Título III podría otorgar más tiempo para las negociaciones
El Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) podría ofrecer más tiempo para la negociación entre el Gobierno y los bonistas, opinó el abogado federal John Mudd.
El experto indicó que, para desestimar la petición de quiebra una vez radicada, hay que esperar 120 días, tiempo en el que se podrían continuar las negociaciones con un juez mediador nombrado por la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Metro supo que, tras el vencimiento hoy de la moratoria de los litigios de bonistas la Junta de Control Fiscal ( JCF), podría hacer el anuncio de que se acogerían al Título III, que establece un proceso de reestructuración en una corte de quiebras en Washington D. C.
“La ley lo que dice es que la Junta radica una petición. Lo que ocurre es que, en casos de quiebra, hay unas formas que se usan para la petición de quiebra, sea el capítulo que sea. Esto es algo nuevo. Por lo tanto, no sabemos cómo va a ser la petición. Se supone que se pongan los nombres de los acreedores. Tú puedes o debes radicar el plan de quiebra al mismo tiempo, pero a veces no se hace, y se permite”, explicó el abogado.
De igual forma, Mudd expuso que “hay que recordar que el Gobierno de Puerto Rico se va a la quiebra, y el juez lo nombra el juez presidente del tribunal supremo, y eso le toma un poco de tiempo”.
Otro aspecto destacado por el abogado es que las negociaciones entre el Gobierno y los bonistas no han prosperado debido a que se les ha impuesto una cantidad a aceptar.
“Todo el mundo quiere negociar, pero el Gobierno de Puerto Rico ha insistido y la Junta, más bien, ha insistido en que ese es el dinero que hay. Tú no puedes tener una negociación y decir: ‘Coge esto porque no hay nada más’, porque eso no es una negociación. Especialmente, los bonistas han señalado partes del plan fiscal que dicen que están mal”, acotó.
La quiebra boricua sería una histórica, hecho que también dificulta el proceso que se llevaría a cabo bajo lo establecido por la Ley PROMESA.
“Todos los tribunales de quiebra de Estados Unidos tienen formas para los diferentes capítulos que puedan tener, y tienen órdenes, que te dicen cuándo tú tienes que incluir esto y qué pasa. Como esto es nuevo, la Junta puede radicar en Puerto Rico, en Nueva York o en D. C., que es donde tienen oficinas, pero tú no sabes. Puerto Rico nunca ha tenido una en la historia”, manifestó Mudd.