salud en Washington, pero acá no están planteando nada para reformar el Plan de Salud del Gobierno. Es un buen ejemplo de cómo no se quiere tocar el orden institucional”, expuso el economista quien adjudica esto a los grandes intereses y el inversionismo político. Y es que García Padilla expone que, si se perdieran las actuales ayudas federales para salud la deuda de Puerto Rico en el plazo de 10 años, puede ascender a los $59,000 millones.
Ahora bien, Metro le preguntó al académico si la JCF iría sobre las estructuras institucionales actuales y este respondió: “Difícilmente. Porque, si miras la composición de la Junta, la mayoría es de pensamiento conservador republicano, y su presidente, el señor Carrión, tercero por lazos de sangre, por lazos de negocios y por las contribuciones a los partidos es un fiel representante de los grandes intereses y no los va a tocar. Así que el ajuste que va a imponer la Junta, recortes de gasto y aumento al servicio de la deuda. Eso será con cargo a los sectores más vulnerables que eso va desde las pymes hasta la gente que trabaja en el sector público y privado”. Este expuso, además, que no descartaría que se den privatizaciones de agencias y del manejo de los desperdicios sólidos en la isla.
Por su parte, el economista José Alameda opinó que, más allá, para impulsar la economía, era necesario la creación de un paquete combinado de reestructuración de deuda.
“La situación de Puerto Rico requiere algún tipo de asistencia externa. Una Junta de Control Fiscal no es lo recomendable. Puerto Rico necesita reestructurar su deuda. ¿Hace eso la Junta de Control Fiscal? Pues no. Bueno, tiene unos mecanismos, pero son difíciles de implantar. Segundo, el Gobierno necesita liquidez para aportar a los sistemas de retiro o cambiarlos, en ese sentido, para mí de alguna manera el Congreso o el Tesoro federal debieron hacer lo que hicieron históricamente en las crisis de los países latinoamericanos que ayudaron, que no necesariamente tuvo que ver con dinero, sino que permitieron una serie de concesiones con el manejo de la deuda, garantizaron una serie de pagos”, detalló Alameda.
Este insistió en que los incentivos contributivos tienen que quedar fuera de la ecuación de la medidas para el desarrollo económico. “Siempre las medidas las piensan de la misma manera: más concesiones contributivas de impuestos. A mí me parece que son medidas bastante gastadas que no apoyan mucho”, concluyó.
En su segunda reunión, la JCF emitió su primera orden en la que prohíbe que las agencias realicen transacciones financieras sin consultarles primero. Además, la Junta exigió que seis agencias públicas, entre ellas el Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico y las compañías de servicios públicos, presenten por primera vez sus propios planes fiscales.
Busca hacer eco García Padilla le advirtió al presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, que por más medidas y ajustes que la Junta de Supervisión Fiscal ( JFS) implemente localmente, la isla necesitará la ayuda del Gobierno federal.
En el encuentro con el funcionario federal, García Padilla explicó que el plan fiscal presentado se desarrolló pronosticando los ingresos y gastos de todas las entidades que dependen de la capacidad del Estado Libre Asociado para generar impuestos y otros ingresos.