Gobierno maneja protesta de viequenses como un secuestro
Las autoridades justificaron el intento de sacar de Vieques a funcionarios de la Autoridad de Transporte Marítimo en un helicóptero de FURA al plantear
que se encontraban “rehenes” de los manifestantes La polémica en torno a las protestas de ciudadanos viequenses, que en la noche del lunes mantuvieron varada por varias horas a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en el terminal de lanchas de la isla municipio, tomó un nuevo giro ayer. Por un lado, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, no descarta que las autoridades federales intervengan por entender que la actitud de los manifestantes pudo constituir un secuestro, y por otro, se cierne la sospecha de que Román tomó represalias contra un piloto removido de su puesto tras negarse a movilizar un helicóptero a Vieques para “rescatar” a los funcionarios atrapados.
Tanto Román como Henry Escalera, comisionado de la Policía, justificaron la decisión de reasignar al piloto José Estrada Almodóvar a un puesto regular Thomas Rivera Schatz, presidente
senatorial en el distrito de Morovis, al catalogar su negativa a realizar el viaje en el helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), como un acto de insubordinación.
“Había una manifestación que se estaba tornando violenta. Era un caso en que tenemos funcionarios que se estaban manteniendo de rehenes por horas y por eso se determina que hay que movilizar las unidades especializadas de la Policía”, expresó Román en conferencia de prensa.
“Yo hablé con el jefe del FBI Douglas Leff y él está en su caso determinando si había necesidad… de hacer una investigación... Aquí se infringieron muchas leyes. Estamos hablando de la restricción. Restricción también al comercio interestatal. Y eso son violaciones tanto federales como estatales. Puerto Rico es un país de ley y orden, y por eso es bien importante que se investigue”, agregó
La directora de la ATM, Mara Pérez, y otros cinco funcionarios permanecieron hasta horas de la madrugada del martes encerrados en el área de boletería del terminal, antes de poder salir hacia la isla grande en una embarcación de FURA.
El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, aseguró, por su parte, que por normativas federales que impiden el transporte de civiles en helicópteros de FURA con la clasificación de “público”, Estrada Almodóvar estaba imposibilitado de seguir la orden.
“Llevar unidades de operaciones tácticas antimotines a Vieques es legal. Traer a (Pérez) a la isla (grande) es ilegal completamente. Cuando das una orden así, la orden legal se convierte en ilegal”, sostuvo el líder gremial, al señalar que la FUPO se inclina a presentar recursos legales, tanto en el foro estatal como federal, en defensa del piloto.
No obstante, Román argumentó que, por tratarse de una situación de “emergencia”, la posibilidad de transportar a Pérez y su equipo de trabajo en el helicóptero de FURA estaba sobre la mesa y, por lo tanto, las órdenes estaban dentro del margen de la ley.
Situación “grave”
“La situación era una grave, nos estaban restringiendo la libertad. No era una manifestación, una manifestación no es así. Se hizo el pedido de que nos ayudaran porque no había manera de salir de allí. Por todas las áreas estaban las personas gritando, insultando, agresivos, o sea, que fue una situación bien difícil”, dijo Pérez a Metro, aunque alegó que ella no solicitó la movilización de un helicóptero.
Figueroa, sin embargo, descartó que las circunstancias pudieran etiquetarse como peligrosas para Pérez y los demás funcionarios y que existen otros medios para lidiar con la situación.
“La funcionaria pública estaba custodiada por policías, tenía el teléfono en mano, podía ir donde quisiera”, expresó Figueroa.
De otro lado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la legitimidad de las protestas y cuestionó por qué, si a Pérez se le privó de su libertad, no se han presentado denuncias.
Según dijo, la situación “requiere una explicación” y no descartó citar vistas públicas si “no se produce una explicación clara”.
Por su parte, el representante popular Jesús Manuel Ortiz, exigió la renuncia de Escalera. “No podemos tener un comisionado de la Policía que incite a sus agentes a violar la ley y fomente el castigo de los que se nieguen a actuar de manera ilegal”, afirmó en declaraciones escritas.
“Lo que había era una protesta y a mí me parece legítima, porque la gente ya está ‘jarta’”.