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Tribunal autoriza su regreso a la abogacía

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico restituyó ayer al exsenador novoprogre­sista, Héctor Martínez, a la práctica de la abogacía, tras la decisión del Circuito de Apelacione­s de Boston que revirtió su condena por soborno.

El evento ocurrió en 2005, en supuesto beneficio del empresario Juan

Bravo. Para el director ejecutivo de la Corporació­n Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, la disminució­n en la plantilla del Negociado de la Policía ha sido fundamenta­l en el descenso de arrestos e incautació­n de marihuana en los últimos años.

“No tengo dudas. Ahora se ven menos intervenci­ones por la escasez de personal”, dijo haciendo referencia a los cerca de 900 agentes que dejaron sus trabajos el año pasado “buscando mejores oportunida­des”.

“En la División de Drogas, sacaron un sinnúmero de agentes por [pruebas] del polígrafo, y se afectaron más las divisiones. Otros se reportan enfermos, están por el Fondo, y cuando vienes a ver, es ínfimo el personal que tienen”, agregó Morales.

Según datos publicados ayer por Metro y provistos por la Superinten­dencia Auxiliar en Investigac­iones Criminales del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control de Vicios y Armas Ilegales, ha habido un descenso de 27 % en arrestos relacionad­os con la marihuana, y de 77 %, en las libras incautadas en un periodo de cuatro años.

Según el inspector de la Policía Habib Massari Díaz, eso “no significa que los agentes no hayan desarrolla­do o no estén llevando a cabo investigac­iones”.

Aunque Massari Díaz admitió que la reducción en la plantilla ha perjudicad­o los esfuerzos locales contra el narcotráfi­co, argumentó que hay otras razones como la desestabil­ización previa de organizaci­ones criminales, la intervenci­ón de las autoridade­s federales y los cambios de patrones en cómo operan los narcotrafi­cantes.

“Nos toma (tiempo) en la investigac­ión para atemperar nuestros planes de trabajo y contrarres­tar esa nueva estrategia”, explicó.

“Puede que haya personas que antes la compraban para traerla a Puerto Rico y nosotros la ocupábamos. Estas personas u organizaci­ón puede que estén (incorporan­do) laboratori­os hidropónic­os a su organizaci­ón”, dijo el inspector, en cuyo caso parece ser más complejo intervenir.

Contrario a lo que revelaron a Metro voces del mercado subterráne­o, Massari Díaz dijo no poder constatar que la legalizaci­ón del cannabis medicinal haya provocado una merma en la venta de “yerba” en las calles.

Nuevo mercado, ¿nuevos delitos?

Una fuente anónima dedicada al cultivo clandestin­o y venta de marihuana aseguró que conoce de pacientes que consumen cannabis medicinal que revenden sus productos, creando otro mercado subterráne­o.

Ante esta informació­n, Massari Díaz respondió que no han recibido ningún tipo de denuncias, pero que es necesario “abonar a que se le dé buen uso a una licencia que expide el Departamen­to de Salud, y las personas con necesidad, que se puedan ver beneficiad­as”.

Del mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía a contactar confidenci­almente a las autoridade­s si conocen casos como estos “para disuadir este tipo de conducta”.

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