“Viento en popa” consulta de estatus del 11 de junio
La consulta de estatus sigue en pie, dijo a Metro Norma Burgos Andújar, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), organización política que, a través del gobernador Ricardo Rosselló y la mayoría parlamentaria, ha propuesto celebrar un plebiscito con la intención de “descolonizar a Puerto Rico”.
Burgos Andújar aseguró que, aunque la votación no es vinculante con el Gobierno de Estados Unidos, pues el Departamento de Justicia federal no ha avalado los más recientes cambios sometidos por la administración Rosselló al lenguaje de la papeleta que se usará ese día, la fecha de celebración —11 de junio— continúa inalterada.
“Esperando esa vinculación, el Gobierno de Puerto Rico ha hecho todo lo que han pedido para que no haya excusas. Si viene, pues excelente. Si no, nosotros no podemos parar el deseo de terminar con la colonia”, afirmó Burgos Andújar.
Sobre el proceso de quiebra en el que está inmerso Puerto Rico, incluido en el Título III de la Ley PROMESA, la comisionada electoral del PNP no vislumbra mayores problemas en términos de la celebración de la consulta de estatus.
“Agraciadamente, la Ley PROMESA incluyó la sección 402 y dispuso que el asunto de resolver el problema puertorriqueño de estatus continúa. La Junta [de Control Fiscal] no es un impedimento para que el país pueda seguir con el proceso de descolonizar la isla”, concluyó.
El pasado presidente, Barack Obama apuntó al Departamento de Justicia federal para revisar el material educativo y las papeletas del plebiscito. De avalarlo, esta dependencia del Gobierno norteamericano asignaría a la isla $2.5 millones para sufragar los gastos educativos de la consulta.
El 23 de febrero de este año, Rosselló envió a Justicia federal las definiciones de estatus que aparecerían en la papeleta. Entre las mismas solo estaban incluidas la estadidad y la independencia o soberanía.
Por tal razón, el día 13 de abril, el subsecretario de Justicia federal, Dana Boente, envió una carta al primer mandatario local solicitándole que incluyera el estatus territorial actual en la papeleta. Además, hizo unos señalamientos en torno al lenguaje utilizado, pues el documento contenía que solo a través de la anexión permanente con la nación norteamericana los puertorriqueños podían tener la ciudadanía estadounidense.
El pasado mes, los cambios requeridos fueron implementados y enviados nuevamente a Justicia federal, quien hasta la fecha no ha contestado.