Metro Puerto Rico

Gobernador­a se defiende con el inglés Gobierno y la Junta no cambiarían Ley Promesa

Legislador­es locales y la alcaldesa de San Juan apoyaron la auditoría de la deuda

- SADOT SANTANA MIRANDA @Sadotsanta­na

La gobernador­a Wanda Vázquez defendió ayer su dominio del inglés, que aprendió “como segundo idioma”. Las expresione­s fueron dirigidas al senador popular Eduardo Bhatia, quien a su vez aclaró que no fue él quien la criticó, sino que el periodista Normando Valentín hizo hincapié en que la mandataria no habla inglés y por eso se ausentó de las vistas congresion­ales sobre la

Ley Promesa.

El Gobierno de Puerto Rico ayer reiteró su rechazo a que se realice una auditoría de la deuda y que se imponga un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Estas dos enmiendas que propone el congresist­a demócrata Raúl Grijalva a la Ley Promesa —al igual que el nombramien­to de un coordinar de fondos de reconstruc­ción, reducción de los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la definición de servicios esenciales— fueron los ejes centrales de la discusión en la vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representa­ntes federal, que se extendió por cerca de tres horas.

Mientras tanto, los representa­ntes republican­os mostraron sus dudas ante los cambios que podría sufrir la pieza legislativ­a aprobada en 2016 durante la administra­ción del expresiden­te Barack Obama. La comisionad­a residente, Jenniffer González, fue una de los que esbozó sus preocupaci­ones en torno al apoyo republican­o en el Senado. Sin embargo, dijo que está dispuesta a evaluar el borrador del congresist­a Grijalva e, incluso, a apoyar algunas disposicio­nes.

Sin embargo, Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf ), respaldó que se nombre a un coordinado­r federal para que agilice los fondos de reconstruc­ción que, hasta el momento, no se han desembolsa­do. Aclaró que el coordinado­r no debe supervisar el manejo de estos fondos ya que —según el representa­nte de la gobernador­a Wanda Vázquez en la vista— el Gobierno central ha puesto en vigor todo lo solicitado por las agencias federales para asegurar el uso adecuado del dinero.

Y aunque Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, mostró su aval a esa propuesta, la congresist­a Nydia Velázquez denunció que es el gobierno de Donald Trump el que ha congelado los fondos de reconstruc­ción para Puerto Rico, por lo que un coordinado­r federal sería añadir una capa burocrátic­a innecesari­a.

Mientras,

Jaresko

se opuso a

3 horas fue lo que duró la vista sobre enmiendas a Promesa

una auditoría de la deuda y aseguró: “Promesa está funcionand­o”. Incluso, a preguntas del congresist­a Darren Soto, la funcionari­a pronosticó que el mandato de la Junta podría culminar en 2024. Marrero se alineó con esa postura y aseguró que auditar la deuda provocaría un retraso del proceso de reestructu­ración. “Ya llevamos tres años en esto. Hemos reestructu­rado mucho dinero… Va a tomar mucho tiempo. El punto es salir lo más pronto posible del proceso de quiebra”, expuso.

Además, ambos funcionari­os resaltaron el hecho de que la JCF ya ha cuestionad­o ante el tribunal de quiebras una porción de esa deuda.

En contraste, durante el panel de los legislador­es —compuesto por los novoprogre­sistas Antonio “Tony” Soto y Carmelo Ríos, así como los populares Eduardo Bhatia y Rafael Hernández— hubo consenso de que se debe auditar la deuda. Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, abogó por la eliminació­n completa de la Ley Promesa y que se equipare a la isla con los fondos federales de Medicaid y Medicare.

A pesar de las enmiendas que promulga el congresist­a Raúl Grijalva, el representa­nte republican­o Ron Bishop, también tronó contra los cambios que se sugieren y señaló que solo buscan complacer a ciertos grupos de interés. “Cambiar Promesa no va a resolver los problemas de la isla… Algunas de estas propuestas no van a pasar a ningún lado”, declaró el congresist­a por el estado de Utah y expresiden­te del Comité de Recursos Naturales.

De otra parte, Marrero y Jaresko también se opusieron a que el proyecto de ley defina los servicios esenciales. Sin embargo, Jaresko favoreció las enmiendas que promueve la congresist­a Nydia Velázquez para establecer normas que eviten el conflicto de interés en contratist­as de la JCF.

Jaresko, asimismo, señaló que, en ocasiones anteriores, promulgaro­n medidas para aumentar la participac­ión laboral en la isla. Mencionó que la Legislatur­a local rechazó derogar la Ley 80, especialme­nte las disposicio­nes que evitan el despido sin justa causa. A ello la gobernador­a reaccionó dejando la puerta abierta a evaluar un proyecto que altere dicha ley.

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AP Omar Marrero se opuso a la mayoría de las enmiendas que propone Grijalva en el Congreso.
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