Fallan a la Ley de transparencia
Varias instrumentalidades públicas le faltan a la transparencia en el manejo de la información sobre las reuniones y los acuerdos que se llevan a cabo en sus respectivas juntas de gobierno, detalla un informe preliminar de la organización Espacios Abiertos.
Según la Ley Núm. 159 de 24 de diciembre de 2013, todas las Corporaciones e Instrumentalidades Públicas de Puerto Rico están obligadas a transmitir, mediante mecanismos electrónicos, en su Portal de Internet, las reuniones de sus respectivas Juntas.
De un total de 141 agencias gubernamentales, el estudio reveló que 58 no transmiten las reuniones de sus juntas por Internet. La única instrumentalidad pública que cumple con todos los requisitos es la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
Es decir, en lo que va de cuatrienio, solamente 15 corporaciones cumplen parcialmente con los requisitos. “Ya sea porque la notificación de la reunión no indica el lugar de la reunión, porque no publican la certificación de que la grabación es copia fiel y exacta o las grabaciones o porque los archivos que tienen no están actualizados”, apuntó el estudio realizado, durante el mes de julio de 2018, visitando todos los portales de las agen- cias incluidas en el directorio de agencias públicas.
Cabe señalar que 64 instrumentalidades públicas están exentas de hacer pública sus vistas y su ley orgánica no establece una junta de directores, junta de gobierno o junta de síndicos. La ley también exime a los directivos de las juntas de transmitir las reuniones cuando se trate de una emergencia, acción judicial o cuando se ventilen asuntos relacionados con procedimientos internos de recursos humanos.
“No aplica esta excepción y deberá transmitirse por Internet toda deliberación sobre reestructuración de la Corporación Pública, cesantías o bonificaciones a empleados en general, así como la deliberación sobre bonificaciones por concepto de productividad”,
Precisamente, el estudio surge luego de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan concediera a Metro una petición a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a divulgar las minutas de la reunión en las que se nombró a Rafael Díaz Granados como director de la corporación pública.
Sin embargo, la ordenanza es letra muerta porque no existe una penalidad o sanción contra la corporación pública que no cumpla con las normas establecidas en la ley.