Rosselló defiende a la secretaria de Justicia

vera Schatz, por catalogar a la secretaria de “irresponsable” en más de una ocasión.

“La secretaria cuenta con mi total confianza. Yo suscribo y apoyo las expresiones que ella ha hecho también. Yo hago un llamado a que dejemos este discurso y que nos pongamos a trabajar. Hay mucho trabajo por hacer en Puerto Rico y yo he podido percibir el apoyo que ha tenido la secretaria”, detalló el ejecutivo.

Vázquez, en una mesa redonda la semana pasada, se defendió diciendo que no hay una querella por la desaparición de los furgones, así que no puede iniciar una pesquisa.

Durante la conferencia de prensa de ayer, en la que Vázquez también participó, no fue categórica en responder una pregunta de Metro sobre si le parece o no extraña la aparición de furgones en un predio privado, cuando se supone que los suministros llegaran hasta los damnificados del ciclón.

“Yo lo que tengo que decir es que yo soy una mujer de ley y orden. Mi función es la ejecución y el cumplimiento de la ley. No me puedo dejar llevar por lo que se parezca. Así que, en ese sentido, voy a cumplir con mi obligación constitucional”, indicó.

Cuando la prensa hizo eco de un cuestionamiento del presidente del Senado, sobre el hecho de que sin una querella la secretaria comenzó una investigación sobre supuestos malos manejos de suministros en el municipio de Patillas, la también abogada rechazó hacer más comentarios.

“Con relación al tema de los vagones, no voy a hacer ninguna otra expresión”, soltó.

Los furgones con material dirigido a damnificados del huracán María fueron hallados en primer lugar en la CEE y luego transportados a un predio de Toa Alta, propiedad de Carlos “Candela” San José Reyes, donante de la Palma. Uno de los furgones contenía comida expirada, y Vázquez se mostró complacida con un comunicado de prensa de la Guardia Nacional, en el que el cuerpo militar explicó que el material llegó de Estados Unidos en estado de descomposición.

Las palabras de Rosselló y Vázquez se dieron durante el anuncio de una asignación de $18 millones en fondos federales para que municipios y organizaciones sin fines de lucro continúen brindando servicios a víctimas de delitos, como,w por ejemplo, abuso sexual y violencia de género.