Guía para entender la burocracia de “la recuperación”
Cuando el viento bajó de intensidad aquel 20 de septiembre de 2017, los puertorriqueños salieron a sus patios, caminaron por sus vecindarios, se abrieron paso entre los escombros y comenzaron a sacar cuentas de sus pérdidas. Los estimados en dólares y centavos de lo que el huracán María destruyó tardarían. Un sentido generalizado de incertidumbre se asomaba en todas partes.
Un día después, mientras el entonces gobernante Ricardo Rosselló evaluaba el estado en que había quedado el país, Cándida González, una lingüista, fue a ver lo que quedó de la casa que hacía más de 30 años había construido el padre de su primer hijo, y la encontró destruida. Al este de la isla, Josué Ruiz, estudiante universitario y trabajador a tiempo parcial, iba desde la casa de sus suegros en Las Piedras hasta Punta Santiago, en Humacao, donde reside con su esposa, Natalie Torres, y sus tres hijos. El agua del mar, mezclada con la de los caños cercanos que se desbordaron, había inundado la residencia que justo estaban remodelando. Era de noche y en el mismo vecindario, Guillermo Arroyo esperaba en el techo de su casa junto con su perra Minnie a que las aguas bajaran. Había pasado allí el huracán. Fue el esposo de su nieta quien lo encontró y auxilió.
La reconstrucción de la casa de Cándida va a costar cerca de $42,275. Si decidiera hacerla en cemento, resistente a un nuevo embate, tendría que invertir $82,675.
Un Puerto Rico, “fuerte y resiliente”, como lo detalló Rosselló ante el Congreso de Estados Unidos en 2018 al presentar su Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico, costaría $139,000 millones. De estos, las agencias federales habían aprobado $21,044,425,967 hasta el 31 de julio de 2019.
Puerto Rico se enfrenta a una madeja de burocracia para el desembolso de dinero por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la principal fuente de fondos para la recuperación del país tras el huracán María.
Sección 428
Por primera vez, FEMA ha aplicado a toda una jurisdicción una disposición de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias que se incluyó como enmienda luego del huracán Sandy en 2013. Desde entonces, solo se había aplicado para el desarrollo de 258 proyectos en 28 estados. La sección 428 permite la reconstrucción de manera más fuerte y resiliente, pues la Ley Stafford estaba concebida para que FEMA solo subvencionara reparaciones que devolvieran las instalaciones afectadas a las condiciones en que se encontraban antes del desastre, independientemente de si estas ya eran precarias.
La creación de COR3
La negociación de las guías para que la 428 aplicara a todo Puerto Rico estuvo principalmente a cargo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, también conocida por sus siglas en inglés como COR3, una entidad que Rosselló creó en octubre de 2017 para recibir y distribuir los fondos federales disponibles para la recuperación de la isla.
COR3 se creó como una división de la Autoridad de Alianzas Público Privadas para garantizar “el uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles para la recuperación” y minimizar la duplicidad de trabajo entre las entidades gubernamentales, según la orden ejecutiva.
La creación de COR3 precedió la quinta enmienda de la declaración del desastre, en la que el presidente Trump requirió establecer una autoridad de supervisión de las subvenciones, con apoyo de expertos externos, para recibir los fondos de Asistencia Pública y Mitigación de desastres de FEMA.
Rosselló designó a Omar Marrero como director ejecutivo de COR3, quien, entonces, también fungía como director ejecutivo de la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Cada dependencia, con sus oficinas en una localidad diferente. También era entonces representante autorizado del gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) ante FEMA.
En entrevista con el CPI, Marrero justificó la creación de COR3 como parte de las AAPP.
“Teníamos que atender un asunto de credibilidad y unas preocupaciones a nivel federal, así que se estableció la oficina centralizada”, apuntó.
En la práctica, COR3 se encarga de los fondos de FEMA, la fuente primaria de subvenciones de recuperación para la isla, que esa agencia federal ha estimado que ascenderá a $65,000 millones. De estos, el Gobierno de Puerto Rico solo ha incluido en el plan fiscal $49,047 millones. Parte de su gestión es desembolsar a las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro el dinero para los proyectos de reconstrucción que vendrá del Programa de Asistencia Pública de FEMA.
Mientras, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico administra el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR en inglés) de HUD, que, tras los huracanes Irma y María, tiene $19,900 millones en fondos asignados a Puerto Rico.
La administración Rosselló trató de que fuera la Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario (Odsec) la que administrara los fondos CDBG-DR que se asignaran a Puerto Rico, según se recoge en un memorando de la Oficina del Inspector General de HUD. Bajo el marco propuesto, Odsec sería responsable de la planificación, administración y supervisión del programa, así como de preparar el plan de acción, desarrollar políticas y procedimientos, gestión, revisiones ambientales, esfuerzos de monitoreo e informes. Odsec delegaría a otras tres entidades: la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Pero este plan de Rosselló no fue aceptado por federales.
