Secretaria de Educación intentó mejorar su salario de $250 mil

Fuentes de aseguran que la petición llegó hasta La Fortaleza y que se barajó la posibilidad de que fuera a través de fondos privados, pero la petición no prosperó

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, indagó sobre la posibilidad de que se le aumentara su salario que, al momento, asciende a $250 mil, para que alcanzara incluso los $500 mil al año, aseguró una fuente de Metro. La consulta llegó hasta La Fortaleza, confirmó otra fuente independiente, pero la petición no prosperó.

Se consideró la posibilidad de que el salario de Keleher se aumentara a través de los donativos de la Puerto Rico Education Foundation (PREF), con un diferencial de $250 mil que duplicaría su sueldo. Una de las fuentes afirmó que la consulta en Fortaleza fue a los fines de “subir el contrato o explorar otro tipo de acuerdo”. Antes de cuestionar sobre el asunto a la secretaria, fuentes consultadas por este medio aseguraron que, de surgir públicamente la consulta a La Fortaleza, se diría que no se trataba de un aumento, sino que la intención era sustituir su contrato actual como contratista con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) por un donativo a través de la Fundación. En efecto, la respuesta de Keleher fue en esa dirección.

“En algún momento yo contemplaba, como una idea, de qué manera Puerto Rico podría salir de esto (su salario) y no tener que pagarme nada, porque hay ejemplos donde personas lideran sistemas, pero el Estado no les paga o el sistema no les paga, y en algún momento lo pensé, pero no fue nada más pensar de qué manera”, aseguró en entrevista con Metro. “Si yo saliera gratis, pues mejor”.

Keleher sostuvo que pensó en la idea de que sus servicios como secretaria fueran donados y que se le pagara un salario a través de un ente externo al Gobierno de Puerto Rico. “Buscar cualquier fuente para que saliera gratis”, explicó. De hecho, Metro pudo constatar que hasta hubo documentación en esa dirección.

“Es una idea bonita, lo que buscaba era cómo yo hago eso (sus labores) sin que Puerto Rico tenga que pagar más”, argumentó. La secretaria aseguró que fue una opción que no maduró y reconoció que, ejerciendo como secretaria, no podía ser recipiente de un donativo.

“No puedo estar en los dos lados, así que no es permisible ni es una opción, ni una posibilidad de que ellos (la PREF) a mí me den algún tipo de dinero”, subrayó. “Eso fue en algún momento, luego se pone el plan de reforzar lo que son las regiones (educativas)”.

Keleher ejerce una doble función como secretaria y contratista, con un salario de $250 mil al año por medio de un contrato con la AAFAF. La PREF nació a finales de 2017 para “proporcionar apoyo financiero para la estabilización, la innovación y la transformación del sistema y sus escuelas”, alineado a la visión de la secretaria Keleher en el DE, agencia sobre la cual el Buró de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en Puerto Rico mantiene su lupa, aseguran fuentes de este medio. Mientras, otros asuntos relacionados con el contrato entre el DE y la PREF siguen cocinándose.

Monumentales los salarios de los mentores del DE pagados con fondos donados

El contrato con la PREF —firmado el 20 de septiembre de 2018 y enmendado el 31 de enero de 2019— establece que serán “hasta 12” los profesionales contratados por la Fundación que “donarán” sus servicios a la agencia pública.

Las figuras descritas en el documento son siete recursos que trabajarán como mentores, uno en cada Oficina Regional Educativa (ORE); un ayudante especial para la secretaria de Educación, Julia Keleher; dos recursos actuarán como “directores académicos”; y un recurso actuará como “suplemento o director del Programa de Arte”. El duodécimo recurso no tiene descripción específica en el contrato.

Según fuentes de Metro, la lista de mentores y sus respectivos salarios incluye a Valeria Silva, destacada en la Región de Bayamón con un salario de $200 mil; Karen Maldonado, destacada en la Región de San Juan con salario de $210 mil; Ricardo Medina en Ponce, quien devengará $200 mil; Luis Dunay en Caguas (a partir del 25 de febrero), también con salario de $200 mil. La PREF confirmó los nombres, pero no los salarios ni el término de esos contratos de servicio.

“Estos cuatro mentores se unirán a sus funciones durante esta semana, conociendo a los directores y equipos de trabajo con quienes colaborarán y realizarán su proceso de inmersión en los detalles operativos de la estructura del Departamento. Aún están pendientes por contratar tres mentores adicionales para las regiones de Mayagüez, Arecibo y Humacao. Para estas contrataciones se ha abierto una convocatoria”, expresó la PREF en declaraciones escritas a este medio, que lleva desde la semana pasada solicitando una entrevista con sus directivos.

