La JCF podría estar trabajando un plan ante negativa del Gobierno actual

La Junta de Control Fiscal (JCF) espera certificar el plan fiscal en o antes del 31 de enero y, luego que la administración de Alejandro García Padilla se negara rehacer el documento, queda en manos de los miembros del ente federal la elaboración de este.

Y es que el estatuto bajo el que nace la JCF señala que, si el Gobierno de Puerto Rico no entrega sus recomendaciones, sería la Junta quien delinee la ruta de acción.

“El país tiene que entender que el poder completo lo tiene la Junta mediante esa ley colonial. Así que el gobernante tiene que someter sus ideas, negociarlas, pero va a llegar el punto que, aparentemente, ya llegó, en que el gobernador no va a ceder su visión filosófica sobre el tema y habrá que ver si los personajes no electos por el pueblo implementan la ley aprobada por un Congreso no electo por el pueblo”, expuso el licenciado Luis Pabón Roca, al tiempo que recalcó que “conforme a la ley PROMESA la Junta tiene el poder de hacer los cambios que estimen a sus fines y aprobar el plan de dicha manera”.

Por su parte, el analista político y licenciado Domingo Emanuelli opinó que el Gobierno actual no entregará un nuevo plan fiscal el 15 de diciembre para evitar ser partícipe de medidas que políticamente no son agradables.

“Me da la impresión de que ya la Junta tiene una ruta trazada y que el Gobierno actual no está queriendo entregar su plan enmendado porque ese plan va a requerir unas medidas drásticas que políticamente no son las más adecuadas, pero, cuando venga el próximo gobierno, todo el mundo va a saber que las medidas que se tomaron fueron de la Junta y no son atribuibles ni al Gobierno saliente ni entrante”, aseveró el licenciado. Fue luego de la tercera reunión del ente federal que el García Padilla dijo que no enmendaría el plan fiscal ante la petición de incluir recortes de cerca de $1,600 millones en el plan.

Ayer, los miembros de la Junta anunciaron la selección de las firmas Proskauer Rose LLP como principal asesor legal externo; O’Neill & Borges, asesor legal externo; y McKinsey & Company, como consultor estratégico.