Se concreta el choque entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal
con sus abogados. Sin embargo, agregó que no quisieran litigar, pues supondría un costo mayor para el país.
Por otro lado, el arzobispo de San Juan, Roberto González, participó en el turno de preguntas, en el que urgió a la Junta, al Gobierno y a los bonistas a dialogar. Esta semana, el grupo Jubilee USA informó que el arzobispo de San Juan, el líder de la Sociedad Bíblica Evangélica de Puerto Rico y el director ejecutivo de Catholic Charities de la isla habían enviado una carta a la Junta de Control Fiscal en la que hacen sus peticiones para la certificación de los planes fiscales. Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) también presentaron sus planes fiscales durante la primera reunión, de dos que se realizarán para la certificación de los planes.
El director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz, resumió el contenido del plan fiscal de la corporación pública y detalló los retos que enfrentaron tras el huracán María para restablecer el servicio a los abonados.
Ninguna de las versiones presentadas por la AAFAF para las corporaciones públicas fueron aprobadas, y la Junta aprobó sus propias versiones de planes fiscales para la AAA y la AEE. Los votos para ambos planes fueron unánimes.
La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, aseguró que Acueductos podría quedarse sin liquidez y necesitar un préstamo para 2019, mientras que destacó la meta de la JCF de bajar el precio del kilovatio hora a 20 centavos. “Las reformas estructurales incluidas en el plan son fundamentales para lograr crecimiento económico durante los seis años del plan y absolutamente esenciales dentro del panorama más a largo plazo de 30 años. Si se implantan, se proyecta que estas reformas estructurales resultarán en un crecimiento anual, real y sostenible, del Producto Nacional Bruto de 1.8 % para el año fiscal 2023, lo que equivaldría a unos $80,000$90,000 millones adicionales en ingresos para el Gobierno a lo largo de 30 años”, aseguró la Junta.