Cámara investigará parámetros para el cierre de 160 escuelas

legal a personas que viven bajo el nivel de pobreza y no pueden costear su defensa.

“Según el censo federal de 2000, casi el 50 % de la sociedad puertorriqueña cualifica económicamente para sus servicios, ya que viven en niveles federales de pobreza o por debajo de estos”, sostiene la resolución legislativa.

De acuerdo con la pieza, Servicios Legales actualmente invierte unos $464,564 en alquiler de instalaciones y unos $343,351.40 para mantenerlas. Hacer uso de las instalaciones públicas abandonadas permitirá, de acuerdo con los legisladores del país, que la entidad pueda continuar brindando servicios al pueblo.

Por otra parte, la Cámara de Representantes también ordenó una investigación en torno a los nombramientos de los bibliotecarios en el pueblo de Toa Baja. De acuerdo con la Comisión de Educación, Arte y Cultura, decenas de escuelas en la región de Bayamón han carecido de bibliotecarios por los pasados dos años.

“Por ello, resulta indispensable que se investigue si el Departamento de Educación está nombrando o cubriendo plazas de bibliotecarios con maestros que tengan la preparación académi- ca en Bibliotecología”, sostiene la medida. La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el martes 19 de septiembre.