Firme la Junta con las reformas en el plan fiscal
La directora ejecutiva del ente creado por la Ley Promesa recalcó que se deben incluir las reformas estructurales ya propuestas
La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal ( JCF), Natalie Jaresko, aseguró que el proceso del nuevo plan fiscal era para incorporar información nueva y ajustes técnicos y no para renegociar iniciativas políticas.
“Este plan fiscal no consistía en cambiar políticas, repensar grandes decisiones que se habían tomado previamente”, expuso la portavoz de la JCF en un aparte con la prensa. La portavoz del ente creado por la Ley Promesa indicó también que “el plan propuesto no incluye iniciativas detalladas de reforma estructural crítica o la información más reciente para las proyecciones de referencia, sino que incluye varias políticas nuevas que son incompatibles con el mandato de Promesa”.
A preguntas de la prensa, Jaresko expuso que, aunque no se incluye en el plan fiscal, se ha hablado de consolidación de servicios a nivel municipal. Que aunque no se consoliden los municipios, se unan servicios como recogido de basura, entre otros.
Entre las revisiones que se solicitaron al Gobierno está el estimado de fondos por parte de FEMA, ya que el plan fiscal propuesto indica que son $60,000 millones. “Mientras tanto, el informe de 12 meses de FEMA publicado en octubre de 2018 indica que los fondos (excluidas las categorías de Asistencia Individual y Administrativa) serán de $ 65B durante la vida de la tormenta. Revise el plan propuesto para reflejar el monto total del fondo que FEMA informa”, indicó la JCF.
Gobierno rechaza los señalamientos
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Chris-
tian Sobrino rechazó los señalamientos de la Junta. “Nuestra propuesta de plan fiscal refleja los números más certeros y recientes del comportamiento fiscal de la isla”, indicó el fun-
Sacan el tema del estatus
Finalmente, la Junta también descartó el tema del estatus en el plan fiscal. “El plan propuesto incluye referencias a la condición de Estado de Puerto Rico y al trato desigual al recibir fondos federales. La Junta de Supervisión no puede certificar un plan fiscal con tales referencias, ya que no es una entidad política”, sentenció la JCF.