Crece la oposición al nuevo Código de Incentivos
Llueve y no escampa para las medidas trascendentales que la administración de Ricardo Rosselló envió a la Asamblea Legislativa, pues al igual que la petición para derogar la Ley 80, que protege a los trabajadores por despidos injustificados y que ha encontrado oposición, el nuevo Código de Incentivos tiene a varios detractores.
Ayer, ante una vista de la Comisión de Hacienda para evaluar el también llamado Proyecto del Senado 1013, asistieron representantes de la industria agrícola, y hasta el exgobernador Carlos Romero Barceló, para plantear que un recorte de subsidios resultaría en la “muerte” de esta industria.
El nuevo Código de Incentivos apoyado por Rosselló, y trabajado por su equipo de desarrollo económico, contempla eliminar los subsidios que no tengan un retorno de inversión para el Estado; entre estos podrían estar los otorgados a los agricultores.
“Este proyecto pudiera servir para fiscalizar los sectores económicos que, de una u otra forma, se encuentran bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero en nada aporta al sector agrícola puertorriqueño. Por el contrario, podría convertirse en una píldora venenosa que incida sobre el futuro de nuestra agricultura”, indicó Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, durante su ponencia.
El agricultor de tercera generación (como se catalogó) subrayó que los incentivos más importantes para los agricultores hoy son la Ley 225, de 1995, que les provee un crédito contributivo de un 50 % de inversión, y la Ley 46, de 1989, conocida como Ley de Subsidio Salarial. Si se eliminara este último incentivo, indicó, aumentaría el desempleo en el interior de la montaña, sector que más se beneficia del trabajo agrícola.
Por su parte, el personal docente del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, solicitó que el análisis de la administración de Rosselló vaya más allá de un simple ejercicio cualitativo.
En un memorial explicativo expresaron: “En general, los incentivos y subsidios en la agricultura juegan un papel fundamental en la seguridad alimentaria y el crecimiento económico de los diferentes sectores. La eliminación de subsidios e incentivos en el paradigma que enfrenta Puerto Rico puede resultar en un impacto negativo sobre la agricultura […] Existen otros sectores que dependen de los productos agrícolas para la creación y elaboración de nuevos productos”.
Mientras, el exgobernador Carlos Romero Barceló calificó como un “atropello al pueblo” el Código de Incentivos. Añadió que es una medida que beneficia a las grandes empresas y no al trabajador.
“Las empresas multimillonarias exentas a través de sus abogados, contadores públicos autorizados y economistas son los que están definiendo y estableciendo la política pública fiscal y económica de Puerto Rico”, soltó el exmandatario.
Mientras, Carlos Flores, secretario del Departamento de Agricultura, se mostró a favor del proyecto de su superior. Dijo que no elimina las leyes agrícolas, “sino que dejan de ser leyes independientes y se consolidan dentro del Código de Incentivos donde mejor corresponda”.