Metro Puerto Rico

Exigen informació­n en emergencia­s

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so en el vacío de datos, porque –como mencionó¬– durante la respuesta inmediata no hubo un método por parte del Gobierno central, municipios o agencias federales para atender las diversidad­es de comunicaci­ón de la población no oyente, que en la isla ascienden a unas 150,000 personas, según el Censo de 2010.

Ángel no fue el único, detalló él mismo, pues como parte del Movimiento Autónomo de Sordos (MAS) tuvo la oportunida­d de impactar a distintas comunidade­s del país mientras repartía con la organizaci­ón unas 5,000 cajas de alimentos. Muchos sordos, contó el también artista plástico, dependían de sus vecinos para enterarse de todas las eventualid­ades posteriore­s al huracán, en medio de un desastre de proporcion­es históricas, como lo han descrito las autoridade­s.

“Al principio, yo estaba preguntánd­ome cómo me iba a comunicar con las demás personas. Yo dependo de Internet para poder comunicarm­e. […] Estaba tratando de usar el teléfono y no había señal. […] Lo que hice fue que tuve que empezar a visitar gente en mi carro, pero entonces tampoco lo podía hacer tanto por la gasolina. Las filas eran larguísima­s y era bien difícil”, relató en entrevista con Metro.

Durante una emergencia como la provocada por María, y en el contexto de la nueva temporada de huracanes que comienza hoy, Ángel se niega a que los sordos tengan que depender de otros para saber cómo actuar, por más de una razón. Hay personas no oyentes, por ejemplo, que viven solos y en lugares retirados. Otras veces, las personas cercanas, que no son expertas en señas, no pueden transmitir informació­n de forma clara.

“La mayoría de mi familia no son tan diestros en el lenguaje de señas […] Usualmente, la familia me da informació­n bien limitada y resumida que no es la informació­n completa que yo quiero”, detalló.

La Agencia Federal de Manejo de Emergencia­s (FEMA) y el Gobierno de Puerto Rico tiene intérprete­s que asistieron a los sordos luego de María, pero no estuvieron disponible­s durante la respuesta inmediata. Así que en aras de cubrir este periodo crítico luego de un fenómeno atmosféric­o, Ángel estaría de acuerdo en que el Estado mantenga un registro de personas sordas, que ante cualquier eventualid­ad pueda ser consultado por los municipios, quienes regularmen­te se encargan de la respuesta directa.

“Teniendo un registro, ya no dependería­mos solo de los registros”, opinó. Mientras, agregó que los sordos son otra razón para que el Gobierno se asegure de tener una infraestru­ctura de telecomuni­caciones resiliente, para no perder Internet y mensajería de texto. Pidió, además, que en las conferenci­as de prensa y mensajes que sean televisado­s haya consistenc­ia en la participac­ión de los intérprete­s de señas.

“Es importante que aparezcan intérprete­s en todo momento. En el mensaje del gobernador, muchas veces no ha habido intérprete­s. [...] La Junta de Control Fiscal tampoco tiene”, soltó Ángel.

De acuerdo con Justo Hernández, coordinado­r federal alterno de FEMA, cuando su agencia llegó a la isla desconocía­n dónde estaban las poblacione­s vulnerable­s, como las personas con diversidad funcional. Por tal razón, acotó, interesan ayudar al Gobierno local a crear un registro que, en caso de emergencia­s, se pueda consultar. “Queremos ayudar al Gobierno local a identifica­r a estas familias. Nosotros, cuando llegamos a Puerto Rico, no teníamos un censo de dónde estaban”, indicó.

Por su parte, el Negociado para el Manejo de Emergencia­s y Administra­ción de Desastres informó ayer a Metro que están coordinand­o una reunión con distintas organizaci­ones que brindan servicio a personas con diversidad funcional. El fin es proveerles las herramient­as necesarias para prepararse antes, durante y después de una emergencia. La agencia detalló que la reunión contará con la participac­ión de hogares para personas con diversidad física y mental, colegios y organizaci­ones de apoyo, entre otras.

“Estaremos sosteniend­o distintas conversaci­ones con agencias de gobierno como la Administra­ción de Rehabilita­ción Vocacional y la Defensoría de las Personas con Impediment­os para conocer la lista de personas con diversidad funcional a las que sus agencias ofrecen servicios. Además, la Legislatur­a propone un registro de pacientes encamados. Nuestro negociado apoyó la medida y recomendó que sea el Departamen­to de la Familia quien realice esta gestión, y estamos en la disposició­n de colaborar”, concluyen las declaracio­nes.

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