Cumbre no disipa lagunas sobre registro de muertes

Tal cual había expresado en una entrevista previa con Metro y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Ramos indicó que sí hubo petición de manera informal dirigida a la clase médica de que brindaran apoyo respecto a completar los certificados de defunción, durante uno de los encuentros que se llevaron a cabo durante las primeras dos semanas luego del huracán en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La petición surgió porque el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no tenía capacidad para recibir más cuerpos. No obstante, el llamado a la clase médica no estuvo acompañado de instrucciones que recalcaran el procedimiento y la importancia de documentar las circunstancias de las muertes para determinar su relación con el huracán María.

“Llenamos certificados que de ordinario no nos corresponde. […] Se nos pidió que los llenáramos y nosotros los llenamos como clínicos”, reiteró el médico. Ramos, además, sostuvo que el mal conteo respecto a las muertes por María es también responsabilidad del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que el gobernador Ricardo Rosselló ordenó en diciembre de 2017 que revisara el número de muertes, antes de que se solicitara la investigación por parte de la Universidad de George Washington.

“El responsable de toda la no transparencia en el número de muertos tiene nombre y apellido, es Héctor Pesquera (secretario del DSP), y Héctor Pesquera le hace daño al gobernador, le hace daño al gobierno y le hace daño al país”, afirmó.

Sobre las estadísticas discutidas ayer por el demógrafo José López, del RD, también llama mucho la atención que durante el periodo de tiempo antes mencionado, el grupo de edad más afectado en términos de defunciones y aumento porcentual, es el de 30-39 años, con un 64.5% más en comparación con el mismo periodo en el 2016. El segundo grupo más afectado es el de 70 años o más, que reflejó un aumento porcentual de 41.2%.

“Este fue el periodo crítico realmente en la cantidad de defunciones”, apuntó López, en referencia al margen entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre. En esos meses se registraron 2,937 muertes y 3,052 respectivamente, mientras que el año anterior la cantidad de defunciones fue de 2,368 y 2,357 en los mismos meses. Al entrar en detalles, el mismo día del huracán se reportaron 106 muertes, 27 más que el año anterior. Para el 25 de septiembre, la cifra del día alcanzó los 137, unos 62 más que en el 2016.

“Durante el mes de octubre se observó un aumento de defunciones prácticamente en todo el mes, comparado con el 2016”, continuó el demógrafo.

Respecto al lugar donde se re- gistraron las defunciones, la mayoría fue en los hospitales. Unas 2,055, para ser exacto, solo entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre, en comparación con los 1,577 durante el mismo periodo en el 2016. El caos que se vivió en los hospitales en medio de la emergencia que provocó María fue evidenciado en varios reportes del CPI que fueron publicados en Metro.

En un reportaje del CPI, documentos y entrevistas realizadas revelaron que al menos desde el 2009 el DS no inspecciona con regularidad buena parte de estas 400 instituciones, que incluyen hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento y asilos. La agencia reconoció que no tiene la capacidad de inspeccionar alrededor del 40% de los 68 hospitales que ha licenciado.

Ayer, la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades del Departamento de Salud (SARAFS), en voz de su secretaria auxiliar Verónica Núñez, sostuvo que “el 99.9% de las veces el secretario (del DS) va a elegir darles la oportunidad (a las instituciones) y un tiempo adecuado para que estén en cumplimiento, porque el rol del Departamento de Salud, nuestro propósito no es cerrar facilidades, nuestro propósito es ayudarles a ustedes a estar en cumplimiento sin quitarnos el sombrero de fiscalizador que es nuestra función primordial”.

Las declaraciones surgen en medio de una cumbre de preparación ante emergencias, lo cual levanta sospechas respecto a la capacidad de SARAFS y el DS de garantizar los servicios de salud adecuados para los pacientes en medio de una catástrofe como la que registró Puerto Rico luego del paso del huracán María.