Entre las preocupaciones que identificó HUD en el memorando sobre la propuesta de administración de fondos CDBG-DR por parte de Odsec, se incluye que era una entidad nueva creada en febrero de 2017 de la que no existían datos sobre su desempeño en la administración de este tipo de fondos.
Se menciona, además, que Odsec tenía 103 empleados, de los que 32 trabajaban en la ya desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), a la que la misma Oficina del Inspector General de HUD le hizo señalamientos por no reportar adecuadamente la utilización de fondos y hasta usarlos para fines inelegibles. También señala que no hicieron un seguimiento adecuado a los recipientes de los fondos.
El informe resalta “la incapacidad de Puerto Rico para gastar los fondos del desastre de 2008 de manera oportuna”.
Omar Marrero indicó al CPI que desconocía de este memorando.
las agencias
Los estimados del desastre
Cuando Rosselló acudió al Congreso por primera vez después de María, el 13 de noviembre de 2017, presentó el informe “Reconstruyendo un mejor Puerto Rico”, en el que requería $94,000 millones para la reconstrucción del país.
El director ejecutivo de COR3 explicó que la cifra de $94,000 millones que incluyó Rosselló en ese informe correspondía a una evaluación preliminar de los daños y del costo que conllevaría una reconstrucción más fuerte y resiliente.
Marrero indicó que el equipo de Rosselló había visto el informe (Eye of the Storm) que unas semanas antes había publicado Texas estimando en cerca de $61,000 millones los daños causados por el huracán Harvey, que entró por la costa del golfo de Texas el 25 de agosto de 2017.
Texas es un estado con un Rainy Day Fund, que le permite financiar algunos proyectos, y una de las delegaciones congresionales más grandes. Al compararse, el equipo de Puerto Rico consideró que debía elevar sus estándares.
“Reconstruyendo un mejor Puerto Rico”, según Marrero, reflejaba preliminarmente el daño que había sufrido la isla. Este trabajo se realizó con la ayuda de la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Las fundaciones Ford, Rockefeller y Open Society proveyeron fondos para que la compañía Deloitte —que luego fue contratada por COR3 por $31.6 millones— también brindara ayuda en la preparación del informe.
Marrero dijo que este primer informe de daños no cayó bien entre los congresistas y que esa fue la razón por la que se le requirió al Gobierno de Puerto Rico preparar un plan de recuperación en un plazo de 180 días, cuando se firmó, el 9 de febrero de 2018, la Ley federal de Presupuesto Bipartita. Fue en esta ley que el Congreso incluyó la disposición para que FEMA permitiera la aplicación de la sección 428 para proyectos en Puerto Rico, aunque ya había sido un requerimiento del presidente Trump en la quinta enmienda a la declaración de desastre para Puerto Rico.
“Porque a algunos no les gustó en Washington, luego, nos requieren en febrero: ‘Preséntame un plan de recuperación’. Pues perfecto, presentamos un plan de recuperación en 180 días”, dijo el funcionario.
Se trató, entonces, del Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico con un estimado de $139,000 millones en proyectos de reconstrucción, que Rosselló entregó al Congreso el 8 de agosto de 2018.
“Ese es un documento bien serio y responsable que se hizo con el insumo de muchísimos grupos con interés y que refleja lo que es la política pública post lo que ha sido el desastre natural más grande en Puerto Rico. Ahora, obviamente, ese documento fue mucho más detallado y ya identifica, incluso, los cursos de acción que se tienen que tomar para lograr mover la balanza y la responsabilidad que impuso el Gobierno federal de identificar fondos congresionales”, expuso Marrero.
La Ley federal de Presupuesto Bipartita también establece que el gobernador deberá publicar cada 180 días un informe sobre el progreso alcanzado en cuanto a los objetivos incluidos en el plan, en coordinación con el administrador de FEMA. Los 180 días se cumplieron el 4 de febrero; y los siguientes, el 3 de agosto de 2019.
El informe de los primeros 180 días establece que la implementación de la sección 428 de la Ley Stafford ha significado que el proceso para el reembolso del dinero para la construcción de obra permanente de asistencia pública haya sido sumamente lento.
La obra permanente se refiere a las categorías de FEMA de la C a la G, que incluye carreteras y puentes, instalaciones de control de agua, edificios y equipo, servicios básicos, y parques, instalaciones recreativas y otras.
“Desafortunadamente, el progreso de los proyectos de trabajo permanente bajo Asistencia Pública, bajo la Sección 428 de la Ley Stafford, ha sido extremadamente lento y ha limitado que la recuperación pueda encaminarse concretamente”, lee el reporte.
El 31 de enero de 2019, todavía no había ni un solo proyecto con el dinero obligado. En comparación, a un año y cuatro meses luego del huracán Katrina, Luisiana ya tenía el dinero para 2,424 proyectos con cerca de $1,400 millones obligados. Mientras, Texas, luego del huracán Harvey, tenía $159 millones para 2,124 proyectos.
Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Accédalo en periodismoinvestigativo.com.