A los mencionados, se suma el de Kary Hernández, quien funge como ayudante especial de la secretaria del DE, reveló este medio el pasado 23 de enero, aunque pagada con fondos privados a través de la mencionada Fundación. De acuerdo con la fuente, el salario de Hernández asciende a $250 mil, la misma cantidad que devenga anualmente Keleher como secretaria y contratista. Solo estas cinco figuras suman un total de $1,060,000 millón en fondos provenientes de donantes privados.

Entre los donantes de la PREF, se encuentra Tenacre Foundation, una organización con base de fe cuya sede se encuentra en el estado de Nueva Jersey y que fue recibida en La Fortaleza por el gobernador Ricardo Rosselló en noviembre de 2017. Esta Fundación se describe a sí misma fundamentalmente como “un ministerio de enfermería de la Ciencia Cristiana”.

“No tenemos un proceso de concesión formal y no comenzamos con una solicitud, sino por invitación o por conversaciones individuales. Nos complace construir relaciones a largo plazo y facilitar asociaciones con organizaciones sin fines de lucro”, lee la descripción Tenacre Foundation sobre su labor filantrópica.

Además, reconoce que “más allá de la Ciencia Cristiana sin fines de lucro, un área de interés reciente es la educación preescolar hasta el grado 12”.

Según el acuerdo firmado entre el DE y la PREF, se requerirá que los recursos cumplan con todas las regulaciones aplicables a los empleados del Departamen- to, “excepto aquellas que no son aplicables debido a la naturaleza de este memorándum y su estado de contratista independiente”. Esto lo que significa es que, por ejemplo, los servicios, acciones, funciones y contratos de los recursos pagados por la PREF en el DE, no podrían ser fiscalizados por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ni por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, dado que los contratos no son directos con la agencia pública, sino con la Fundación.

En declaraciones previas, la licenciada Zulma Rosario Vega, directora ejecutiva de la OEG, no descartó que dicha entidad evalúe este esquema de contratación. “Una expresión en estos momentos sobre asuntos que podrían estar ante la atención de la OEG no sería responsable de mi parte”, manifestó.

Por su parte, el Departamento de Justicia (DJ) indicó que “no consta que se haya emitido opinión legal” en relación con el contrato firmado entre Educación y la PREF.

“La Ley Número 85 de 2018 sobre la Reforma Educativa en Puerto Rico fue aprobada el 29 de marzo de 2018 y se encuentra en pleno vigor. Sobre las facultades del Departamento de Educación para llegar a acuerdos, deberán referirse a dicha pieza legislativa”, indicó el DJ a través de su portavoz de prensa Mariana Cobián.

La Ley 85 le permite al DE establecer alianzas y acuerdos entre los que se incluyen recibir donativos, “incluyendo donativos en especie ( in kind)”, sostiene el DE.

El contrato con la Fundación en cuestión establece que, en cualquier momento durante el plazo del acuerdo —que tiene cinco años de vigencia—, el Departamento puede solicitar a la PREF que asigne un recurso adicional para la prestación de los servicios, o como reemplazo para compensar cualquier recurso retirado del servicio. La Fundación tiene el poder discrecional de asignar reemplazos y/o proporcionar recursos adicionales si sus capacidades financieras le permiten hacerlo.

Aunque por un lado la Fundación se ha negado a publicar datos como el salario que recibirán los mentores por sus servicios en el DE e información relacionada con su relación con la agencia pública solicitada por este medio, el contrato obliga al DE a entregar un “informe anual detallado” al final de cada año fiscal sobre las actividades y los deberes de los recursos y métricas asignados. Ese informe debe incluir el impacto de los mentores y demás personal pagado por la Fundación en la mejora de la calidad de la educación, pero también “otra información que se pueda requerir de PREF para cumplir con las responsabilidades de presentación de informes de PREF a terceros y donantes”.

Asimismo, si bien a los recursos pagados por la Fundación no les aplica el mismo rigor legal que a los empleados públicos, el acuerdo entre el DE y la Fundación sostiene que “el Departamento protegerá, defenderá, indemnizará y mantendrá sin daños a PREF, a sus funcionarios, directores, miembros, agentes y empleados y contra todas las reclamaciones, daños, pérdidas o gastos, incluidos, entre otros, juicios, costos y honorarios razonables de abogados, que surjan de o se reclame que surjan de o como resultado de un acto u omisión de los recursos cuando se presten servicios y estén autorizados por el Departamento, y/o en relación con cualquier ley estatal o federal aplicable o reglamento”.