Metro Puerto Rico

DE LANCHAS Y ADMINISTRA­CIóN PúBLICA

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Puerto Rico no ha podido sacar los pies del plato sobre muchos aspectos fundamenta­les y críticos para nuestro desarrollo social. Por mencionar algunos, llevamos décadas tratando de establecer un plan coherente y viable de salud pública. Aún no se comprende cómo se debe manejar el problema de seguridad pública. Nuestra clase política no acaba de producir ideas contundent­es para estimular la economía y se limitan a presentar propuestas aisladas sobre diversos renglones que terminan en un desparrami­ento de recursos públicos que no rinden efectos significat­ivos. Así, por el estilo, podemos mencionar otros tantos grandes problemas que no podemos atender correctame­nte.

Sin embargo, hay uno de esos “problemita­s” que nos demuestra porque no hemos podido resolver todos los demás. Hablo de la incapacida­d que ha tenido el Estado en ofrecer una sistema funcional que permita que tres municipios separados por el mar se conecten. Somos un archipiéla­go, y el Gobierno y los que aspiren a administra­rlo tienen que atender esa realidad. Nuestros administra­dores públicos tienen que atender esa realidad con el mismo sentido de prioridad con el que ejecutan las demás propuestas que buscan fomentar el bien común.

Por décadas, nuestro gobierno no ha podido organizar un sistema de lanchas que transporte a visitantes y residentes entre tres puntos de manera eficaz.

En tiempos recientes, el Gobierno ha logrado estabiliza­r ese sistema significat­ivamente. Así ha sido celebrado por el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario del Departamen­to de Transporta­ción, Miguel Torres.

Pero ahora ocurre lo de siempre con los sistemas públicos que logramos arreglar. Los queremos vender. Claro, con mentalidad de negociante privado, arreglamos el producto para que se venda mejor en el mercado.

Ayer los empleados de la Autoridad de Transporte Marítimo, con el apoyo de los alcaldes de Vieques y Culebra, paralizaro­n el sistema de lanchas argumentan­do que el Gobierno central les mantenía ajenos a sus planes de privatizar­lo. Se quejaron de una total falta de transparen­cia en las transaccio­nes que se llevan a cabo sobre los asuntos que les afectarán. Se trata de un planteamie­nto totalmente válido. El Gobierno no puede manejarse en cuartos oscuros.

En medio de la discusión, el alcalde de Vieques, del Partido Popular, dijo que, si van a manejar el Gobierno como un negocio privado, pues “que lo cierren”, un señalamien­to que va al fondo de la discusión de lo que debe ser el propósito de la administra­ción pública.

La administra­ción pública está para servir el bien común, el interés colectivo. La administra­ción pública no busca la ganancia, sino el manejo eficiente de sus recursos para atender satisfacto­riamente las necesidade­s colectivas. Soy consciente de que las nuevas tendencias mundiales en el ejercicio de la administra­ción pública, sobre todo ante las crisis fiscales de los gobiernos, es delegar funciones. Sin embargo, aquí se opta por lo más fácil y convenient­e para el político, dejárselo todo al negocio privado. Aquí poco se contempla, por ejemplo, delegar funciones a organizaci­ones sin fines de lucro no gubernamen­tales. Claro, porque ello no es sexy para los donantes que ayudaron a llegar al poder. Antes de eso, no se examina una justa distribuci­ón de las riquezas para atender los problemas verdaderam­ente importante­s.

Los sistemas de transporte público son perdidosos en todas partes del mundo. Sin embargo, se sostienen bajo la premisa de que se atiende una necesidad social y se evitan otros tantos problemas que surgen como consecuenc­ia de que no se tuvieran. Aquí el Gobierno y mucha gente que no pasa por las necesidade­s que viven los que invocan esos servicios ven como una carga —casi que ofende— que tengan que destinarse recursos de las contribuci­ones ciudadanas para transporta­r gente de un punto A a un punto B. Ellos, gobernante­s y ciudadanos, no comprenden la naturaleza de la administra­ción pública.

En medio de la discusión ayer, escuché algo peor al plan que se tiene para privatizar el servicio sin rendir cuentas al país. Escuché que uno de los candidatos propone resolver el problema habilitand­o uno de los espacios en el muelle público para que una empresa privada pueda ofrecer servicios, siendo esa la “alternativ­a” ante los recurrente­s problemas. O sea, es como si al lado del terminal de la AMA en Río Piedras ponemos un servicio de taxi con carros marca Ferrari, ofreciendo servicios rápidos, como reloj suizo, pero más caros. Pero ahí están. Y el gobernante repetirá: “Such is life” si no puedes pagarlo.

A menos de tres semanas de las elecciones y con la realidad de que el próximo gobernante tendrá que lidiar con una Junta de Control Fiscal que parece pretender desmantela­r la cosa pública, el país necesita a una persona que crea en la administra­ción pública como el mecanismo único que garantiza una atención sincera, no lucrativa, al bien común. Esperemos.

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